El argumento de «vienen por el agua» es una de las muletillas del eco-terrorismo cuyos efectos son sensibilizar y poner a la defensiva a grupos sociales más proclives a creer que los males de la Argentina nacen en el exterior. Nadie sabe bien quiénes vienen por el agua, aunque, por cierto, es un recurso abundante en América del Sur y una ventaja comparativa que no suele ser aprovechada inteligentemente. Como muchos otros recursos, por ejemplo, los mineros.

Que la Argentina logre inversiones productivas del exterior para el aprovechamiento de nuestros recursos naturales es conveniente para el país, siempre y cuando, la calidad de vida de la gente salga ganando. De la misma manera, la defensa del medio ambiente con fundamentos científicos no sólo es legítima, sino necesaria.

Lamentablemente, el slogan «vienen por nuestros recursos naturales», con imágenes de nuestros glaciares de fondo, fue utilizada cuando se sancionó la ley que iba a regir las compras de vacunas contra el COVID. Fue un artículo introducido por el gobierno de Alberto Fernández, casi entre gallos y medianoche, y presentado por la diputada Cecilia Moreau. El único propósito era el de ofrecer exclusividad a la vacuna promocionada por el presidente ruso Vladimir Putín, ante quien enviaron una comitiva oficial a Moscú. Estaba encabezada por la futura ministra Carla Vizzotti y otros funcionarios, además de tres representantes del laboratorio HLB Pharma, que ya había iniciado el proceso de inscripción de la vacuna rusa en el país. Entre esos empresarios se contaba Ariel García Furfaro, condenado el año pasado por un centenar de muertes por consumo de fentanilo contaminado.

El objetivo era crear un paraguas para ese laboratorio impidiendo el ingreso de las vacunas estadounidenses y europeas. La consecuencia fue letal. Rusia no cumplió y, ocho meses después, fue imprescindible abrir las puertas a proveedores seguros. Allí, se agilizó la campaña.

La ideologización y la corrupción son un cóctel nefasto, y con secuelas que se miden en vidas humanas.

En el caso de la reforma a la ley de glaciares, como no hace mucho, con la ley de humedales, son las provincias las que deben tomar las decisiones, basadas en el conocimiento y la responsabilidad.

La descripción que se escucha entre los defensores del agua no parece diferenciar los recursos hídricos, los riesgos de la manipulación de cursos de agua, un humedal genuino y glaciares y periglaciares.

En el Salar de Arizaro hay salmueras, con una salinización decenas de veces mayor que la de los mares. Es un ejemplo extremo, pero que fue invocado en el tratamiento del proyecto de ley de humedales.

En Catamarca, Salta y Jujuy no hay glaciares comparables, ni remotamente con los que caracterizan a los Andes patagónicos. Solo hay hielo a 6.000 metros snm. Donde no hay minería. El ambiente periglacial es, justamente, el área cercana a los glaciares donde el suelo permanece congelado durante gran parte del año.

Como destacó en este mismo diario el presidente de ProYungas, Alejandro Brown, la ley incorpora la realización de un inventario de todas esas fuentes de agua, para que sea tenido en cuenta en los estudios de impacto ambiental que cualquier emprendimiento requiere.

La minería no es necesariamente destructora del ambiente, como no lo es tampoco la actividad productiva. Todo depende de que las decisiones estén regidas por el criterio técnico y científico, y no por la ideología (no siempre ingenua) ni por los intereses comerciales.

Está claro que hay dos necesidades del país, que son derechos de la ciudadanía: impulsar la actividad productiva en todo el país y, al mismo tiempo, preservar el ambiente; todo confluye en un proyecto de desarrollo humano, que en la agenda de los gobernantes argentinos de todos los niveles brilla por su ausencia. Porque los intereses de funcionarios y empresarios no deberían prevalecer sobre las urgencias de la sociedad.