La falta de personal de maestranza en escuelas de la provincia de Salta, especialmente en el interior, expone una problemática estructural que combina precarización laboral, desigualdad territorial y ausencia de respuestas concretas por parte del Estado. Así lo advirtió Andrea Carrizo, delegada de Maestranza del gremio DASA (Docentes Agremiados de Salta), en diálogo con El Tribuno.

Según explicó, el déficit de ordenanzas —como se denomina al personal de maestranza— se hace sentir con mayor crudeza en localidades del interior como El Galpón, Metán, Cafayate y en zonas rurales del Chaco salteño, donde directamente no hay personal asignado. “Muchas veces esas tareas las terminan haciendo otras personas, como personal de prefectura o incluso madres de alumnos”, señaló.

Carrizo detalló que, si bien actualmente existen alrededor de 3.800 ordenanzas en toda la provincia, no hay cifras precisas sobre el faltante real, especialmente en el interior. “Sería fundamental contar con ese dato para dimensionar el problema”, subrayó.

Lo que cierra todo es la falta de información sobre los números oficiales sobre la cantidad de trabajadores del sector por lo que no se puede saber tampoco sobre la situación real de los trabajadores, porcentaje de precarización, edad, tareas concretas, etc.

Trabajo esencial, salarios precarios

Uno de los puntos más críticos es la situación de las trabajadoras vinculadas a programas sociales o convenios municipales. En la capital salteña, unas 300 mujeres realizan tareas de maestranza a través del programa Potenciar Trabajo, percibiendo ingresos de alrededor de 150.000 pesos mensuales. En el interior, la situación es aún más grave: “Hay convenios municipales donde se paga hasta 80.000 pesos por el mismo trabajo”, denunció.

Las tareas, sin embargo, no difieren de las que realiza una ordenanza titular: limpieza, mantenimiento, asistencia en comedores escolares e incluso apoyo en situaciones de emergencia. “En las escuelas rurales hacen de todo: cocinan, buscan leña, trasladan chicos cuando se lastiman. Es impresionante la responsabilidad que tienen”, describió Carrizo.

Desigualdades

La dirigente gremial remarcó que las políticas de incorporación al sistema formal han beneficiado principalmente a trabajadoras de la capital, dejando relegadas a sus pares del interior. “Las chicas de capital han tenido más respuestas. En cambio, en el interior hay una gran preocupación porque muchas llevan años trabajando sin estabilidad ni reconocimiento”, afirmó.

El reclamo central es el pase a planta o la incorporación formal al sistema educativo provincial. “Lo importante es que puedan ingresar al sistema y cobrar un salario digno. Se trata de dignificar el trabajo”, sostuvo.

Reclamos y falta de diálogo

Carrizo también cuestionó las dificultades para avanzar en el diálogo con el Gobierno provincial. “Nos dicen que hay diálogo, pero no nos dejan trabajar como corresponde. Nuestro sector siempre fue el más golpeado”, expresó. En ese sentido, destacó que es la primera vez que una trabajadora de maestranza ocupa un rol dentro de un gremio docente, lo que considera un paso importante para visibilizar la problemática.

Entre los pedidos, además de la regularización laboral, se incluye el reconocimiento de condiciones insalubres de trabajo —por la exposición a productos químicos y tareas de limpieza— y la creación de un ítem diferencial para quienes trabajan en el interior.

Reconocimiento pendiente. Otro de los reclamos apunta al reconocimiento simbólico del sector. Si bien el 18 de septiembre fue establecido como el Día del Personal de Maestranza en el boletín oficial, aún no figura en el calendario escolar. “Es importante que se reconozca su labor. Son quienes abren y cierran las escuelas. Sin maestranza, no hay clases”, enfatizó.