El hallazgo recurrente de boosters sísmicos -pequeños dispositivos explosivos utilizados décadas atrás en tareas de exploración petrolera- volvió a poner en foco un problema que en el norte de Salta nunca terminó de resolverse: la presencia de cargas activas bajo tierra, sin una cuantificación exacta ni delimitación definitiva de las áreas de riesgo.

La publicación de un informe en diario La Nación reactivó una preocupación que desde hace años viene siendo abordada por El Tribuno: nadie puede determinar con certeza cuántos de estos artefactos permanecen enterrados en la región. En zonas rurales y serranas, pobladores siguen encontrándolos de manera ocasional, muchas veces a escasa profundidad, en sus propios terrenos o incluso en su patios.

Estos explosivos fueron colocados hace cinco o seis décadas por la petrolera YPF, en el marco de estudios de sísmica destinados a detectar reservorios de petróleo. Las líneas de exploración se extendieron por vastas áreas de las serranías de Tartagal y San Antonio, abarcando zonas cercanas a localidades como General Ballivián, Mosconi y Tartagal, e incluso hasta la frontera con Bolivia.

Se trata de dispositivos plásticos de unos 30 centímetros, con cargas de aproximadamente 300 gramos de explosivo (TNT y pentrita), que pueden activarse ante una descarga eléctrica o manipulación indebida. Con el paso del tiempo, muchos quedaron sin detonar, transformándose en pasivos ambientales de alto riesgo.

Aunque en los últimos años se registraron accidentes, algunos de ellos fatales, la mayoría de los hallazgos no derivó en tragedias gracias a la intervención de fuerzas de seguridad. Ante la aparición de un booster, la recomendación es clara: no manipularlo y dar aviso inmediato a la Policía, que activa los protocolos con bomberos o unidades de Gendarmería para su remoción y detonación controlada.

Un punto en la dispersión de estos artefactos fue el alud que en febrero de 2009 arrasó gran parte de Tartagal. La crecida extraordinaria del río y de los cursos de agua de montaña desplazó numerosos boosters, originalmente enterrados a más de un metro de profundidad, hacia zonas más bajas y pobladas.

Desde entonces, comenzaron a aparecer en comunidades criollas y originarias alejadas de las áreas de exploración original. Ese mismo año y en los meses posteriores, se registraron múltiples hallazgos que, por escaso margen, no derivaron en episodios trágicos.

Accidentes y antecedentes

El riesgo no es teórico. A principios de este año se reportó un nuevo hallazgo, mientras que tiempo atrás un operario extranjero que trabajaba en la búsqueda y desactivación de explosivos murió al detonar uno de estos artefactos al este de Tartagal.

Otro episodio grave, aunque sin víctimas, ocurrió cuando un ciclomotor activó de forma espontánea un booster que explotó a pocos metros del vehículo.

Según el informe periodístico, los antecedentes se multiplican: explosiones al paso de vehículos, accidentes durante tareas de remoción e incluso detonaciones durante incendios forestales, como ocurrió en 2022 en el corredor de la ruta nacional 34, obligando a brigadistas a retirarse ante el peligro.

Sin cifras, con hipótesis

Uno de los mayores problemas es la falta de datos precisos. Se estima que en el norte argentino existen miles de estos dispositivos. Solo en Jujuy, una medida judicial habló de más de 77.000 cargas en unas 200.000 hectáreas. Para Salta no hay cifras oficiales, pero proyecciones basadas en antiguos mapas elevan el número a más de 150.000 explosivos distribuidos en miles de kilómetros lineales.

En zonas urbanas

El crecimiento urbano agravó la situación: áreas que en los años 70 estaban despobladas hoy forman parte del entramado urbano. Hay registros de boosters encontrados en terrenos donde se construyeron viviendas, estaciones de servicio o instalaciones productivas.

Recién en los últimos años se inició un proceso sistemático de búsqueda y desactivación con tecnología internacional. Equipos especializados recorren el territorio identificando y detonando cargas, en una tarea compleja que puede extenderse durante años.

Una deuda histórica la región

Las líneas sísmicas van de sur a norte en la provincia. Sin embargo, la magnitud del problema se hace mayor en la zonas donde hubo mas exploració. La ausencia de un relevamiento integral alimenta la incertidumbre. El caso expone una deuda histórica en materia ambiental y de seguridad: la falta de un plan de cierre adecuado tras las actividades de exploración de la petrolera YPF. Mientras tanto, en el norte salteño, el peligro sigue latente, bajo tierra, a la espera de ser encontrado.

Las claves del problema

• Miles de boosters sísmicos utilizados décadas atrás permanecen enterrados en el norte de Salta sin una cuantificación precisa. La falta de registros impide dimensionar el riesgo real para la gente.

• Fueron colocados por la antigua YPF entre los años 70 y 80 para estudios de sísmica. Muchos no fueron detonados ni retirados, convirtiéndose en un pasivo ambiental que perdura hasta hoy.

• Eventos como el alud de Tartagal en 2009 y la erosión hídrica desplazaron los boosters, extendiendo su presencia hacia zonas pobladas y aumentando la incertidumbre sobre su ubicación.

• Se registraron explosiones, heridos y al menos una víctima fatal en tareas de remoción. Incluso sin manipulación directa, algunos artefactos se activaron de forma accidental; un peligro latente.

• En los últimos años comenzaron tareas de localización y detonación controlada con tecnología internacional. Pero la falta de un relevamiento integral mantienen abierto el riesgo.