Las partes querellantes en el caso $LIBRA se opusieron a la solicitud del empresario especializado en criptomonedas, Mauricio Novelli, que busca separarlas del expediente. Argumentaron que la investigación no se centra en una inversión fallida, sino en una maniobra fraudulenta llevada a cabo por una organización que presuntamente involucró sobornos, uso de información privilegiada, lavado de activos y tráfico de influencias.

“Cuando existe soborno de funcionarios públicos, uso de información privilegiada sincronizada en milisegundos, manipulación de algoritmos, triangulación de facturas offshore y posterior vaciamiento de cajas de seguridad bancarias para lavar los activos sustraídos, no estamos debatiendo sobre riesgos de inversión financiera, estamos describiendo una red de crimen organizado”, afirmó Martín Romeo, uno de los afectados, en una presentación ante el juez Marcelo Martínez De Giorgi.

El escrito, firmado por el abogado Nicolás Oszust, fue presentado en respuesta a la petición de Novelli, quien es uno de los principales investigados en el caso y alega que los querellantes deben ser excluidos del proceso. La defensa de Novelli sostiene que no hubo estafa, ya que quienes adquirieron el token asumieron los riesgos inherentes al mercado de criptomonedas.

En este contexto, Novelli también argumentó que la publicación realizada por el presidente de la Nación, Javier Milei, no constituyó una recomendación de inversión ni incluyó promesas de rentabilidad. Sin embargo, los damnificados rechazaron esta interpretación, alegando que el engaño radicaba en presentar a $LIBRA como “un genuino proyecto privado apoyado institucionalmente por el Estado argentino para financiar startups y pymes argentinas”, cuando en realidad “era una trampa de liquidez preprogramada”.

Los querellantes sostienen que la influencia de Javier Milei fue clave para que muchos decidieran invertir. Recuerdan que fue el Presidente quien hizo público el contrato para adquirir el token, dotando al proyecto de una legitimidad que generó confianza entre los inversores, mientras que la promesa de financiar emprendimientos y pequeñas empresas nunca se concretó.

En el expediente se presentan cinco querellantes, todos inversores que afirman haber perdido gran parte de sus ahorros tras el colapso de la criptomoneda. Desde el inicio de la investigación, han impulsado significativamente el caso. Advierte que el intento de excluirlos del proceso busca, en esencia, lograr un sobreseimiento anticipado de los imputados bajo la apariencia de una discusión procesal sobre la legitimación de las víctimas.

Los damnificados también señalaron que su condición de querellantes ya ha sido respaldada por diversas instancias judiciales, incluyendo la Cámara Federal, la Cámara de Casación y la Corte Suprema, así como la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien previamente se expidió cuando el caso tramitaba en San Isidro.

Uno de los ahorristas afectados destacó que, aunque conocía los riesgos del mercado de criptoactivos y tenía experiencia con este tipo de instrumentos, la naturaleza de la investigación excede la mera volatilidad de las inversiones.

“La hipótesis incorpora factores diferentes: posible manipulación coordinada, acceso anticipado a información, control concentrado del activo, finalidad económica aparente y retiro concertado de la liquidez aportada por los compradores”, sostuvo Juan Grabois, dirigente político y social, junto a sus letrados Nicolás Rechanik y Yamil Castro Bianchi.

Por su parte, Romeo, representado por Oszut, subrayó que la defensa de Novelli intenta “confundir, de manera maliciosa, el riesgo inherente a las inversiones en mercados no regulados con una maniobra de desapoderamiento doloso preprogramada”, comúnmente conocida en el ámbito cripto como “rug pull”.

El fraude no se limitó a ser una simple inversión que fracasó sino que consistió en “la construcción sostenida de una calidad simulada y una apariencia de empresa a escala estatal”. En esa línea, argumentó que los responsables alteraron las reglas del libre mercado mediante “el tráfico de influencias, la infiltración de la CNV, el uso de bots para manipular la liquidez con información privilegiada y la utilización de la figura del Presidente de la Nación como el máximo garante de confianza”.

Las querellas también recordaron que han solicitado indagatorias para los implicados, incluyendo la del propio Milei. En su presentación, señalaron que el equipo creador de $LIBRA habría retirado 44,5 millones de dólares a través del uso de información privilegiada y operaciones automatizadas ejecutadas segundos antes de que Milei publicara su mensaje que impulsó al token.

Asimismo, resaltaron que el fiscal Eduardo Taiano describió una hipótesis en la cual el equipo detrás de la criptomoneda realizó ventas masivas que posibilitaron el retiro de cerca de 100 millones de dólares, ocasionando pérdidas a más de 40.000 personas.

“La banda no se limitó a mentir en un folleto; la estructura del Estado Nacional dotó de una falsa legitimidad a un proyecto de desapoderamiento. Ese lavado de prestigio es el engaño idóneo, material y objetivo”, concluyó Romeo.

Ahora, será el juez y la fiscalía quienes deberán determinar si aceptan el pedido de Novelli para excluir a las víctimas como querellantes en el caso.