El juez civil Fernando Games recalcó que la decisión no solo reconoce el sufrimiento de la víctima, sino también la responsabilidad civil de la institución religiosa, que, según se determinó, contribuyó a la perpetuación del daño. En su fallo, el magistrado destacó que los abusos se cometieron en un ambiente de desigualdad de poder bajo la autoridad de los monjes, y que la respuesta de las autoridades eclesiásticas fue inadecuada, limitándose a imponer sanciones internas mínimas y a ocultar información al denunciante.
El dictamen judicial señala que N. B. ingresó al monasterio siendo menor y estuvo bajo la tutela de los acusados durante varios años, sufriendo una serie de vejámenes que incluían abusos sexuales continuados y el aislamiento de su familia, todo ello en el marco de una falsa formación religiosa. Las pericias psicológicas revelaron que los abusos provocaron secuelas graves en la víctima, como un trastorno de estrés postraumático, episodios de pánico, pensamientos suicidas y una incapacidad psicológica que varía entre el 8% y el 30%.
El tribunal desestimó los intentos de los acusados por desvincularse de la responsabilidad, quienes argumentaron que existían relaciones consensuadas entre adultos. Sin embargo, el fallo dejó en claro que dicha relación estuvo marcada por la intimidación, el temor reverencial y la manipulación, elementos que invalidan cualquier noción de consentimiento y evidencian la naturaleza estructural del daño.
Además, el juez Games afirmó que el Arzobispado de Mendoza tenía autoridad supervisora y disciplinaria sobre el monasterio y sus integrantes, y que su respuesta institucional frente a las denuncias consistió en aplicar sanciones internas y limitar el acceso a la información en los procedimientos canónicos. En este contexto, el tribunal concluyó que los eventos denunciados causaron un daño significativo a la integridad personal, emocional y espiritual del denunciante.
En consecuencia, la sentencia obliga al Arzobispado y a los monjes a pagar una multa de $ 18.592.000 como compensación a la víctima.
La historia comenzó el 17 de junio de 2015, cuando N. B. se dirigió al fallecido monseñor Carlos María Franzini para confesarle que había sido víctima de abuso sexual por parte de Portillo, incluso antes de cumplir la mayoría de edad. Aunque verbalizó detalles sobre los abusos, el arzobispo registró su declaración de manera benigna, al referirse únicamente a “tocamientos” y “besos”.
Desilusionado ante la falta de acción por parte de la Iglesia, N. B. realizó una nueva denuncia en 2018, pero esta vez por escrito. A través del sistema judicial, acusó penalmente a Moreno y Portillo por abusos en el mencionado monasterio, donde ambos sacerdotes fueron detenidos en 2019, aunque posteriormente quedaron bajo prisión domiciliaria y fueron sobreseídos en primera instancia en 2022.
N. B. relató situaciones específicas de abuso, aunque él y su abogado apuntaron que la Iglesia no promovió la investigación canónica pertinente contra Portillo, mientras que hicieron creer al denunciante que se estaba indagando a ambos sacerdotes. Finalmente, en marzo de 2026, la Corte de Mendoza ordenó reabrir el caso y el 4 de junio de 2026, el juez Games dictó la sentencia correspondiente.
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