Funcionarios del gobierno afirmaron que ahora se evaluarán alternativas para la empresa, y señalaron que la falta de interés se debe a la desregulación del sector aerocomercial promovida durante la gestión de Javier Milei, la cual permitió la entrada de nuevos operadores en los servicios de asistencia en tierra en los aeropuertos argentinos.
Hasta el momento, 13 prestadores han sido habilitados para competir en este segmento, lo que ha alterado el entorno en el que históricamente operaba la empresa estatal. “La apertura del mercado modificó sustancialmente el contexto competitivo del sector, reemplazando un esquema monopólico por uno de competencia entre múltiples prestadores”, afirmaron.
En este sentido, destacaron que el proceso de saneamiento de la compañía y la posterior privatización fueron concebidos en un marco de mercado abierto, y no basados en una posición dominante otorgada por regulaciones estatales.
“El interés del sector privado por la empresa fue nulo, como evidenció la falta de presentaciones en la licitación. La experiencia acumulada durante este proceso brinda información relevante para evaluar futuras alternativas respecto a la compañía”, añadieron. Sin embargo, no especificaron las posibles opciones.
Desde el sector, por su parte, atribuyeron el insuceso de la licitación a las condiciones establecidas para la privatización, llegando a calificar a Intercargo como una empresa “invendible” en el actual contexto.
“El planteo era: quedátela, arreglate con los empleados y, además, te abro el mercado. La gente huye”, sintetizó una fuente con conocimiento del proceso.
La privatización implicaba la transferencia total de la empresa, con la salida completa del Estado de su participación accionaria, sin reservas de acciones ni representación en el directorio, y su continuidad como unidad operativa, resguardando sus contratos, licencias y operaciones en los 16 aeropuertos donde brinda servicios.
Antes de la desregulación, Intercargo operaba bajo un régimen de monopolio en los servicios de rampa, ya que las aerolíneas estaban obligadas a contratar sus prestaciones, salvo contadas excepciones de autoprestación. Actualmente, la empresa cuenta con una plantilla de 1560 empleados.
Los recurrentes conflictos laborales y las medidas de fuerza llevadas a cabo por sus trabajadores, cuando era el único operador del sector, afectaron en varias oportunidades la actividad aeroportuaria, un argumento utilizado por el Gobierno para justificar tanto la apertura del mercado a nuevos competidores como el avance del proceso de privatización.
La licitación fue objeto de críticas por parte de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), que en mayo denunció al presidente, al ministro de Economía y al presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) por el proceso de valuación de la empresa.
El gremio consideró que el precio base fijado (US$45 millones) era “cuanto menos inentendible”, dado que Intercargo reportó en su último balance un superávit superior a los US$20 millones. Asimismo, citaron declaraciones del jefe de Gabinete, quien ante el Congreso indicó que la empresa tenía activos corrientes por US$55 millones.
No obstante, una valuación encargada por el Estado a la consultora Deloitte estimó el valor de la compañía en aproximadamente US$30 millones, cifra que se encontraba por debajo del precio base establecido para la licitación.
El año pasado, el sindicato ya había solicitado una medida cautelar para detener la privatización, argumentando que el Poder Ejecutivo avanzaba con el proceso “sin cumplir el procedimiento obligatorio establecido en la Ley de Reforma del Estado (23.696)”, al no haberse realizado la tasación prevista por esa normativa.
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