Tras la difusión de la causa por presuntas irregularidades en certificados psicofísicos para licencias de conducir profesionales, la defensa de la empleada administrativa detenida en la Clínica Cruz Azul salió a rechazar las acusaciones y planteó que su clienta no tuvo participación en las maniobras investigadas, al tiempo que sostuvo que otras personas también utilizaban la clave con la que se cargaban los datos.

El abogado José Ortín aseguró a El Tribuno que la joven de 32 años «trabajó para Cruz Azul aproximadamente cinco años. Desde marzo del año pasado le dan a ella una clave como para que se haga cargo de subir toda la información para los aspirantes o para quienes rendían el psicofísico para el carnet de conducir profesional. Entonces, ella era una de las encargadas de llevar adelante la carga de estos datos, pero la realidad es que esta clave la tenían cinco personas. Es decir que, si bien el usuario hacía alusión a su nombre, el ingreso era de distintas personas».

En ese marco, sostuvo que la situación se da en un contexto previo de conflicto laboral. «Ellos toman conocimiento de la existencia de algunas irregularidades, la citan a la joven y la obligan a renunciar, diciéndole que no iban a tomar ninguna medida. Pero sí la obligan a renunciar, en un contexto también de hostigamiento laboral y acoso laboral por parte de una de las personas que trabajaba ahí en Cruz Azul. Cuando digo acoso, es de tinte sexual. Ella puso en conocimiento esta situación en Recursos Humanos», afirmó.

Según el letrado, ese antecedente derivó en reclamos de la trabajadora y su posterior desvinculación: «Esto había generado algunos reclamos por parte de mi clienta y como consecuencia de eso, posteriormente, en diciembre del año pasado, la citan y la obligan a renunciar».

Uno de los ejes centrales de la defensa es que las supuestas maniobras continuaron después de que la mujer dejara de trabajar en la clínica. «Ella presenta la renuncia en el mes de diciembre, pero la clave por donde se ingresaban las historias clínicas seguía funcionando normalmente. Era la misma clave, el mismo usuario. Incluso, dos semanas después de que ella fue despedida, aparecieron otros seis casos más de supuestas anomalías. Esto acredita que no era mi cliente quien realizaba estas maniobras, porque no se entendería cómo, estando desvinculada, sigan apareciendo nuevos casos», señaló.

En relación con la magnitud del caso, Ortín relativizó la imputación directa: «Hablan de más de 3.400 casos, pero cuando se refieren en particular a ella, no hay una acusación concreta de cuántos. La carátula es administración fraudulenta y alguna parte de la investigación haría alusión solamente a 10 casos que en apariencia serían los que se le podrían atribuir. No son los 3.400».

«Yo creo que es consecuencia de una persecución laboral que termina con su desvinculación con causa, sin derecho a indemnización. Vamos a tratar de demostrar que ella no tenía ningún tipo de participación en estos hechos. Desgraciadamente tenía a su nombre la contraseña y el usuario, pero también lo usaban otras personas», agregó.

La causa y la detención

Allanaron tres domicilios en el marco de una investigación por administración fraudulenta en la Clínica Cruz Azul. Como resultado, una mujer fue detenida y se secuestraron documentos clave. La denuncia surgió tras detectar irregularidades en la emisión de certificados de aptitud psicofísica sin respaldo médico. Se descubrió que la empleada cargó 3.477 certificados fraudulentos y generó recibos por prestaciones no realizadas.