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Qué cambia con la nueva Fiscalía de Flagrancia

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La Unidad de Flagrancia del Ministerio Público Fiscal comenzó a funcionar ayer en el Distrito Judicial Centro y representa uno de los cambios derivados de la implementación del nuevo Código Procesal Penal de Salta. Pero, ¿qué significa exactamente y cuándo intervendrá?

Según informaron, la nueva dependencia está pensada para actuar en aquellos casos en los que una persona es sorprendida mientras comete un delito, intenta cometerlo o es identificada inmediatamente después del hecho.

En términos prácticos, se trata de situaciones como un robo donde el sospechoso es detenido a pocas cuadras del lugar, un arrebato observado por testigos, un hecho registrado por cámaras de seguridad que permite identificar rápidamente al autor o incluso una evasión de una unidad de detención.

La lógica detrás de la nueva unidad es simple: mientras más rápido actúe la Justicia en las primeras horas posteriores al delito, mayores son las posibilidades de reunir pruebas, identificar responsables y resolver el caso. Cabe recordar que hay un fuerte reclamo social por demoras judiciales o la famosa puerta giratoria de los delincuentes.

Medidas investigativas

La Unidad de Flagrancia concentrará las medidas investigativas iniciales apenas se produzca el hecho. Esto incluye la recepción de actuaciones policiales, la recolección de pruebas, entrevistas a testigos, análisis de registros fílmicos y la adopción de medidas urgentes cuando sean necesarias.

La dependencia está a cargo de la fiscal penal Carolina Mateo Bellini y funciona desde ayer en el Distrito Judicial Centro, con excepción de Cafayate.

En el primer día de actividad, el procurador general Pedro García Castiella recorrió las instalaciones junto a funcionarios de la Procuración General y supervisó los sistemas informáticos, los circuitos de trabajo y las modalidades de intervención previstas para la atención inmediata de los casos.

Durante la visita, el jefe de los fiscales destacó la importancia de la nueva dependencia como una herramienta para fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de justicia penal y brindar soluciones más rápidas y eficientes a la ciudadanía.