Rodrigo Andr\u00e9s G\u00f3mez ten\u00eda veinti\u00fan a\u00f1os y era soldado del Ej\u00e9rcito Argentino. La madrugada del diecis\u00e9is de diciembre del a\u00f1o pasado, mientras estaba de guardia en su puesto, en la Quinta Presidencial de Olivos, se suicid\u00f3 de un disparo en la cabeza.<\/p>\n
Hubo una investigaci\u00f3n penal, con fiscal y juez federal, en la que despu\u00e9s de un an\u00e1lisis de los mensajes que el soldado hab\u00eda recibido en su tel\u00e9fono celular, se determin\u00f3 que hab\u00eda sido enga\u00f1ado por una banda que operaba en el penal de Magdalena, Buenos Aires. El modus operandi fue comunicarse por un tel\u00e9fono m\u00f3vil y hacerse pasar por polic\u00edas, para convencer al joven que la madre de una menor de edad lo estaba denunciando por acosar a su hija usando una app de citas. Lo extorsionaron y le hicieron pagar, hasta que simplemente no pudo continuar haci\u00e9ndolo y decidi\u00f3 terminar con su vida.<\/p>\n
Ese fue apenas uno de los hechos cometidos desde una c\u00e1rcel por internos. Otro se hizo desde una unidad penal de Mendoza, a una persona que viv\u00eda en Chubut, a la cual intentaron hacerle lo mismo que a G\u00f3mez. Por fortuna, en este caso el hecho se denunci\u00f3 y no lleg\u00f3 a consumarse. Vaya uno a saber cu\u00e1ntos m\u00e1s se habr\u00e1n cometido y lo que es peor, seguir\u00e1n cometi\u00e9ndose.<\/p>\n
Tambi\u00e9n ha pasado que el tel\u00e9fono m\u00f3vil es empleado dentro de una c\u00e1rcel para luego subir im\u00e1genes en las cuales un grupo de internas festeja el cumple de una de ellas, en un local bastante grande, con mesas, manteles, comidas, bebidas, globos rosas y regalos. Hay otras en las cuales otros internos hacen saludos tumberos no amigables desde el interior de una celda y m\u00e1s videos escandalosos, de esos que indignan a los ciudadanos decentes.<\/p>\n
\u00bfC\u00f3mo pudo llegarse a todo esto? Dicen los que saben que durante el aislamiento en la pandemia de Covid-19, una resoluci\u00f3n del Tribunal de Casaci\u00f3n Penal de la Provincia de Buenos Aires, del 31 de marzo del a\u00f1o 2020, autoriz\u00f3 la entrada de dispositivos m\u00f3viles a las unidades penales, para garantizar la comunicaci\u00f3n de los internos con sus familiares. No se fij\u00f3 ninguna fecha de duraci\u00f3n de la medida, por lo que sigue vigente.<\/p>\n
En otras provincias, como por ejemplo Santa Fe, las autoridades hacen requisas en las celdas de los penales y, entre otros objetos, secuestran tel\u00e9fonos m\u00f3viles en poder de los internos, lo cual permite decir que se trata de una prohibici\u00f3n que se hace cumplir. El problema es mucho m\u00e1s grave, porque s\u00f3lo en la Provincia de Buenos Aires, seg\u00fan cifras oficiales hay cerca de cincuenta mil l\u00edneas de telefon\u00eda celular habilitadas. La cifra no incluye los aparatos que ingresan por cualquier otro modo ilegal a las prisiones.<\/p>\n
La \u00faltima informaci\u00f3n disponible sobre cantidad de detenidos en las unidades penales de esa provincia dice que son m\u00e1s de sesenta y dos mil. En las comisar\u00edas, estar\u00edan alojados m\u00e1s de dos mil ochocientas personas. Estamos hablando de un \u00e1rea sensible de la seguridad bonaerense, que, si se ha distinguido por algo durante los \u00faltimos veinte a\u00f1os, fue por su notoria ineficacia y por un relato de escasa conexi\u00f3n con la contundencia de hechos como el que empezamos esta nota.<\/p>\n
Con un breve intervalo de cuatro a\u00f1os, durante los cuales otro sector pol\u00edtico gobern\u00f3 la Provincia de Buenos Aires, el resto del tiempo lo hizo el que todav\u00eda hoy cumple otro mandato. De ese sector -creador del auto denominado \u00abBatay\u00f3n (sic) Militante\u00bb- proviene un relato m\u00e1s cercano a los internos de las c\u00e1rceles que a las v\u00edctimas y concluye en que ser\u00eda pr\u00e1cticamente imposible privarlos del celular con el que hablan con sus familias. R\u00e1pidamente, el mismo relato adquiere un tinte apocal\u00edptico y sugiere que si eso se hiciera, habr\u00eda un mot\u00edn tras otro. Adem\u00e1s, la fuente del relato, como si fueran espectadores de un gran problema que no les incumbe, desliza que hubo una oportunidad para ir por los m\u00f3viles y fue cuando termin\u00f3 la pandemia, pero que se dej\u00f3 pasar. El cinismo no tiene l\u00edmites, porque desde el mismo sector que sigue gobernando, se asegura que desde que los internos pueden tener celulares en las prisiones, bajaron los niveles de conflictividad intramuros.<\/p>\n
