El intendente capitalino, Daniel Passerini, envió varias señales que deben leerse en clave de interna peronista. Por un lado, fue el principal escriba de los términos políticos que tuvo el fuerte documento que el Consejo Federal de Intendentes emitió en Paraná en contra del Gobierno nacional, a través del cual los jefes comunales advirtieron que “así, Argentina no funciona”.
En paralelo, firmó un acuerdo con la Empresa Provincial de Energía (Epec) para la ejecución de un mega plan de alumbrado público por 37.500 millones de pesos durante los próximos dos años. Y cerró un acuerdo salarial con el combativo Suoem (el gremio de los municipales) mientras la UEPC mantiene contra las cuerdas al Gobierno provincial.
En el primer punto (el documento de los intendentes contra Milei), se advirtió una apretada a los gobernadores para que avancen contra el Gobierno nacional en este momento de debilidad libertaria, con el objetivo de conseguir el fondeo para gestionar en el año previo a la elección.
“Daniel centró el planteo político, mientras que Pablo Javkin (Rosario) se enfocó en los números; el resto hizo aportes y correcciones, pero el grueso del lineamiento lo escribió el propio Daniel”, aseguraron en la Municipalidad.
Respecto del plan de alumbrado, que impactaría en 165 mil luminarias, los passerinistas se colgaron del alambrado.
“Algunos dicen que Daniel no gestiona, pero cerró un acuerdo histórico con Epec que va a cambiarle la cara a la ciudad”, decían con moderada euforia. Se refieren a que el plan incluye una compleja ingeniería de encastres y compensaciones entre las tasas que la Municipalidad le cobra a Epec y la factura que la ciudad debe pagarle a la empresa de energía por el consumo del alumbrado público.
“A los que dicen que Daniel no gestiona, este es un trato que cerró directamente Passerini con Claudio Puértolas (presidente de Epec)”, aseguraron en la Municipalidad.
En un mismo tono, abordaban el acuerdo salarial con el Suoem, que le garantiza a Passerini una aparente “paz social” durante 2026.
Bonus track: después de Paraná, Passerini no regresó a Córdoba, sino que viajó a Buenos Aires, donde encaró una gira por medios porteños para propalar las críticas al Gobierno nacional.
En esa recorrida, dijo: “El ministro de Economía (Luis Caputo) habla del aumento del consumo, pero yo vi en el supermercado que la gente paga en cuotas y no llena el changuito. Si estamos viviendo así, se parece más a un método de supervivencia”.
El impacto de los descuentos en el ánimo de los docentes
Los 134 delegados departamentales llegaron el miércoles pasado a la sede de la Unión de Educadores de la Provincia (UEPC) con una misión concreta: participar de la asamblea provincial docente que debía resolver sobre la tercera oferta salarial del gobernador Martín Llaryora. Y en caso de rechazo, definir un nuevo plan de lucha.
El desenlace no sorprendió en lo formal, pero sí en su intensidad: rechazo al ofrecimiento oficial y la convocatoria a un paro de 72 horas para esta semana.La contundencia de la medida encendió luces de alarma en el Centro Cívico. Si bien las asambleas escolares ya anticipaban una negativa, la decisión de avanzar con tres días de huelga superó las previsiones y generó inquietud en el Gobierno.
Entre lunes y martes se habían definido los mandatos de las bases, primero en las asambleas escuelas y luego a nivel departamental. Pero el miércoles, los delegados llegaron a la asamblea provincial con un elemento adicional que terminó inclinando la balanza: el malestar creciente de los docentes.
Esa madrugada, la Provincia había depositado el salario de marzo, sin aumentos —por la falta de acuerdo— y con el descuento de dos días de paro, lo que terminó de tensar el clima.
El impacto fue directo: más de la mitad de los docentes que adhirieron a las primeras medidas de fuerza sufrieron una quita cercana al 10% de sus salarios. Y aún resta computar el tercer día de paro, que se descontará en el próximo mes.Ese golpe al bolsillo actuó como catalizador.
El enojo se hizo sentir desde el inicio de la asamblea y fue ganando volumen con el correr de las intervenciones. El resultado fue una decisión tan contundente como el clima que la precedió: un paro por 72 horas.
Llaryora busca aceitar el vínculo con los gremios
Mientras el conflicto docente no está resuelto, el gobernador Martín Llaryora insiste en que su prioridad es la gestión y que, por ahora, las elecciones provinciales del año próximo (todavía sin fecha) no están en su radar inmediato. Sin embargo, en paralelo a esa postura, el mandatario también despliega gestos políticos que revelan otra dinámica.
El lunes pasado dio una muestra de ello. Acompañado por dirigentes de su mesa chica, como el ministro Miguel Siciliano, Marcelo Rodio y Facundo Torres, el gobernador participó de un almuerzo impulsado por las 62 Organizaciones Peronistas de Córdoba, espacio que conduce el concejal capitalino Ricardo Moreno.
El encuentro no fue uno más. Se inscribe en una estrategia más amplia: recomponer y fortalecer el vínculo con el universo sindical. Llaryora ya confirmó su intención de buscar la reelección en 2027 y parece decidido a recostarse con mayor claridad sobre la estructura del PJ. En ese movimiento, comienza a diluirse la centralidad del Partido Córdoba, aquel armado más amplio que en su momento priorizaba los puentes con el radicalismo.
La lectura, en algunos sectores del peronismo, es nítida. “Martín se dio cuenta a tiempo de que los radicales se irán con Milei. Los peronistas tenemos que trabajar ahora para consolidarnos en toda la provincia y demostrarle al gobernador que somos el partido el que lo llevará al triunfo”, repitieron varios de los más de 60 referentes gremiales que participaron del encuentro.
