Diego Cabot es un experimentado periodista del diario La Nación. De hecho, tiene distintas facetas en la actividad y se destaca especialmente en la investigación. Fue él quien recibiera los conocidos «Cuadernos», de la autoría de un chofer de vehículos oficiales, de manos de un amigo, Jorge Bacigalupo. En estos días, el juicio oral y público en contra de todos los imputados se lleva adelante en Comodoro Py.

En esta oportunidad, Cabot viajó al norte argentino, en especial, a las provincias de Jujuy y Salta, interesado en conocer la historia de los explosivos colocados por la vieja empresa YPF en parte de sus territorios, a fines de los años setenta y principios de los ochenta.

En aquellos años lejanos, la empresa estaba en un proceso de plena actividad y exploraba la posibilidad de encontrar más yacimientos ocultos de gas y petróleo en las inmediaciones de las ciudades de Libertador General San Martín, en Jujuy, en Orán y en Tartagal, en Salta. Sin embargo, fueron las actuales autoridades de la empresa quienes aportaron a Cabot un inquietante mapa que contiene la más posible traza de colocación de los explosivos en una franja que nace en la frontera con Bolivia, en el departamento San Martín; sigue hacia el lado occidental de la ruta nacional 34; luego baja hacia Libertador General San Martín; se interrumpe hasta llegar a General Güemes; se reanuda en el lado oriental de la ruta nacional 9; continúa por los dos lados de la ruta 34 hasta Metán y Rosario de la Frontera, Salta.

En el mismo tiempo, el medio empleado para la exploración fue una mina pequeña llamada booster, que contiene 300 gramos de explosivos, un 60% de TNT y el 40% restante de pentrita. Era el componente principal de picadas sísmicas, diseñadas para generar ondas y estudiar el subsuelo.

Los explosivos habrían sido instalados en línea recta, a una distancia de dos metros como mínimo y veinticinco como máximo. Cuando se los hacía detonar, se obtenían datos indicativos de la presencia de gas o de petróleo. Todo eso terminó cuando se abandonó la exploración y todos los proyectos. Los campamentos para el personal y los equipos se desplazaron. Es posible que cuando se decidió la retirada o incluso antes, se pensó en detonarlos a todos, pero no se hizo y los explosivos quedaron hasta nuestros días.

Desde que fueron instalados, la naturaleza hizo su trabajo y se modificó el suelo que ocultaba los explosivos. La lluvia, el agua y la erosión aportaron lo suyo y los boosters cambiaron de lugar; a veces, a nivel de la superficie. En todo momento, con la posibilidad latente de explotar.

En Jujuy

La Provincia de Jujuy inició una demanda para tratar de encontrar una solución a lo que considera un grave problema para las personas y el medio ambiente. Sus abogados estiman que en ese territorio habría 77.284 cargas explosivas; abarcaría 206.340 hectáreas, en 2.000 km lineales. La misma fuente asegura que en Salta habría 150.000 cargas instaladas, en un área de 5.872 km. No se sabe si nuestra Provincia ha actuado de la misma manera que los vecinos.

En Jujuy, el incendio de 2022 en Caimancito hizo que las llamas arrasaran con la vegetación e hicieran explotar los boosters. El fuego fue tan intenso que los expertos comisionados para combatirlo se retiraron. Simplemente lo dejaron para que se extinguiera solo.

El mapa que nos inquieta fue el punto de partida para que, en el año 2025, la actual YPF decidiera empezar a resolver el problema de los explosivos en Jujuy y Salta. Contrató a una empresa de capitales ingleses, llamada The Development Initiative, con base en la africana Mozambique, porque contaba con la experiencia previa y la tecnología necesaria para poder rastrillar las zonas señaladas.

La empresa pudo identificar 8.000 km de líneas minadas, de los cuales considera críticos a 1.500. Trabaja en forma constante, ocupando cien hombres, instalados en campamentos en Libertador General San Martín, Orán y Tartagal. A diferencia de lo que sucedió en el pasado, se procura visibilizar el problema y concientizar a la población.

Un booster es un objeto pequeño, pero puede ser letal. Cuando es ubicado el plan trazado consiste en unir un detonador a un cable que llega hasta él; se aprieta un botón que enciende una luz verde; se inicia una breve cuenta regresiva; se da aviso al resto del equipo; después se aprieta un botón rojo y la mina explota. Pero a veces, algo puede salir mal.

Uno de los empleados de la empresa dedicada a buscarlos, se llamaba Henry Macharaga, tenía 52 años y era de Zimbawe, en África. Sabía lo que hacía, pero no pudo evitar que el booster que encontró le explotara en su mano, ocasionándole la muerte. Antes de él, un número indeterminado de personas sufrieron lesiones o murieron como consecuencia de manipularlos.

Mucho antes de esa tragedia, estos explosivos fueron vistos en la zona de Tartagal, en Orán y en Colonia Santa Rosa. Se los vio en patios de casas, patios de escuelas y zonas rurales despobladas. No hace mucho, el equipo de búsqueda llegó a una finca cerca de Tartagal. Costó que el dueño les permitiera el paso, diciendo que él hacía agricultura sin ninguna clase de problemas con los explosivos. Menos mal que pasaron y buscaron. En el lugar encontraron ochenta boosters, que contenían en total 24 kg de explosivos, que pudieron ser detonados sin daños a terceros.

Una ley de Onganía

Cuando el proceso de exploración de la vieja YPF comenzó regía la ley de facto 17.319/67, de Hidrocarburos. Obviamente, se ocupaba de las tareas de exploración, con suma claridad y precisión. Por ejemplo, sobre el significado de la adjudicación de un permiso de exploración, el artículo 20 decía que el titular estaba obligado a deslindar el área en el terreno, a realizar los trabajos necesarios para localizar hidrocarburos con la debida diligencia y de acuerdo con las técnicas más eficientes y a efectuar las inversiones mínimas a que se haya comprometido para cada uno de los períodos que el permiso comprenda.

Esa obligación era reforzada por otra, más precisa todavía, en el artículo 69, inciso d), pues el permisionario o el concesionario debía adoptar las medidas de seguridad aconsejadas por las prácticas aceptadas en la materia, a fin de evitar siniestros de todo tipo, dando cuenta a la autoridad de aplicación de los que ocurrieren.

En esos tiempos ahora lejanos no había estudios ambientales y menos aún, de impacto ambiental. Pero cuando se decidió abandonar la exploración, no se hizo un cierre adecuado de las operaciones. Como dicen los expertos en el tema, quedaron en las zonas comprendidas un pasivo ambiental y un daño ambiental colectivo. No hay registros de cartelería indicando algo básico como «Peligro Explosivos».

La Ley General del Ambiente, n° 25.675, es más reciente. Por ella el Estado debe actuar para prevenir o evitar el riesgo de daño grave, como es el que puede producir uno solo de los explosivos objeto de esta nota. También forma parte del marco legal actual la Ley de Residuos Peligrosos, 24.051, para la cual el booster puede ser uno de ellos. De una y otra manera, los damnificados podrían hacer valer sus derechos incluyendo no solo a la actual YPF, sino también a las provincias comprendidas en el sembrado de explosivos con el declarado propósito de exploración.

Poco de todo ese marco legal se ha cumplido, lo que no nos sorprende. Nadie fue sancionado, lo que tampoco nos sorprende. Una vez más, nuestra basura sigue presente debajo de la alfombra, como lo estuvo durante cuarenta años; cuando pudo ver la superficie, alguien resultó herido o muerto; tampoco nos sorprende. Dios sabe cuándo se neutralizará el último booster en Jujuy y en Salta.