Mientras tanto, en nuestra provincia, se tramita en la Legislatura un proyecto de ley para regular el uso de tel\u00e9fonos y redes en las c\u00e1rceles; propone bloquear las se\u00f1ales con equipos tecnol\u00f3gicos; dice que est\u00e1 inspirado en normas similares de otras provincias, como Buenos Aires, Corrientes y Santa Fe. Permitir\u00eda el acceso a las comunicaciones por tel\u00e9fonos comunes instalados en las c\u00e1rceles y en casos excepcionales, permitir las comunicaciones desde otros dispositivos supervisando las llamadas.<\/p>\n
La nuestra es otra realidad, para una poblaci\u00f3n carcelaria muy inferior a la de Buenos Aires. Aun as\u00ed, es un sistema carcelario con problemas de superpoblaci\u00f3n; convive con detenidos en dependencias policiales, en condiciones todav\u00eda peores a las de las c\u00e1rceles. Seg\u00fan datos oficiales, Salta tendr\u00eda tres mil novecientos noventa y cuatro (3994) internos en sus c\u00e1rceles. Claro que como \u00e9stas pueden alojar como m\u00e1ximo dos mil setecientos setenta y siete (2777), hay un exceso de mil doscientos (1200) internos. En esos establecimientos no est\u00e1 permitido el uso de tel\u00e9fonos celulares.<\/p>\n
Respecto de las comisar\u00edas no hay datos coincidentes. Oscila entre quinientos cincuenta (550) detenidos como m\u00ednimo y ochocientos (800) como m\u00e1ximo.<\/p>\n
En alg\u00fan momento del tr\u00e1mite que antes mencionamos, habr\u00e1 que analizar el tema de las atribuciones para legislar sobre el problema carcelario. Las penas -entre ellas, las privativas de libertad, como reclusi\u00f3n y prisi\u00f3n- est\u00e1n previstas en el C\u00f3digo Penal, para todo el territorio nacional.<\/p>\n
Dicho C\u00f3digo tiene varias leyes conocidas como complementarias, destinadas a regular los detalles.<\/p>\n
Entre \u00e9stas, una de las m\u00e1s importantes es la Ley Penitenciaria Nacional, aprobada por el Decreto-Ley 412\/58, luego ratificada por Ley 14467. Con distintas modificaciones parciales, rigi\u00f3 hasta el a\u00f1o 1996, en que fue derogada y reemplazada por otra, conocida como de Ejecuci\u00f3n de Penas Privativas de Libertad.<\/p>\n
En uno de sus art\u00edculos, el que lleva el n\u00famero 160, que modific\u00f3 el texto original, en el a\u00f1o 2017, la ley proh\u00edbe expresamente el uso de tel\u00e9fonos celulares, de la siguiente manera: \u00abQuedan prohibidas las comunicaciones telef\u00f3nicas a trav\u00e9s de equipos o terminales m\u00f3viles. A tal fin se deber\u00e1 proceder a instalar inhibidores en los pabellones o m\u00f3dulos de cada penal. La violaci\u00f3n a la prohibici\u00f3n prevista en este art\u00edculo ser\u00e1 considerada falta grave en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 85 de esta ley\u00bb. En el mismo sentido, el Reglamento de Comunicaciones de los Internos -Decreto 1136\/97-, en su art\u00edculo 129, se refiere a las comunicaciones telef\u00f3nicas y dice: \u00abEstas comunicaciones se efectuar\u00e1n exclusivamente mediante los tel\u00e9fonos p\u00fablicos habilitados en el establecimiento entre las ocho (8) horas y las veinte (20) horas. En todos los casos, el importe ser\u00e1 satisfecho por el interno.\u00bb<\/p>\n
Uno de los principales problemas argentinos es nuestro escaso apego a la ley, lo que es previo a la seguridad jur\u00eddica que se invoca como mantra para -entre otras cosas- promover inversiones. El tema objeto de esta nota lo ilustra muy bien. El hilo muy delgado de la extra\u00f1a concesi\u00f3n de una comunicaci\u00f3n prohibida por la ley, est\u00e1 en una resoluci\u00f3n judicial poco conocida. Nadie sabe si alguien la recurri\u00f3; si lleg\u00f3 a la Corte Suprema, etc.<\/p>\n
Con estos antecedentes, el Congreso de la Naci\u00f3n -el \u00fanico \u00f3rgano del poder que puede crear y modificar el C\u00f3digo Penal- podr\u00eda resolver la gran conectividad de los internos no ya con sus familias, sino tambi\u00e9n para impedir o al menos dificultar que un n\u00famero indeterminado de ellos siga activo cometiendo delitos, incluido el narcotr\u00e1fico, dentro de las c\u00e1rceles. No vendr\u00eda mal un profundo examen de los contratos de concesi\u00f3n del servicio de telefon\u00eda m\u00f3vil y por qu\u00e9 no, del listado de los titulares de cada l\u00ednea habilitada.<\/p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Rodrigo Andr\u00e9s G\u00f3mez ten\u00eda veinti\u00fan a\u00f1os y era soldado del<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":15297,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[],"class_list":["post-15296","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-pais"],"yoast_head":"\n