Dos diputados nacionales por Salta respaldaron el proyecto de ley que impulsan legisladores jujeños para legalizar la importación y venta de hoja de coca. Bernardo Biella ya se sumó como cofirmante de la iniciativa. Carlos Zapata se mostró favorable, aunque advirtió que hay tratados internacionales que complican el camino.

El proyecto fue presentado por los diputados jujeños Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán. La iniciativa busca crear un régimen legal para importar, almacenar, transportar y vender hoja de coca en estado natural, destinada al coqueo o al consumo en infusión.

También propone derogar el decreto 648/78 -sancionado durante la última dictadura- que prohíbe la importación, y modificar la ley de estupefacientes para que estas actividades queden fuera de su alcance.

«Me parece un proyecto superador que sin lugar a dudas baja barreras para que de esta manera se legalice la comercialización de la hoja de coca para su uso social y también ancestral», señaló el diputado nacional por Salta, Bernardo Biella.

Biella explicó que el coqueo ya es una práctica habitual en el norte argentino y que la legislación actual genera una contradicción difícil de sostener: el consumo está permitido, pero no así la importación ni la venta.

«La situación actual favorece al contrabando, favorece a la ilegalidad, y todo esto sale de las normas reales, porque está permitido el consumo, pero no la venta y el transporte, entonces es algo medio ilógico», señaló el legislador.

El diputado también destacó los efectos que el coqueo tiene para los transportistas: «Una persona que está manejando un colectivo, un camión, se ve absolutamente beneficiada cuando va conduciendo y va coqueando, porque se concentra en la ruta, no tiene hambre, no se distrae para comer, y aparte se le quita el sueño».

Subrayó además que la hoja de coca no genera adicción en las concentraciones que se consumen socialmente, y que hacen falta más de 500 gramos de hoja para producir menos de medio gramo de clorhidrato de cocaína.

Zapata: «Hay que ver»

Por su parte el diputado Carlos Zapata también se pronunció a favor de regularizar la situación, pero fue más cauto. El legislador advirtió que Argentina firmó acuerdos internacionales sobre narcotráfico que complican la aprobación directa del proyecto.

«La Argentina ha firmado acuerdos internacionales que deben ser estudiados y muy tenidos en cuenta para no caer en incumplimiento», afirmó Zapata, quien señaló que violar esos compromisos podría traer consecuencias comerciales o restricciones en el acceso al crédito internacional.

«Ese proyecto trae justicia a lo que reclama el norte de hace mucho tiempo», señaló el diputado nacional por Salta, pese a las advertencias en torno al proyecto de sus pares jujeños.

Para Carlos Zapata, el problema de fondo viene de una decisión legislativa que a su juicio nació mal: en su momento se protegió el coqueo como práctica, pero se dejó sin resolver el tema del abastecimiento. «Se preservó la coca para coqueo, el consumo, pero se olvidó de que eso necesitaba un mercado de abastecimiento», dijo.

El diputado aclaró que aún no había leído el texto completo del proyecto al momento de la consulta, por lo que no confirmó su adhesión formal. «No puedo decir que acompaño o dejo de acompañar, si no lo he leído», precisó.

Qué dice el proyecto

La iniciativa calcula que hay más de un millón y medio de consumidores de hoja de coca en Argentina. Propone un sistema de licencias con control estatal, la creación de un Registro Especial de Importadores y la habilitación de puntos de entrada y acopio en Jujuy, Salta y Formosa.

El producto llegaría al consumidor en envases autorizados, con un tope de 200 gramos por unidad de venta.

La propuesta también incluye incorporar la hoja de coca al Código Alimentario para establecer estándares sanitarios y de trazabilidad, y crear un régimen de sanciones para quienes incumplan las normas.

Los autores sostienen que la regulación reduciría el mercado informal, mejoraría el control del Estado y abarataría el precio para el consumidor, invocando principios constitucionales vinculados a la libertad personal, la identidad cultural y los derechos de los pueblos indígenas, y señala que el consumo tradicional de la hoja de coca ya está reconocido tanto nacional como en tratados internacionales.