El diputado provincial por Anta impulsa un proyecto para agilizar la transferencia al Estado de automóviles secuestrados en causas penales. La iniciativa apunta a reforzar el equipamiento de la Policía, agentes sanitarios y otros organismos, evitando que los rodados permanezcan años abandonados en depósitos judiciales.

¿En qué consiste el proyecto que impulsan junto a otros diputados?

Actualmente existe la Ley 7.838, que regula el secuestro y depósito judicial de bienes en causas penales. Junto a un grupo de diputados del interior presentamos una propuesta para modificar algunos aspectos porque detectamos dos problemas. Por un lado, la falta de móviles para la Policía, especialmente en el interior. Por ejemplo, en Anta la Policía Rural debe cubrir un territorio enorme con una sola camioneta. Por otro lado, vemos una gran cantidad de vehículos secuestrados que permanecen abandonados durante años frente a comisarías y brigadas, sin una definición de su situación procesal. Lo que buscamos es agilizar los mecanismos para que esos vehículos puedan ser utilizados por el Estado.

¿Cuál sería el destino de esos vehículos?

La idea es que los vehículos que fueron utilizados para cometer delitos puedan ser destinados principalmente a la prevención del delito. También podrían ser utilizados por otros organismos públicos, como los agentes sanitarios que recorren parajes rurales o dependencias del Estado que necesitan movilidad.

Pero la legislación actual ya contempla esa posibilidad…

Sí, la ley ya prevé mecanismos para poner esos bienes a disposición de los poderes públicos, incluso mediante acordadas de la Corte. El problema es que los trámites son muy largos y burocráticos. Nosotros no buscamos eliminar garantías ni afectar el derecho de propiedad, sino hacer más ágil el procedimiento respetando siempre el debido proceso.

¿Existe un diagnóstico sobre la cantidad de vehículos secuestrados?

Todavía no tenemos un número consolidado, pero la situación se repite en toda la provincia. Incluso diputados de Capital nos comentaron que en distintos barrios existen verdaderos cementerios de autos. El problema es que, cuando finalmente podría resolverse su situación, esos vehículos ya están completamente deteriorados por haber permanecido a la intemperie durante años.

¿Qué gestiones realizaron antes por el proyecto?

Decidimos hacer un trabajo institucional. Nos reunimos con el ministro de Seguridad, con autoridades de la Corte de Justicia y con el procurador general. Cada uno aportó su visión. Incluso desde la Procuración nos informaron que también estaban trabajando en una propuesta para hacer más eficiente el control de los depósitos judiciales, especialmente a partir del nuevo sistema procesal penal.

¿Qué tipo de vehículos podrían incorporarse?

La propuesta alcanza a automóviles, camionetas y motocicletas, aunque no todos podrán utilizarse. Hay casos en los que los vehículos tienen adulteraciones en los números de motor o chasis y no pueden volver a circular legalmente. La evaluación deberá hacerse caso por caso.

La Justicia Federal ya aplica estos mecanismos…

Sí. De hecho, participé en un caso cuando trabajaba como asesor legal del municipio de El Quebrachal. En una causa federal por narcotráfico se secuestró un camión cisterna que luego fue entregado al municipio y hoy presta servicios para distribuir agua. Esa experiencia dice que es posible darle un uso social a bienes que fueron utilizados para el delito. También tomamos como referencia los fundamentos jurídicos utilizados por la Justicia Federal y por la Corte Suprema.

¿Cómo se controlaría el uso de esos vehículos?

El proyecto prevé la creación de un registro con un inventario detallado de cada bien entregado, controles permanentes y herramientas de seguimiento, como el rastreo satelital.

Además, reforzamos que esos vehículos nunca podrán ser asignados para uso personal de ningún funcionario; únicamente podrán utilizarse para cumplir funciones propias del organismo que los reciba.

¿La iniciativa busca reemplazar las subastas?

No. La subasta sigue siendo una herramienta válida cuando un vehículo ya no resulta útil para el Estado. Pero si un móvil todavía está en condiciones de funcionar, creemos que primero debería destinarse a organismos públicos antes que terminar en manos de un particular.

¿Qué expectativas tiene respecto del tratamiento legislativo de la iniciativa?

Espero que podamos debatir el proyecto con seriedad. Creo que los diputados debemos ser noticia por las propuestas que presentamos y no por las discusiones o los cruces mediáticos. Este proyecto fue elaborado por legisladores de distintos espacios políticos, la mayoría del interior y de una generación más joven, convencidos de que la política debe enfocarse en resolver problemas concretos y no solamente en generar titulares o repercusión en las redes sociales.