Un fiscal federal puso bajo la lupa a dos de los nombres más influyentes de la estructura de la AFA: su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino, en un expediente que busca determinar si existieron maniobras de lavado de dinero a través de una red de empresas y bienes.

La investigación se tramita en Santiago del Estero y, según pudo reconstruirse a partir de fuentes judiciales, tuvo su origen el 8 de diciembre de 2025, tras la llegada de una denuncia por correo electrónico a la fiscalía. A partir de ese punto, el expediente comenzó a escalar hasta derivar en un pedido formal de detención, acompañado por medidas de prueba consideradas clave: allanamientos, peritajes contables y la inhibición general de bienes de ambos dirigentes.

El eje del planteo fiscal gira en torno a una presunta estructura que habría canalizado fondos desde la Asociación del Fútbol Argentino hacia empresas vinculadas a Toviggino. Según la imputación, Tapia, en su rol institucional, habría tenido intervención o al menos conocimiento de estos movimientos dentro de la administración de recursos.

Entre las firmas señaladas aparece Real Central SRL, vinculada al supuesto testaferro Luciano Pantano, a quien se le atribuye la titularidad de bienes de alto valor, entre ellos una casaquinta en Pilar valuada en unos 17 millones de dólares. Para el fiscal, este tipo de activos sería parte de un circuito destinado a blanquear dinero mediante inversiones inmobiliarias.

Pero no es la única pieza del esquema. También figura la empresa TourProdEnter, del empresario Javier Faroni, mencionada por la emisión de facturas a compañías relacionadas con el tesorero de la AFA. Esta firma ya había sido incorporada en otra investigación judicial en curso, lo que refuerza la hipótesis de una posible red societaria con conexiones múltiples.

Bienes, inversiones y movimientos financieros

El dictamen fiscal describe un abanico de activos que incluye estancias, casas, lotes y vehículos, además de participaciones en empresas y operaciones financieras como plazos fijos, compra de acciones y transacciones con dólar MEP. Todos estos elementos forman parte del análisis que busca determinar si existió una maniobra sistemática para introducir en el circuito legal fondos de origen presuntamente irregular.

En este contexto, el fiscal consideró que existe un riesgo de fuga, argumento que sustenta el pedido de detención de Tapia y Toviggino. Según su interpretación, la complejidad y el alcance de la estructura investigada podrían facilitar la evasión de la Justicia si no se adoptan medidas restrictivas.

Una causa que se cruza con otra investigación

El escenario judicial no es aislado. Tanto Tapia como Toviggino ya se encuentran bajo investigación en otra causa que se tramita en la localidad bonaerense de Campana, a cargo del juez federal Adrián González Charvay. En paralelo, la Cámara Federal de Casación debe definir si ese expediente continuará en esa jurisdicción o será trasladado a la Ciudad de Buenos Aires.

La aparición de este nuevo frente en Santiago del Estero agrega complejidad al panorama y podría derivar en un eventual entrecruzamiento de pruebas y líneas investigativas.

La decisión, en manos de la Justicia

Ahora, será el juez federal de Tucumán, Guillermo Díaz, quien deberá resolver si hace lugar a los pedidos del fiscal. Su decisión marcará el rumbo inmediato de una causa que impacta de lleno en la conducción del fútbol argentino y que, por su alcance, promete generar repercusiones tanto en el plano judicial como en el institucional.

Mientras tanto, el expediente avanza sobre un terreno sensible: el de los fondos que circulan en el deporte más popular del país y la responsabilidad de quienes administran una de las estructuras más poderosas del ámbito deportivo nacional.