Un grupo de excombatientes del conflicto del Atlántico Sur mantiene un acampe frente a la Casa de Gobierno de Salta, en el Centro Cívico Grand Bourg, desde hace casi dos años. Reclaman su incorporación al registro oficial de la Comisión Provincial de Veteranos de Guerra.

La protesta comenzó en noviembre de 2024 y tiene como principal objetivo obtener el reconocimiento como veteranos, un pedido que, aseguran, les permitirá acceder a los derechos y beneficios previstos por la legislación provincial.

Roque Bildoza, uno de los excombatientes que encabeza la protesta, aseguró que junto a otros camaradas permanece en el acampe permanente frente a la Casa de Gobierno. Según explicó, todos los días hay presencia de manifestantes. «Siempre hay gente». Unas 25 personas rotan desde hace 20 meses. «Hacemos guardia para no irnos y hacemos visibilización por algo que nos corresponde», afirmó.

El reconocimiento que reclaman

Los manifestantes solicitan ser incorporados oficialmente como «Veteranos de Guerra», al considerar que cumplen con todos los requisitos legales para acceder a ese reconocimiento.

Según explicó Bildoza, cuentan con certificados emitidos por las Fuerzas Armadas que acreditan su participación en el conflicto del Atlántico Sur.

«Muchos conocen el conflicto como la Guerra de Malvinas, pero el conflicto comenzó antes, con la Operación Rosario, que era para intentar recuperar las islas», explicó. En consecuencia, detalló que participaron desde que fueron destinados al TOM (Teatro de Operaciones Malvinas), vigente hasta el 7 de abril de 1982, y posteriormente al TOAS (Teatro de Operaciones del Atlántico Sur), durante la movilización de tropas.

«La ley dice bien claro: vamos a ser beneficiarios por el reconocimiento como veteranos por haber participado en las dos operaciones, que se nos reconozca como tal», remarcó.

Pensión, viviendas y otros beneficios

Entre los principales reclamos figura el acceso a la pensión honorífica provincial y a otros beneficios previstos para los veteranos de guerra, entre ellos el cupo del 1% en la adjudicación de viviendas del Instituto Provincial de Vivienda (IPV). «No pedimos que nos regalen la casa, sino ser adjudicados dentro del 1% y pagar. Eso nunca ocurrió», expresó Bildoza.

Incluso señaló que propuso a las autoridades que el costo económico del reconocimiento se cubra con el 1% de la recaudación provincial. «Les ofrecí armar un equipo de trabajo, con contadores», comentó.

Reclaman una audiencia

Bildoza indicó que semanas atrás fueron recibidos por el ministro de Gobierno, Ignacio Jarsún, aunque consideran que la respuesta definitiva depende exclusivamente del mandatario provincial. «Tuvimos una charla cordial con él, pero queremos conversar con el gobernador, porque es el único que tiene la facultad para firmar lo que solicitamos», afirmó.

Según dijo, el reclamo no obtuvo respuesta favorable ni del actual Gobierno ni de las gestiones anteriores. «Desde el año 2024 venimos pidiendo audiencias», sostuvo.

Discriminación y falta de asistencia

El excombatiente aseguró que entre 150 y 160 personas atraviesan la misma situación en Salta y denunció que permanecen excluidas del registro oficial creado en 1998.

Explicó que inicialmente la Comisión Provincial sólo contemplaba a los soldados conscriptos y que recién en 2005 se incorporó a los oficiales de cuadro, aunque, según afirmó, muchos excombatientes continúan sin ser reconocidos.

«La comisión provincial nunca hizo un censo completo», aseguró, y relató el caso de un excombatiente de Tartagal que se desempeñó como lenguaraz durante el conflicto. «Está muy mal económicamente. Es un veterano de guerra y está muy mal», lamentó.

Además, cuestionó la falta de respuestas en materia de salud mental. «Nunca se involucraron en la salud mental nuestra. Le dijimos a Jarsún que nos apoye con la emergencia sanitaria», expresó.

También denunció que no son convocados a los actos oficiales vinculados a la Gesta de Malvinas. «A la gente de Ceremonial le pedimos que nos inviten a los actos. Nos mienten, dicen que no hacen actos y no nos invitan, siendo que defendimos la soberanía de nuestro país», manifestó.

«Acá nos vamos a quedar»

Bildoza aseguró que el acampe continuará hasta obtener una respuesta directa del gobernador. «Acá nos vamos a quedar hasta tanto nos atienda el gobernador, el único que tiene la autoridad necesaria para firmar lo que nos corresponde a nosotros», afirmó.

Finalmente, insistió en que el grupo sólo busca acceder a derechos que considera legítimos. «La comisión provincial nos sigue discriminando, según ellos no somos nada. Buscamos lo que nos corresponde. Teníamos 18 años en aquel momento, hemos perdido la posibilidad de seguir estudiando; algunos no pudimos hacerlo después de que volvimos del conflicto», concluyó.