El juez Ariel Lijo dispuso nuevas medidas de prueba para esclarecer si hubo contrataciones entre organismos del Estado nacional y empresas vinculadas a Bettina Angeletti, la esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El magistrado solicitó una copia de expedientes administrativos y documentación anexa vinculada a distintos procesos de contratación, tras un pedido del fiscal federal Carlos Stornelli y a raíz de una denuncia de la diputada Marcela Pagano, que indica que Angeletti pudo haberse visto beneficiada por esos contratos del Estado con firmas de las cuales ella es socia.

Pidió papeles relacionados con la provisión de herramientas de comunicación directa y seguimiento; la contratación de servicios de envío masivo de SMS; provisión de mensajería SMS; implementación y soporte técnico de herramientas Jira/Confluence; servicios de correos transaccionales; y la concesión de uso para la explotación comercial del predio de Tecnópolis.

Además, Lijo requirió a la Inspección General de Justicia (IGJ) que remita los legajos societarios completos de las firmas AREA TECH S.A., ATX S.A., MOVILGATE S.R.L., LUGALU S.A., EQUILA S.R.L., TSOFT INFORMÁTICA S.A.S. y TECNOSOFTWARE S.A. para analizar su composición y posibles vínculos.

En paralelo, se requirió a la Oficina Nacional de Contrataciones, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que informe si las empresas DATCO S.A., National Shipping S.A. y FOGGIA GROUP S.A. registran contrataciones con el Estado nacional.

Se investiga la posible vinculación de +Be con empresas proveedoras del Estado. Se analizan contrataciones de servicios tecnológicos y de comunicación. La explotación comercial de Tecnópolis.

De esta forma, se busca confirmar si la consultora +Be, de la que es socia Angeletti, podría estar vinculada a alguna de estas empresas contratistas públicas.

El foco en Tecnópolis

Uno de los ejes de la investigación apunta a establecer si la consultora +Be, de la que es socia Bettina Angeletti, guarda relación con algunas de estas firmas contratistas del sector público. La hipótesis a esclarecer es si, a través de sociedades interpuestas, pudo existir un esquema de beneficios cruzados entre la actividad privada y la gestión estatal.

La causa también busca determinar si hay un entramado societario en torno a la explotación de Tecnópolis, más allá de la mera adjudicación de contratos.

En ese sentido, las medidas ordenadas podrían derivar en nuevos pedidos de informes, citaciones a funcionarios y empresarios, o eventuales imputaciones, según el curso que adopte el expediente una vez procesada la información recolectada.

Conflicto de intereses

Mientras se aguarda la respuesta de los organismos requeridos, el avance del caso mantiene bajo observación pública el rol de la Jefatura de Gabinete y abre interrogantes sobre los controles en las contrataciones del Estado.

El resultado de estas medidas solicitadas por el juez Lijo será clave para definir si se trató de operaciones regulares o si existió algún tipo de incompatibilidad o conflicto de intereses.