Aun así, el cordobesismo no da señales de repliegue total. La presencia del viceintendente de la ciudad de Córdoba, Javier Pretto, expresidente del PRO provincial, funcionó como un recordatorio de que los equilibrios políticos todavía están en construcción, al menos para Llaryora.
¿Un histórico juecista en la Fiscalía General?
En los libros de arqueología política de Córdoba, el nombre de Walter Montenegro aparece como uno de los fundadores del Partido Nuevo, el espacio que Luis Juez creó en 2003 para hacerle frente al peronismo de José Manuel de la Sota.Una vez que el juecismo llegó a la Municipalidad de Córdoba, Montenegro recaló en el área de Transporte y permaneció en ella cuando Daniel Giacomino reemplazó a su (por entonces) socio y amigo.
Siempre vinculado al juecismo, recaló en la Legislatura hasta que, quizá de manera sorpresiva, volvió a la Municipalidad junto a Gabriel Bermúdez, en la gestión de Daniel Passerini.
El miércoles, cuando juró Carlos Lezcano como fiscal General, Montenegro estuvo presente. Ambos cosechan una larga amistad, sentimiento que a fines de los años 1990 y principios de los 2000 compartían con Juez.Como contó La Voz, Lezcano y Juez llegaron a ser socios del estudio jurídico hasta que, en 2003, el ahora fiscal General optó por ejercer como juez de Control. Montenegro, en cambio, se sentó en la mesa chica del flamante intendente.
El lazo afectivo era tal que Montenegro es padrino de uno de los hijos del senador.
En los pasillos de Tribunales se rumoreó que Montenegro se sumaría a la Fiscalía General como mano derecha de Lezcano. La pregunta, no sin malicia, que se hacen varios peronistas que conocen los laberintos judiciales es si el gobernador Llaryora sabía de estos vínculos de Lezcano con la vieja guardia juecista.
El radicalismo suma otra crisis: la inmobiliaria
En la última reunión del Comité Provincia de la UCR, se abordó una inminente crisis en el centenario partido: la inmobiliaria. El ejemplo fue la sede del Comité de la Seccional Primera, en calle Rosario de Santa Fe, que debe una importante suma por expensas y otros gastos, por lo que se barajó la posibilidad de venderla.
El radicalismo tiene una vasta red de inmuebles en toda la provincia, alimentada a fines del siglo pasado, cuando era un partido vigoroso con cientos de funcionarios que aportaban parte de sus ingresos para sostenerla. Tras años de vacas flacas, mantener a flote el despliegue inmobiliario está trayendo complicaciones.Un reconocido militante de la Capital señalaba, a modo de ejemplos, que la sede del Comité de la Seccional Tercera, en Quintas de Santa Ana, también está en un estado catatónico, y que la sede del Comité de la Cuarta, en Independencia al 800, con casi 200 metros cuadrados en pleno Nueva Córdoba, es un diamante en bruto.
Discutir una eventual venta de inmuebles es un tema espinoso en el radicalismo, pero algunos advierten que la situación es compleja.
La letra chica de la Carta Orgánica
En decenas de ciudades, los actuales intendentes no podrán presentarse para un nuevo período, por lo que los salientes ya pusieron en marcha distintos planes de ingeniería electoral con el propósito de retener, al menos, una cuota de poder cuando deban volver al llano.
Una de esas ciudades es Río Tercero, donde Marcos Ferrer no podrá buscar una re-reelección. Claro que la salida del caudillo radical genera enorme expectativa en la mesa no peronista.
El actual legislador juecista Juan Pablo Peirone, por ejemplo, es uno que aspira a quedarse con la candidatura. Él no es el único que imagina un horizonte político de ocho años al frente de un municipio pujante.Lectores finos de la Carta Orgánica de Río Tercero le pasaron resaltador al artículo 117 del texto normativo, que dice: “El intendente puede ser reelegido una sola vez consecutiva y no podrá tener más de tres períodos de gobierno en el mismo cargo”.
La única persona en esas condiciones es Alberto Martino, intendente entre 2011 y 2019, y quien repite por estos días que le aporta “experiencia y lealtad” a Ferrer.Siguiendo la letra fría de la Carta Orgánica, y en una mera especulación, Martino no podría aspirar a una hipotética reelección en 2031.
Un legislador de gira por Estados Unidos por una beca
En los próximos días, el legislador provincial Oscar Agost Carreño (PRO) será parte de un programa internacional de capacitación para dirigentes y líderes que no superen los 45 años. El todavía presidente del PRO de Córdoba realizará el Programa Global de Becas Eisenhower.
Se trata de una experiencia intensiva de más de un mes en los Estados Unidos, que incluye itinerarios personalizados, reuniones con líderes sectoriales y encuentros en los que se fomenta el impacto social de políticas públicas.
Agost Carreño, quien supo relacionarse fuerte en su paso por el Congreso de la Nación, logró aplicar para este programa para extranjeros que reúne a 23 perfiles distintos de variados lugares del mundo.
El cordobés será la única representación del país.Una de las cartas que jugó el hoy legislador para ser elegido tiene que ver con mejorar un proyecto de ley de su autoría que fue presentado cuando fue diputado nacional y que tiene como fin proteger el acceso a información confiable y promover la verificación de datos como herramienta ciudadana, con el objetivo de luchar en contra de las fake news.
Agost Carreño tendrá esta semana protagonismo en la Unicameral. El oficialismo tomará la base de su proyecto de ordenamiento para “naranjitas”, lo que incluye la prohibición para los ilegales, como plantea el gobernador Martín Llaryora.
