La jueza federal Macarena Marra Giménez, titular del juzgado Contencioso Administrativo Federal 12, determinó que la causa sobre la reforma laboral, impulsada por el Gobierno, debe ser tratada en el fuero Contencioso Administrativo Federal, desestimando así la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo.

Esta decisión se toma luego de que un tribunal de primera instancia en materia laboral suspendiera -de manera provisoria- la aplicación de 83 artículos de la Ley 27.802 de la reforma laboral, en virtud de un pedido de la Confederación General del Trabajo (CGT).

El Gobierno había solicitado el cambio de fuero apoyándose precisamente en el artículo 79 de la Ley de Modernización Laboral que establece la competencia de la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, para resolver sobre las cuestiones que tengan como parte demandada o como tercero interesado al Estado Nacional. Más aún, la norma prohíbe expresamente la intervención de la Justicia Nacional del Trabajo.

Posición sindical

La CGT, representada por sus cotitulares Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, sostiene que la reforma vulnera derechos fundamentales de los trabajadores, violando principios como la libertad sindical, la no discriminación, y el derecho a la negociación colectiva.

Además, la central sindical había solicitado que se suspendieran los 83 artículos, argumentando que éstos afectan las garantías constitucionales de los trabajadores. Entre los puntos cuestionados se incluyen la flexibilización de indemnizaciones por despido, la derogación de la ley de teletrabajo, y la creación de un «banco de horas» individual.

Marra Giménez, en su fallo, consideró que el fuero Contencioso Administrativo era el competente, ya que el caso involucra la legalidad de actos del Estado, y no se trata de un conflicto entre empleador y trabajador individual. La magistrada señaló que permitir que la Justicia Nacional del Trabajo se encargue de este tipo de demandas afectaría el sistema federal de justicia, ya que cuestiona la validez de reformas estructurales de políticas públicas.

Este fallo representa un avance en la disputa judicial sobre la reforma laboral, que ya había generado una suspensión cautelar de algunos de sus artículos. Ahora, la causa será elevada al fuero Contencioso Administrativo Federal para que se determine si la reforma es constitucional o si, por el contrario, debe ser modificada o incluso anulada.

De ser necesario, el caso llegará finalmente a la Corte Suprema de Justicia, que tendrá la última palabra sobre la validez de la reforma laboral y sus efectos sobre los derechos de los trabajadores.