La investigación por el caso de trata de personas que salió a la luz la semana pasada en la avenida Artigas dio un paso clave: la Justicia Federal imputó a una pareja acusada de explotar sexualmente a menores de edad en departamentos de la capital salteña. El caso, que comenzó en la órbita provincial, escaló por su gravedad y complejidad, y terminó en el fuero federal con detenciones y allanamientos.

Los acusados -identificados por sus iniciales como F.N.A. y A.A.G.- fueron imputados por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual agravada por tratarse de víctimas menores. La formalización se realizó ante el juez federal Julio Bavio, a pedido de la fiscalía que conduce Ricardo Toranzos.

Hasta el momento hay dos víctimas identificadas, pero la fiscalía no descarta que existan más.

Cómo funcionaba la red en los departamentos de Artigas

De acuerdo a la investigación, el circuito de explotación operaba bajo la modalidad de “servicios de citas”, con una estructura organizada y roles definidos. Según el expediente, el hombre se encargaba de captar a las víctimas, mientras que su pareja coordinaba los encuentros sexuales.

Las ofertas se publicaban en sitios web y luego se concretaban a través de grupos de Telegram, donde se definían precios, horarios y lugares. Los encuentros se realizaban en departamentos alquilados -varios de ellos ubicados en un pasillo interno sobre avenida Artigas, de difícil visibilidad desde la calle-, donde Gendarmería realizó los allanamientos la semana pasada.

La actividad se desarrollaba principalmente entre las 15 y las 21, con un promedio de entre cuatro y cinco clientes por día. Cada encuentro tenía un costo estimado de entre 30.000 y 35.000 pesos, con tarifas más altas en casos donde participaban dos menores.

Según el testimonio de una de las víctimas, parte del dinero debía ser entregado a uno de los imputados, quien además recibía pagos mediante transferencias bancarias.

El origen del caso y el avance de la investigación

La causa se inició el 16 de agosto de 2024, tras un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de un adulto junto a una menor en un departamento de calle 12 de Octubre. Al intervenir, la policía encontró a una adolescente de 17 años y elementos compatibles con un encuentro sexual.

Ese episodio permitió abrir una investigación que, con el tiempo, reveló un esquema más amplio de explotación. Con la intervención de Gendarmería y la Unidad de Delitos Complejos, se avanzó en tareas de inteligencia, asistencia a víctimas y recolección de pruebas.

El 15 de abril pasado se concretaron los allanamientos en los inmuebles de avenida Artigas, donde se secuestraron celulares, computadoras y dispositivos de almacenamiento que ahora serán peritados.

Prisión preventiva y medidas judiciales

En cuanto a la situación de los imputados, el juez dispuso prisión preventiva para el hombre por 120 días, al considerar el riesgo de entorpecimiento de la investigación y la gravedad del delito, que prevé penas de entre 10 y 15 años de prisión. Según se indicó, habría intentado influir sobre una de las víctimas para modificar su declaración.

En el caso de la mujer, se le concedió la libertad con medidas restrictivas: deberá presentarse semanalmente ante la Justicia, no podrá salir de la provincia ni mantener contacto con las víctimas ni con el coimputado. La decisión se basó en indicios que sugieren que también podría haber sido víctima dentro del mismo circuito.