El Gobierno nacional envió ayer al Congreso una reforma a la Ley de Salud Mental y otra a la Ley de Emergencia en Discapacidad, con lo que busca reactivar la agenda parlamentaria en las próximas semanas.
La estrategia fue definida tras una reunión de la «mesa chica» en Casa Rosada, de la que participaron Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. Las dos reformas ingresaron por el Senado, donde el gobierno logró construir una mayoría sólida y le servirá que sea Cámara de origen, por si aparecen modificaciones en el debate en Diputados.
Uno de los proyectos enviados modifica los puntos centrales de la ley de Emergencia en Discapacidad, que ya fue vetada por el presidente Javier Milei, aunque también fue ratificada por ambas cámaras con amplía mayoría, en una controvertida pulseada entre el oficialismo y la oposición. Se trata del proyecto de ley Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez, que promueve una reformulación del régimen de pensiones no contributivas por invalidez laboral.
Junto a esta propuesta, el Ejecutivo también envió al Senado el proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental que amplía el alcance de la norma al incorporar medidas de prevención, tratamiento, rehabilitación y recuperación.
Con estos temas, el oficialismo busca retomar la iniciativa parlamentaria en la previa al informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Además de los nuevos proyectos, el Ejecutivo evalúa acelerar el tratamiento de las leyes de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y Hojarasca. La idea del Gobierno es avanzar con Hojarasca el martes en comisión. Respecto a la Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el debate continúa abierto en el Senado, aunque sin fecha de dictamen debido a reparos de la oposición dialoguista sobre modificaciones que no fueron consensuadas.
Auditorías e información
La reforma de la Ley de Discapacidad se fundamenta en un informe que reveló un fuerte crecimiento de los beneficios entre 2003 y 2023, al pasar de 76.000 a 1,2 millones de pensiones. A partir de estos datos, el Gobierno busca, a través de la Secretaría de Discapacidad, instalar nuevas medidas de fiscalización y control. Promueve una serie de auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de los requisitos documentales, socioeconómicos y médicos de los beneficiarios. La fiscalización incluirá cruce de información entre la ANSES, ARCA, SINTyS y otros organismos públicos. Si surge algún incumplimiento, la autoridad de aplicación podrá dictar la suspensión preventiva.
