Una multitud se concentró frente al edificio deliberativo y protagonizó momentos de alta tensión durante la apertura de sesiones ordinarias. Hubo insultos, intentos de agresión y el vehículo oficial fue atacado con piedras y botellas. El episodio se da en medio de una profunda crisis institucional y financiera en el municipio.

La apertura del período de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante de Hipólito Yrigoyen derivó este miércoles en un escenario de fuerte conflictividad social, con incidentes que obligaron a la intendenta Soledad Cabrera a retirarse del lugar bajo custodia policial.

Tras encabezar el acto institucional, la jefa comunal debió ser escoltada por efectivos que ya se encontraban apostados en el edificio ante la convocatoria de vecinos que se concentraron en las afueras para manifestar su rechazo a la gestión.

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Con gritos e insultos, entre ellos consignas como “chorra” y reclamos vinculados al presunto manejo irregular de fondos públicos —incluyendo recursos destinados a escuelas—, la multitud avanzó hacia la salida del Concejo en un clima de creciente tensión.

En ese contexto, Cabrera fue acompañada hasta el vehículo oficial que la aguardaba en el acceso, mientras un grupo de manifestantes intentó acercarse de manera agresiva. La intervención policial fue clave para evitar que la situación escalara, aunque el móvil terminó siendo alcanzado por piedras y botellas.

El episodio expone el nivel de malestar social que atraviesa la localidad, en un contexto marcado por denuncias de irregularidades administrativas, falta de obras y un deterioro visible de los servicios públicos.

Una crisis que se profundiza

La situación institucional de Hipólito Yrigoyen se encuentra en un punto crítico. En los últimos días, el municipio quedó en el centro de la escena tras el corte del servicio eléctrico en dependencias oficiales por falta de pago, luego de intimaciones de la empresa proveedora.

El hecho no solo dejó al descubierto dificultades financieras, sino que también generó desconfianza entre proveedores, muchos de los cuales comenzaron a exigir pagos anticipados para garantizar la prestación de servicios.

A este escenario se suma un creciente cuestionamiento a la gestión de Cabrera, con reclamos por la paralización de obras, deficiencias en la recolección de residuos, problemas en el alumbrado público y anegamientos en distintos sectores de la ciudad.

Reclamos y pedido de auditoría

En paralelo, vecinos autoconvocados presentaron un petitorio en el que advierten sobre una “situación crítica” y exigen una rendición detallada del uso de los fondos públicos, auditorías independientes y la apertura de investigaciones administrativas o judiciales.

Entre los puntos señalados figuran obras con financiamiento asignado pero sin ejecución visible, como proyectos de cordón cuneta en el sector de 62 hectáreas —presupuestados en unos 180 millones de pesos— y la construcción de un hogar de ancianos cuya ubicación no pudo ser precisada.

También se mencionan trabajos inconclusos, como el complejo municipal y la pavimentación de calles clave, además del deterioro de la infraestructura vinculada a instituciones educativas.

En este contexto, el clima social continúa enrarecido y no se descarta la profundización de las medidas de protesta por parte de vecinos que reclaman respuestas urgentes.