Según explicaron desde Diputados, el proyecto que llega al recinto es el resultado de un proceso de discusión interna que fue modificando la iniciativa original. «Se partió de una idea inicial, pero se fue adaptando a la realidad del sistema político salteño», señalaron, en referencia al debate que dejó atrás la propuesta inicial de una «ley de lemas».

El proyecto de reforma electoral que ya cuenta con dictamen en la Cámara de Diputados sumó en su versión final dos medidas que comienzan a concentrar la atención política: la eliminación del piso electoral del 5% y la implementación de un narcotest obligatorio para todos los candidatos. Ambas disposiciones, según fuentes legislativas, forman parte de un rediseño que busca «ampliar la participación y mejorar los estándares de transparencia» en el proceso electoral.

Uno de los cambios más significativos es la supresión del umbral mínimo del 5% de los votos válidos, requisito que hasta ahora condicionaba el acceso a cargos legislativos. Con esta modificación, se abre la puerta para que partidos de menor estructura o caudal electoral puedan acceder a bancas en concejos deliberantes y la Legislatura, siempre que el sistema de distribución proporcional así lo permita.

«Había muchos espacios que competían con expectativas de representación y quedaban afuera por ese piso. Ahora se reconoce esa participación», señalaron fuentes de la Cámara baja, al explicar el espíritu de la medida. En la práctica, el nuevo esquema amplía el universo competitivo y otorga mayor peso a las minorías políticas dentro del sistema.

La eliminación del piso se complementa con otro de los pilares de la reforma: la posibilidad de que dentro de un mismo frente compitan varias listas, cuyos votos luego se computarán de manera conjunta para definir la representación final. En ese marco, el sistema mantiene el método de distribución proporcional (D’Hondt), pero incorpora una instancia interna que ordena las candidaturas dentro de cada alianza.

Consumo problemático

En paralelo, el dictamen incorpora un elemento novedoso en la legislación electoral salteña: la obligatoriedad de someter a todos los candidatos a controles de consumo problemático de sustancias. La medida, que adecua un decreto vigente, establece que los testeos serán aleatorios y sorpresivos, y que cualquier resultado positivo implicará la imposibilidad de competir por cargos públicos.

Desde el ámbito legislativo sostienen que se trata de una herramienta orientada a reforzar la idoneidad y la transparencia de quienes aspiran a funciones públicas. «Es un requisito que apunta a dar garantías a la sociedad sobre las condiciones de los candidatos», indicaron las fuentes consultadas.

Interna, simultánea y general

Fuentes legislativas admitieron a El Tribuno que el proyecto originalmente ingresó como una especie de «ley de lemas» que se fue discutiendo y aclarando. «Estaban los que no querían y aquellos que decían, «bueno, sigamos con los frentes. Y cómo resolvemos la interna? El nuevo esquema se logró con un contexto más amplio de cambios, tras la eliminación de las Paso y la necesidad de resolver las internas partidarias dentro de las generales. Será como una elección interna simultánea y general» dijeron.