En las mesas de diálogo sobre maíz y trigo, los ministerios de Agricultura y Desarrollo Productivo, liderados por Luis Basterra y Matías Kulfas, respectivamente, propusieron facilitar el acceso al crédito para pequeños y medianos productores. Esto se llevaría a cabo a través de garantías totales o parciales que respalden créditos de entidades financieras, destinados a aquellos que requieren trigo y maíz en el mercado local para la producción de carne y otros alimentos.
Los préstamos, que serían otorgados por bancos tanto públicos como privados, contarían con el respaldo del Fondo de Garantías Argentino (Fogar). De esta manera, los productores podrían evitar que los incrementos de costos de producción repercutan directamente en los precios finales, permitiéndoles manejar mejor las fluctuaciones.
La propuesta está especialmente dirigida a los criadores de ganado y los molinos de trigo, con el objetivo de mitigar el aumento de precios en la carne y el pan.
Además, el Gobierno ha solicitado a cada sector un informe detallado sobre la demanda de granos, con el fin de trabajar en conjunto con los productores primarios y establecer precios y cantidades. Por ejemplo, la industria avícola ha indicado que ha superado las dificultades inmediatas, y los molinos confían en poder resolver la situación pronto.
Otra medida que se está evaluando es la posibilidad de ampliar las operaciones de cobertura a través del Rofex, buscando asegurar volúmenes anuales y precios más bajos.
Los representantes del sector agrícola, agrupados en la Mesa del Maíz y la Mesa del Trigo, han propuesto al Gobierno la creación de un ‘fondo anticíclico alimentario’. Este fondo utilizaría una parte de los ingresos adicionales que se prevé recaudará el Tesoro este año a raíz del inesperado aumento de los precios internacionales de las commodities, generando así un colchón que permitiría ‘desacoplar’ los precios internos, objetivo que el Gobierno persigue para evitar que los aumentos internacionales impacten en el mercado local.
Los cálculos de los sectores interesados indican que el Gobierno tiene proyectado recaudar cerca de $ 5835 millones por derechos de exportación este año. Sin embargo, a los precios actuales, esa cifra podría superar los $ 8000 millones. El campo solicita que una parte de esos más de $ 2200 millones se reinvierta en la actividad, aunque se espera que parte de ese excedente financie la demanda de insumos importados en la industria.
Recientemente, el Gobierno se ha mostrado reticente a implementar un aumento de retenciones a los granos, para no tensar la relación con el sector agropecuario, lo que podría afectar una agenda de trabajo más amplia que trasciende la coyuntura inmediata.
No obstante, la inflación de los alimentos preocupa a varios funcionarios, especialmente tras revelarse que la canasta básica alimentaria, que mide el límite de la indigencia, ha aumentado más de 10 puntos por encima de la inflación general del 2020, alcanzando un incremento del 45,5%. En un año electoral, con los ingresos perdiendo ante la inflación, se podrían anticipar decisiones drásticas.
El jueves pasado, el ministro de Agricultura, Luis Basterra, participó de la reunión del gabinete económico, donde informó sobre el impacto de los aumentos de precios a nivel internacional y las gestiones en curso con la cadena agroalimentaria para lograr que los valores de los alimentos sean ‘razonables para la población’. El ministro reconoció que ‘se están identificando los instrumentos para lograr un desacople de los precios’, y aseguró que el Gobierno trabaja para que las acciones a implementar cuenten ‘con el consenso de todos los actores’.
