En una nueva audiencia del juicio por el femicidio de Mercedes Kvedaras, la psicóloga María Alejandra López, quien intervino en la atención de José Eduardo Figueroa desde el 28 de agosto de 2023, describió las condiciones en las que, según dijo, se desarrollaron las entrevistas con el imputado durante su detención y refirió lo que consideró “situaciones de intimidación”.

La profesional señaló que el primer encuentro se realizó en un pasillo de la unidad sanitaria donde Figueroa estuvo alojado en la primera etapa de detención, en un espacio en el que “se improvisó una mesa y una silla”. Según indicó, allí “no estaban dadas las condiciones” para llevar adelante una intervención terapéutica, en particular la técnica EMDR, debido a “gritos, ruido de metal, música” y otros factores que, de acuerdo a su relato, generaban “mayor estrés” y dificultaban la concentración del imputado.

López afirmó que las entrevistas se realizaron en distintos ámbitos dentro del lugar de detención, incluyendo “una cabina telefónica” y luego “un salón con una mesa”, aunque remarcó que “siempre había algo presente” que interfería en el desarrollo de las sesiones.

También sostuvo que Figueroa atravesó un período de aislamiento y que, por su cuadro postraumático, “necesitaba mayor interacción social y actividad física”. En ese contexto, indicó que en algunos momentos lo observó “falto de higiene”, lo que vinculó a una pérdida de interés general. Según relató, durante esa etapa el imputado manifestaba frases como “yo estoy muerto” y lloraba de manera constante, en un contexto que, según expresó, “lo estaban matando en esa soledad”.

En otro tramo de su declaración, la psicóloga se refirió a los traslados del imputado y habló de lo que interpretó como “situaciones intimidantes”. Describió que en una ocasión Figueroa, con el tobillo enyesado y en muletas, fue trasladado en “una camioneta chiquita” y que “lo hacían dar vueltas” sin una razón clara, lo que consideró “una situación incómoda”. También mencionó que en determinados momentos el imputado le refería falta de luz durante su permanencia en aislamiento.

López explicó que, en su rol, debía “velar por las condiciones de salud” de su paciente y que, en ese marco, dejó constancia de estas situaciones en informes semanales en los que, según dijo, planteaba la necesidad de “mejores condiciones”. Señaló además que, a partir de esos informes, una jueza solicitó explicaciones al Colegio de Psicólogos para que evaluara su actuación, aunque indicó que ese organismo “no avanzó”.

Durante el contrainterrogatorio, la fiscal María Luján Sodero le consultó si había realizado alguna notificación formal sobre posibles “sobornos, amenazas o coacción” en el ámbito penitenciario. La psicóloga respondió que el imputado “no le contó” hechos de ese tipo.

No obstante, sostuvo que, “en base a lo que veía”, entendía que podía existir un contexto de intimidación. En ese sentido, mencionó nuevamente los traslados como una “clara situación de coacción”, aunque aclaró que “no le verbalizaron” pedidos de dinero ni situaciones concretas en ese sentido.