La investigación por la muerte de Thiago Altamirano continúa enfocada en determinar quién provocó la asfixia mecánica que, según la autopsia, causó el fallecimiento del niño. Mientras permanecen detenidos su madre, María del Milagro Cuellar (19), y su pareja, Franco Funes (32), la querella sostiene que aún debe establecerse la autoría material del crimen y si existieron responsabilidades por acción u omisión.

El abogado querellante Pedro Arancibia afirmó que la pesquisa debe determinar «quién desplegó la acción mecánica de la asfixia, con qué objetos y bajo qué modalidad», además de establecer si hubo participación por acción o por omisión. En ese sentido, sostuvo que también es necesario investigar si existían antecedentes de maltrato o intervenciones administrativas y judiciales que no fueron abordadas de manera adecuada.

El letrado aseguró que la evidencia reunida permite presumir que los presuntos episodios de violencia podrían haberse extendido durante meses y advirtió que no solo debe investigarse el hecho que terminó con la muerte del niño, sino también la respuesta que dieron los organismos encargados de protegerlo. «Toda esa situación implica una gravedad no solo en el hecho concreto que tuvo como resultado el crimen, sino también en cómo se trató anteriormente esa situación en la que se encontraban los niños», señaló.

El abogado remarcó que la querella cuenta con denuncias y otras actuaciones impulsadas por el padre y los abuelos paternos que, según dijo, advertían sobre presuntos hechos de violencia.

Arancibia también cuestionó la difusión de un informe judicial que indicó que no existían registros de violencia de la madre hacia sus hijos y que hacía referencia a denuncias por agresiones contra el padre de los niños. Consideró que esa postura constituye una actitud «defensiva» por parte del sistema y sostuvo que el foco no debe desviarse de la investigación principal. «Se está corriendo el foco de lo que sucedió y atacando al padre con denuncias anteriores», afirmó.