La ciudad de Córdoba enfrenta un problema persistente, que parece resistirse a las soluciones operativas tradicionales: la proliferación de microbasurales.

Estos espacios, definidos por el Ejecutivo municipal como “pequeños amontonamientos de residuos, pero con gran impacto ambiental negativo”, se han extendido a lo largo y ancho de la capital provincial, hasta convertirse en focos críticos que afectan la calidad de vida de los vecinos.

Lo más alarmante de este fenómeno no es sólo su existencia, sino su asombrosa capacidad de regeneración. Según datos oficiales, a finales de enero se realizó la limpieza de 60 microbasurales en distintos puntos de la ciudad.

Sin embargo, un relevamiento posterior mostró que, en menos de tres semanas, la mayoría de estos sitios ya lucían nuevamente descuidados, con acumulaciones de bolsas, escombros y otros desechos.

Casos emblemáticos como el del club La Charla, en barrio Residencial América, o bien diversos sectores en villa El Nylon y Marcó del Pont, demuestran que el esfuerzo de limpieza estatal es rápidamente anulado por la disposición irregular de residuos.

Esta situación pone de manifiesto que el problema es multicausal. Por un lado, la Municipalidad reconoce un déficit de inspectores y la necesidad de contar con mejores herramientas de control tecnológico ante el crecimiento demográfico. Por otro, existe una marcada inconducta ciudadana; es frecuente detectar bolsas fuera de los contenedores o basura arrojada en baldíos y en vías ferroviarias apenas minutos después de que se colocan los carteles que lo prohíben.

Ante este escenario, es necesario modernizar las herramientas de fiscalización. Una propuesta conveniente sería incluir en App Ciudadana la posibilidad de que los vecinos denuncien de forma anónima y geolocalizada el volcamiento de escombros y residuos en sitios no autorizados.

Actualmente, la normativa provincial ha endurecido las sanciones y permite incluso que la Policía intervenga y aplique multas, trabajo comunitario o arrestos a quienes arrojen desechos en la vía pública.

Una herramienta digital facilitaría la identificación de infractores, sobre todo cuando se utilizan vehículos motorizados para el traslado de residuos, conducta que ahora triplica las sanciones previstas.

Sin embargo, el control punitivo es sólo una cara de la moneda. Es fundamental comprender que la higiene y la limpieza de la ciudad son responsabilidades compartidas entre el Estado y los ciudadanos. No se trata simplemente de una cuestión estética; los residuos arrojados en cualquier parte comprometen la salubridad pública, dado que contaminan el suelo, el aire y los recursos hídricos.

Necesitamos un cambio de enfoque radical en nuestra relación con el entorno urbano. La limpieza no depende de cuántas veces pase el camión recolector –que en Córdoba lo hace seis de los siete días de la semana–, sino de que cada habitante asuma su rol en la preservación del ambiente.

Si no logramos modificar estas conductas de convivencia básica, Córdoba seguirá atrapada en un ciclo de limpieza y degradación que pone en riesgo la salud de toda la comunidad.