Olmos, un destacado negociador del justicialismo, destacó que la relevancia de la ex jefa de Estado debe ser complementada por la necesidad de debatir una propuesta económica y electoral que aspire a restaurar la confianza de la sociedad.
En una entrevista con Radio Splendid, relacionó esta discusión interna con la evaluación del último ciclo del peronismo y enfatizó la importancia de evitar la repetición de mecanismos de selección que, aunque efectivos para ganar en 2019, no lograron un gobierno eficiente. Subrayó que la legitimidad de un futuro liderazgo debe basarse en los votos, no en acuerdos predefinidos.
Olmos integra el PJ Federal, una facción del justicialismo que intenta marcar la diferencia con el kirchnerismo, enfocándose en la representación de economías regionales y en la inclusión de sectores que se sienten marginados por las tendencias dominantes. Este grupo propone un nuevo programa económico y se presenta como un punto de congregación para dirigentes de provincias que no se identifican con las corrientes principales del peronismo, priorizando la horizontalidad y el debate federal.
El dirigente también estableció un contraste con el Gobierno nacional al reivindicar dos obras que, según afirmó, son fundamentales para entender los beneficios del superávit energético: Vaca Muerta y el gasoducto construido durante la gestión anterior. En este sentido, acusó al oficialismo de cambiar los nombres de obras previamente ejecutadas y describió la administración de Javier Milei como un “gobierno de nomenclatura” en términos de obra pública.
Olmos afirmó que Cristina tiene un lugar insustituible en el ámbito del peronismo, pero enfatizó que eso no debería prevenir el debate sobre candidaturas, programas y estrategias electorales. Mencionó que el espacio debe hacerse responsable de la situación de la ex presidenta sin que ello sea el único foco de su agenda.
Ante la noción de que no puede haber debate interno mientras Cristina enfrente su situación judicial, como han expresado algunos dirigentes, Olmos destacó que reconocer el liderazgo de Cristina no implica suspender la política. “Ignorar el peso y la figura de Cristina en el peronismo es un error, es estar fuera de la realidad. Ahora, dicho esto, a mí me parece que no es así”, sostuvo.
Reflexionando sobre la historia del peronismo, recordó que Perón también enfrentó proscripciones y exilio, pero siempre promovió la participación del peronismo en las elecciones y fomentó el debate.
Desde esta perspectiva, rechazó la idea de que la situación de Cristina cierre las discusiones políticas. “Dejar de hacer política y no discutir más sobre nada, no discutir ni este programa económico, ni cuál es la propuesta para 2027, nada, a mí me parece que eso no es un programa de gobierno”, argumentó.
Olmos hizo hincapié en que quienes aspiren a representar al peronismo deben abordar el caso de la ex presidenta, sin que este tema sea excluyente. Afirmó que el espacio necesita proponer un programa a la sociedad para recuperar la confianza, porque “por algo” se perdieron las elecciones.
En cuanto a la reorganización del PJ, el dirigente consideró que la solución no radica en una síntesis entre dirigentes, sino en un proceso de autocrítica, debate programático y selección abierta de candidaturas. Su diagnóstico sugiere que el peronismo requiere una reconstitución de su liderazgo a través de la legitimidad electoral.
Defendió la competencia interna como una estrategia para ordenar el espacio. “Si nos organizamos, ganamos. Si nos organizamos y hacemos una competencia de ideas y de programas con un candidato que lo lleve adelante, en 2027 vuelve a ganar el peronismo”, aseguró.
Este razonamiento estuvo acompañado por una crítica al esquema que llevó a Alberto Fernández a la Presidencia, afirmando que ese método fue efectivo para ganar una elección, pero no para gobernar. Indicó que es crucial presentar “este programa con esta persona” para que la sociedad decida con su voto.
Olmos observó que el Gobierno de Javier Milei aún no ha identificado un capitalizador claro de su desgaste, dado que la definición presidencial en Argentina se da “en la última milla”. Por ello, insistió en que no se deben anticipar nombres, sino aclarar ideas y construir una alternativa en lugar de limitarse a una mera oposición.
Al analizar la coyuntura actual, Olmos observó que la administración libertaria presenta un orden macroeconómico basado en altos costos sociales, una disminución en el consumo, el cierre de negocios y un aumento del endeudamiento familiar. Al mismo tiempo, destacó los activos de infraestructura energética que, según él, son resultado de gestiones peronistas.
“Hoy estamos comenzando a obtener los beneficios del superávit energético, porque hay dos elementos fundamentales: Vaca Muerta y el gasoducto. Ambos fueron realizados por el peronismo”, enfatizó. Agregó que el actual Gobierno solo ha cambiado los nombres de esas obras y del centro cultural ex CCK.
Desde esta comparación, afirmó que “hasta ahora Milei es un gobierno de nomenclatura en términos de obras públicas”. En la misma entrevista, también criticó la apertura de importaciones, el atraso cambiario y el enfoque financiero de la gestión económica, sugiriendo que el ministro Luis Caputo actúa como “el jefe de la mesa de dinero”.
En cuanto a la alternativa peronista, aseguró que esta debe mantener un orden macroeconómico, pero con un enfoque diferente: mayor actividad, incremento de la recaudación y el apoyo a funciones estatales como la educación superior, la salud, la atención de la discapacidad y la inversión pública.
En relación a la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner, Olmos opinó que la ex presidenta no ha recibido las garantías necesarias para un debido proceso. Argumentó que la actuación de la Corte Suprema y la resolución del recurso extraordinario adolecen de objetividad en sus tiempos y decisiones.
“A Cristina no se le aplicaron” las disposiciones del debido proceso penal del artículo 18 de la Constitución Nacional, señaló. A su juicio, el expediente fue manejado con “tiempos electorales” en lugar de judiciales, y criticó que la Corte no aplicara el rechazo estándar por el artículo 280 ni habilitara el recurso extraordinario.
Según Olmos, esta situación excepcional deja un trasfondo político, y la falta de garantías para una ex presidenta incide en la seguridad jurídica en general, dado que estos principios no deben limitarse solamente a inversores o regímenes especiales para empresas.
Finalmente, relacionó este caso con la discusión sobre la previsibilidad institucional, afirmando que si a una ex mandataria elegida en dos ocasiones no se le reconocen las garantías constitucionales, el mensaje sobre el funcionamiento de la Justicia afecta también a ciudadanos, empresas e inversores.
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