Aires del Sur, la empresa de capitales nacionales e israelíes que fabrica en Tierra del Fuego los equipos de aire acondicionado Electra y Fedders, solicitó su propia quiebra ante la Justicia luego de que fracasara el plan de continuidad productiva con el que intentó sostener la operación.

La decisión impacta sobre la planta de Río Grande y su plantilla de trabajadores, con salarios adeudados y actividad detenida. La compañía informó que atraviesa un estado de cesación de pagos y que no logró avanzar con las alternativas de financiamiento que analizaba para sostener la operatoria. Ante la consulta de este medio, evitó dar mayores precisiones sobre el futuro de la empresa y del personal.

Aires del Sur ya había atravesado un concurso preventivo en 2019, logró homologar un acuerdo con acreedores en 2021 y, tras anunciar inversiones y expansión, vuelve ahora al escenario judicial, esta vez sin margen para una nueva reestructuración.

Inaugurada en abril de 2008 en Río Grande, la fábrica se instaló en un predio de 15.000 metros cuadrados con tecnología de origen israelí y se especializó en la producción de equipos residenciales de aire acondicionado, ventiladores y extractores.

Durante años logró posicionarse en casas de electrodomésticos y en las principales cadenas de retail del país. En su mejor momento llegó a emplear más de 450 personas y fabricó hasta 100.000 unidades anuales.

En 2019 entró en concurso preventivo en medio de la caída del consumo y mayor presión importadora. Tras dos años de negociación, en febrero de 2021 homologó el acuerdo con acreedores y salió formalmente del proceso.

Ese mismo año anunció inversiones por $200 millones para ampliar la planta fueguina, aumentar 50% la producción y sumar fabricación para terceros. La meta era alcanzar 150.000 unidades anuales y duplicar la facturación. También buscaba aprovechar capacidad ociosa y producir para otras marcas del sector.

Cinco años después, ese intento de relanzamiento no logró sostenerse.

De la inversión millonaria al pedido de quiebra

En la presentación firmada por su presidente, Roberto Ángel Ceretti -quien asumió en noviembre- la empresa expone que el esquema financiero con el que operaba dejó de ser sostenible.

Según detalla el escrito, la producción se financiaba mediante preventas y descuento de cheques para la compra de insumos importados. Ese mecanismo implicaba costos anuales estimados entre 25% y 30%, mientras que los márgenes netos del negocio se ubicaban entre 10% y 15%.

A partir de ese escenario, desde fines de 2025 la compañía inició negociaciones con el fabricante chino Chigo Group para incorporar un socio estratégico. La operación contemplaba la venta total o parcial del paquete accionario, con una inversión mínima estimada en u$s 5 millones destinada a capitalizar la empresa y modificar su estructura de financiamiento.

El plan incluía reemplazar el crédito local por financiamiento de proveedor a 150 días y recibir entre 7000 y 14.000 kits mensuales desde China para sostener la producción durante 2026. Las conversaciones no prosperaron.

En paralelo, la empresa solicitó autorización judicial para finalizar 4000 kits ya importados y destinar los ingresos al pago de deudas comerciales y salarios. El tribunal rechazó el pedido.

Sin concretar la incorporación del socio y sin habilitación para ejecutar el plan productivo propuesto, la compañía solicitó la quiebra. Entre los activos que integrarán el proceso figuran la planta industrial en Río Grande, tasada en más de u$s 15 millones por el Banco Nación, y los 4000 kits ingresados al país, cuyo valor estimado como equipos terminados rondaría los u$s 2 millones.