El informe final de la Auditoría General de la Provincia sobre el Fondo de Reparación Histórica (FRH) comenzó a transitar su etapa más sensible: el análisis político e institucional en la Legislatura salteña, donde su contenido podría derivar tanto en un pronunciamiento parlamentario como en eventuales acciones judiciales.

El expediente, concluido el pasado 17 de marzo, contiene observaciones contundentes sobre el destino de los fondos obtenidos mediante la emisión de deuda internacional en 2012, destinados a obras de infraestructura en los departamentos Orán, San Martín y Rivadavia.

El informe ya fue girado al ámbito legislativo, aunque hasta ayer varios legisladores aseguraban no haber recibido notificación formal, por lo que se esperaba su abordaje efectivo desde la jornada de hoy.

El tratamiento del informe requerirá la conformación de una comisión bicameral, integrada por senadores y diputados, que tendrá la responsabilidad de analizar el dictamen y emitir una posición institucional. En el Senado ya existe una comisión específica de seguimiento del FRH, integrada por Gonzalo Caro Dávalos (Cerrillos), Juan Cruz Curá (Orán) y Diego Cari (Guachipas), mientras que la Cámara de Diputados deberá designar a cinco representantes para completar el cuerpo.

Ese espacio será determinante: deberá evaluar el contenido del informe y definir si corresponde avanzar hacia una investigación más profunda. En ese marco, se abren al menos dos caminos posibles. Por un lado, un pronunciamiento legislativo que establezca responsabilidades políticas o administrativas; por otro, la eventual remisión del caso al Ministerio Público Fiscal para que se investiguen posibles irregularidades en el manejo de los fondos.

Tampoco queda descartada la intervención de la Fiscalía de Estado, con lo cual el tema podría tener múltiples abordajes.

El documento de la Auditoría expone un escenario crítico. De las 176 obras previstas originalmente, solo 84 fueron finalizadas, mientras que el 52% restante quedó inconcluso. Además, el informe señala que el 63% de los fondos no pudo ser verificado y que el 67% del total —unos 185 millones de dólares— presentó problemas en su ejecución.

El análisis también revela un fuerte desbalance financiero: apenas el 24% de los recursos se destinó a obras terminadas, mientras que el 76% restante fue a proyectos paralizados, rescindidos o sin cierre formal.

A esto se suman observaciones sobre pagos de anticipos financieros con demoras de años en el inicio de las obras, sobrevaluaciones en registros contables y deficiencias en los controles técnicos y administrativos.

Entre los casos más relevantes, se menciona la planta depuradora de líquidos cloacales de Orán, donde se pagó un anticipo superior al millón de dólares antes de contar con el terreno expropiado, lo que demoró el inicio efectivo de la obra por varios años.

Situaciones similares se detectaron en redes cloacales en Orán, Rivadavia y La Unión, donde los anticipos se abonaron con lapsos de hasta cuatro años antes de la primera certificación.

También se destacó el caso de un gasoducto adjudicado a la empresa Mega, con más de 500 días de diferencia entre el pago inicial y el comienzo de los trabajos.

El informe no estuvo exento de controversias dentro del propio organismo de control. El presidente de la Auditoría, Gustavo Ferraris, planteó una disidencia crítica respecto del trabajo realizado, al considerar que el análisis fue insuficiente en aspectos clave como el control técnico de las obras, la trazabilidad de los procesos administrativos y la evaluación de responsabilidades.

Desde la postura del área auditora, a cargo de Marcos Segura Alzogaray, se defendió el enfoque aplicado al sostener que se trató de una auditoría de carácter financiero y no de gestión.

Con el ingreso del informe a la Legislatura, el caso del Fondo de Reparación Histórica entra en una fase decisiva. El dictamen no solo expone un presunto desmanejo de recursos millonarios, sino que también pone a prueba la capacidad del sistema político para procesar sus conclusiones.

En las próximas semanas, el debate en la comisión bicameral marcará el rumbo: desde una resolución política hasta la posible apertura de una investigación judicial que busque determinar responsabilidades en uno de los programas de infraestructura más ambiciosos —y ahora cuestionados— de la provincia.