Un estudiante fue apuñalado este martes por la tarde dentro del campus de la Unidad Académica Río Gallegos de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), en Santa Cruz. El hecho ocurrió alrededor de las 18.30 en el sector E del predio universitario y la víctima debió ser trasladada de urgencia al Hospital Regional Río Gallegos, donde fue intervenida quirúrgicamente.
El agresor fue identificado como P.B., un trabajador no docente vinculado al área de mantenimiento, logró ser detenido poco después del ataque.

La víctima fue identificada como José Fernando Águila, de 32 años, estudiante de primer año de la carrera de Comunicación Social. Según los reportes, recibió múltiples heridas cortantes y una de ellas le provocó un neumotórax debido a la perforación de un pulmón, motivo por el cual los médicos dispusieron una cirugía de urgencia.
Con el correr de las horas, trascendió que el paciente evolucionaba favorablemente y que se encontraba fuera de peligro, aunque continuaba internado bajo observación.
La secuencia que investiga la Justicia comenzó con un llamado al 911 que alertó sobre una pelea con arma blanca dentro de la universidad. Efectivos de la Comisaría Cuarta acudieron al lugar, asistieron al herido y se inició un operativo para localizar al atacante, que se había dado a la fuga.
De acuerdo con las reconstrucciones publicadas, el sospechoso escapó a bordo de un Volkswagen Gol rojo y fue interceptado minutos después por personal policial en la zona de Charles Chaplin y Paseo de los Arrieros, cerca de la Autovía 17 de Octubre, quedando a disposición del Juzgado de Instrucción N°1 de Río Gallegos.
Mientras tanto, la propia UNPA difundió un comunicado oficial en el que expresó su “repudio” por lo ocurrido, confirmó que el estudiante recibió atención inmediata en el lugar y que la institución se puso a disposición de la Justicia.

En el mismo texto, la casa de estudios anunció la suspensión de actividades y el cierre del campus al menos durante la jornada siguiente “para no interferir con la investigación” y preservar el escenario de pericias. Además, informó que iniciaría actuaciones administrativas internas “de oficio” en paralelo al expediente judicial.
Con el paso de las horas, el caso sumó un elemento sensible: el relato de la familia del estudiante. En declaraciones a medios locales, la madre del joven sostuvo que existían antecedentes de hostigamiento y situaciones previas vinculadas al agresor, y que habrían advertido sobre el conflicto antes del ataque.
El problema se habría originado por presunto acoso hacia una estudiante, un dato que por ahora integra el terreno de lo denunciado públicamente y que la investigación judicial deberá corroborar con testimonios y registros internos.
En ese punto se abre una de las discusiones más delicadas para la comunidad universitaria: qué mecanismos de denuncia existían, cómo se gestionaban los conflictos y qué respuesta institucional se activaba frente a episodios de violencia o amenazas.
En paralelo, desde la UNPA se indicó que no constaban denuncias formales en sus registros sobre esos hechos previos, aunque sí se reconoció la conmoción general y la necesidad de reforzar condiciones de seguridad y control de accesos.
Todo eso, desde ya, será parte del debate interno que dejó el ataque: no solo por lo ocurrido, sino por el impacto que generó en un espacio pensado para el estudio y la circulación diaria de estudiantes, docentes y personal.
También trascendieron datos sobre el agresor: antecedentes penales previos a su incorporación a la universidad y que habría ingresado en su momento a través de un esquema de reinserción laboral, para luego concursar y acceder a planta permanente años más tarde.
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