El informe de la Auditoría General de la Provincia sobre el manejo del Fondo de Reparación Histórica comenzará a transitar su camino institucional en la Legislatura provincial, tras confirmarse que tomará estado parlamentario con el ingreso hoy a «Asuntos entrados» del Senado. Lo propio ocurrirá el martes de la semana próxima en la Cámara de Diputados, tras lo cual será derivado a la Comisión Bicameral Revisora de Cuentas.

Se trata de un paso clave en un expediente atravesado por la polémica, tanto por el volumen de recursos involucrados como por las observaciones detectadas en la ejecución del millonario fondo que fue adquirido con títulos de deuda de la Provincia en el año 2012. El documento, que ya fue publicado por la Auditoría, incluye detalles que demuestran -pese al tiempo transcurrido- irregularidades fácilmente comprobables, lo que suma un elemento más de tensión al análisis.

Fuentes legislativas aclararon que en paralelo a ese informe, la Bicameral -integrada por tres senadores y cinco diputados provinciales- había solicitado semanas atrás una ampliación de información sobre el estado de las auditorías en curso, ante la falta de información oficial en medio del debate público. Esa contestación ingresó a última hora de la semana pasada y constituye un expediente distinto, aunque vinculado al informe principal.

El recorrido legislativo

El ingreso del documento en «Asuntos entrados», tanto en el Senado como en Diputados, habilitará su tratamiento formal. A partir de allí, será girado a la Comisión Bicameral, que ya se encuentra activa y con su integración actualizada tras recientes reemplazos.

Se espera que tanto Diputados como el Senado completen este procedimiento en paralelo, lo que permitiría que la comisión se reúna la próxima semana para comenzar el análisis.

Desde ese momento, se abre un abanico de posibilidades. La Bicameral podría convocar a los auditores para que brinden explicaciones en forma presencial, solicitar nueva documentación o profundizar la investigación sobre aspectos que generen dudas, como el alcance de las auditorías -financieras y no de gestión- o la disponibilidad de información por parte de los organismos ejecutores.

Un fondo bajo la lupa

El Fondo de Reparación Histórica fue concebido en el años 2011 y ejecutado en 2012 como una herramienta para financiar obras de infraestructura en los departamentos más postergados de la provincia, particularmente en el norte salteño: Orán, San Martín y Rivadavia. Sin embargo, con el paso del tiempo, su ejecución quedó envuelta en cuestionamientos por proyectos inconclusos, demoras, falta de rendiciones y presuntas irregularidades administrativas. Las irregularidades detectadas parten de un dato contundente: de las 176 obras previstas con el dinero de la Reparación, solo se ejecutaron 84, es decir menos de la mitad.

El informe de Auditoría vuelve a poner el foco sobre ese período y reactiva un debate que combina responsabilidades técnicas y definiciones políticas, ahora con la Legislatura como escenario central.

Decisiones posibles

El desenlace institucional del proceso es claro en términos formales: la comisión debe emitir un dictamen que aconseje aprobar o rechazar la cuenta auditada -en este caso correspondiente a ejercicios como 2018 o 201- sin instancias intermedias.

Sin embargo, el camino hasta esa definición puede incluir medidas adicionales.

Ante eventuales indicios de irregularidades, la Bicameral tiene la facultad de recabar antecedentes y, eventualmente, remitir las actuaciones al Ministerio Público para su evaluación.

Aunque no existen plazos establecidos para este proceso, el ingreso del informe al circuito legislativo marca el inicio de una etapa decisiva, en la que el análisis político e institucional del caso podría escalar en función de las conclusiones que se alcancen.