Vecinos del barrio Obrero, en la ciudad de General Güemes, realizaron una reunión con autoridades municipales y policiales para expresar su preocupación por la inseguridad generada por la ocupación de una vivienda deshabitada, que -según denunciaron- es utilizada como un «aguantadero» para el consumo de drogas. Aseguran que la situación se arrastra desde hace varios años y que, pese a múltiples denuncias, no hubo una solución definitiva.

Del encuentro participaron el intendente Carlos Rosso, la secretaria de Desarrollo Social Clara Flores y el jefe de la DDP7, comisario general Enrique Burgos, junto a efectivos de distintas dependencias policiales, como la Comisaría Nº 3, la Brigada de Drogas Peligrosas y la División de Infantería, quienes escucharon los reclamos de los vecinos.

«El inmueble, ubicado sobre calle Gobelli entre Rivadavia y 20 de Febrero, es constantemente frecuentado por personas que lo usan para consumir drogas. Lamentablemente son personas que cayeron en ese flagelo, pero somos los vecinos quienes sufrimos las consecuencias», expresó Néstor Echeñique, uno de los vecinos.

Ubicación

La preocupación se intensifica por la ubicación del lugar: el barrio cuenta con una plaza muy concurrida durante el día, rodeada por una escuela primaria y un colegio secundario, con presencia constante de niños y adolescentes. Por la noche, el playón deportivo es utilizado para actividades recreativas, aunque -según relataron- la situación se vuelve insegura con el paso de las horas.

«Hemos visto situaciones graves, como personas exhibiéndose delante de menores, robos y amenazas. También trabajadores son abordados para pedir dinero y, si se niegan, reciben agresiones. Si los miramos, nos amenazan. Están al acecho de nuestras casas. Sentimos que estamos rehenes de esta gente y no nos parece justo», relató una vecina, visiblemente preocupada por el impacto que la situación tiene en la vida cotidiana del barrio.

En la ciudad de Salta también son muchas las denuncias que se realizan por casas que están abandonadas y donde se juntan personas ue están en situación de calle y otras que utilizan para consumir drogas. Algunas están en el macrocentro.

El conflicto se complejiza por una disputa legal sobre la propiedad. La vivienda pertenece a la familia Acosta, que intenta recuperar el inmueble heredado, pero enfrenta una denuncia de una persona que asegura haberla adquirido. Ante esto, la Justicia dictó una medida de no innovar hasta que se resuelva el litigio, lo que dejó la casa vacía y facilitó su ocupación por terceros.

«No entendemos cómo a nosotros nos ordenaron desalojar y no nos permiten ingresar, mientras que a estas personas que usurpan la vivienda, que son un riesgo para todos, les permiten quedarse», cuestionó Ariel Acosta, quien asegura contar con la documentación que acredita la propiedad del inmueble.

Desde la Policía, el comisario Burgos explicó que no pueden proceder al desalojo sin una orden judicial. «Lo que podemos hacer es reunir los testimonios de los vecinos y presentarlos ante la fiscalía para que se tomen medidas. Si se autoriza el desalojo, actuaremos de inmediato», afirmó, al tiempo que se comprometió a reforzar la presencia policial en la zona y en inmediaciones de la plaza Juan Carlos Dávalos.

Jefe comunal

Por su parte, el intendente Carlos Rosso ofreció acompañamiento legal a la familia afectada y destacó la necesidad de una pronta resolución judicial. «Hay una problemática legal que debe resolverse, pero vamos a poner a disposición nuestros abogados para acompañar a la familia Acosta y colaborar para que la situación se solucione lo antes posible. Es fundamental que quienes ocupan la vivienda y generan inseguridad sean desalojados», sostuvo.

Mientras tanto, los vecinos insisten en que la situación no puede esperar. Aseguran que el problema afecta directamente la convivencia, la seguridad y la vida diaria del barrio, y reclaman una intervención urgente que permita recuperar el inmueble y devolver la tranquilidad a la zona.