Martín Lousteau defendió el papel de los impuestos: “Todos los derechos cuestan y alguien los tiene que pagar”
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Martín Lousteau defendió el papel de los impuestos: “Todos los derechos cuestan y alguien los tiene que pagar”

actualidad
20/11/2026 por: Redacción de la Radio
Martín Lousteau cuestionó la idea de que pagar impuestos equivalga a un robo y sostuvo que los tributos son necesarios para financiar los derechos y servicios de los que se beneficia la sociedad. Para explicar su postura, comparó el sistema tributario con la cuota de un club: un aporte que permite mantener instalaciones y servicios utilizados por sus integrantes, aunque no hayan participado de su construcción.

Durante una columna, el economista puso en discusión el argumento que presenta los impuestos como una pérdida individual. En su lugar, propuso debatir qué se financia con esos recursos, quién debe pagarlos y de qué manera los administra el Estado.

“Me gusta pensar que el impuesto es como la cuota de un club. Vos pagás una cuota porque pertenecés a un lugar, pertenecés a una comunidad, pero estás usando cosas de ese club”, explicó.

Como ejemplo, enumeró algunas de las instalaciones que los socios usan sin haber construido: “Vos no hiciste la pileta, no hiciste la cancha de fútbol, no hiciste la cancha de rugby, no hiciste el gimnasio. Estás usando algo que construyó otro en otro momento”.

A partir de esa comparación, planteó que la discusión no debería limitarse a cuestionar el pago de impuestos, sino que también tendría que considerar cuánto cuestan los servicios y con qué calidad se administran. “Cuando alguien va a la asamblea de un club, no dice: ‘La cuota es un robo’. En todo caso, discutirá si es cara o no, si se puede administrar mejor o si hay que arreglar tal o cual cosa”, señaló.

La reflexión se produjo después de que en el programa se difundieran declaraciones del presidente Javier Milei, quien había definido al Estado como una “organización criminal” y a los impuestos como “un robo” y “una rémora de la esclavitud”. Lousteau objetó esa visión y advirtió que el debate también debe incluir los servicios y las instituciones financiados con la recaudación.

Lousteau también puso en duda la distinción entre derechos individuales y sociales. Según explicó, las libertades relacionadas con la propiedad, la vida y la expresión requieren recursos públicos para poder ejercerse.

“Para que vos puedas tener derecho a la vida tiene que haber policía, un sistema jurídico, un sistema penitenciario e infraestructura”, afirmó.

El economista extendió ese razonamiento al derecho de propiedad. “Para que tengas derecho a la propiedad tiene que haber jueces y leyes. Para que tu propiedad valga lo que vale, tiene que haber iluminación pública, una calle y gas”, enumeró.

Además, señaló que la libertad de expresión necesita instituciones que protejan a quienes la ejercen y que la libertad religiosa requiere mecanismos para impedir persecuciones y agresiones.

Para ilustrar su argumento, recordó el incendio de Westhampton, ocurrido en agosto de 1995 en el estado de Nueva York. De acuerdo con su relato, el fuego permaneció fuera de control durante 36 horas y requirió un operativo en el que participaron fuerzas locales, estaduales y federales, además de bomberos voluntarios y equipos militares y civiles.

“Fuerzas locales, estaduales, federales, 1.500 bomberos voluntarios, equipos militares y civiles gastaron millones y millones de dólares. No se murió nadie y no se perdieron propiedades”, recordó.

Para Lousteau, el episodio muestra cuánto cuesta proteger la propiedad privada y garantizar la seguridad de las personas. También comparó esa respuesta con la actuación frente a catástrofes en la Argentina y mencionó el caso de Bahía Blanca.

Su cuestionamiento apuntó a una contradicción que observa en el debate público: mientras se discute cuánto cuestan las jubilaciones, la educación o las pensiones por discapacidad, no suele ponerse el mismo énfasis en los recursos necesarios para garantizar la seguridad, la justicia y la propiedad privada.

“Parece que lo otro no cuesta, pero los derechos sociales sí cuestan”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que bajar los impuestos no elimina el costo de las prestaciones públicas, sino que puede trasladarlo a otros sectores de la sociedad. “Cuando vos lo que hacés es bajarle impuestos al que más tiene, no es que el costo de proveer derechos desaparece, sino que empieza a haber desfinanciamiento”, planteó.

El economista también cuestionó decisiones tributarias del Gobierno. Mencionó como ejemplo el aumento del impuesto a las Ganancias y lo contrapuso con las reducciones aplicadas a los vehículos de alta gama, los yates y Bienes Personales, además del blanqueo de capitales.

De todos modos, aclaró que su postura no supone defender cualquier impuesto ni cualquier nivel de recaudación. Para Lousteau, también hace falta discutir cómo se distribuyen los recursos y qué gastos deben tener prioridad.

Otro tramo de la columna estuvo dedicado a la administración de los fondos públicos. Lousteau sostuvo que el Estado necesita financiamiento, pero también capacidad para ofrecer servicios de calidad.

Para describir el problema, retomó una comparación atribuida al jurista Carlos Nino: si una institución debe entregar leche a diez niños y de pronto tiene que atender a cien, necesita producir 90 porciones más. Si no consigue los recursos para hacerlo, puede diluir la leche y reducir su calidad.

El economista recurrió a ese ejemplo para cuestionar el funcionamiento de los servicios públicos y la falta de planificación frente a una demanda creciente.

“Nuestro Estado parece que, en lugar de gestionarse bien y garantizar esos derechos, diluyó la calidad de los bienes que brindamos”, sostuvo.

También recordó un discurso del expresidente uruguayo José Mujica, quien al asumir había dicho que la educación sería la primera, segunda y tercera prioridad de su administración. Lousteau resaltó otro aspecto de aquella intervención: la necesidad de definir a qué políticas se debe renunciar para financiar las que se consideran prioritarias.

El planteo fue que la discusión presupuestaria no puede limitarse a enumerar derechos o prometer prestaciones. También exige establecer prioridades y asegurar los recursos necesarios para cumplirlas.

En ese marco, cuestionó que el superávit fiscal se interprete necesariamente como un resultado favorable para todos los sectores. “Cuando el Estado dice que pasó a superávit, en el fondo le pasó el déficit a las familias”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó a los hogares que se endeudan cuando sus ingresos no alcanzan para cubrir los gastos y a las pequeñas y medianas empresas que recurren al crédito cuando bajan sus ventas.

Lousteau también advirtió sobre las consecuencias que la pérdida de empleo registrado puede tener para el sistema previsional. Al referirse a cómo aumentar los recursos destinados a las jubilaciones, explicó que los trabajadores en relación de dependencia realizan aportes distintos de los correspondientes al monotributo.

“El trabajo en relación de dependencia es el que más aporta a la jubilación”, señaló.

A partir de ese diagnóstico, sostuvo que la caída de los empleos registrados compromete los ingresos futuros del sistema. “A medida que perdés trabajadores en relación de dependencia, más problemas vas a tener a futuro para pagar las jubilaciones”, advirtió.

El economista remarcó que el paso de trabajadores a modalidades con menores contribuciones o directamente a la informalidad representa un problema fiscal. “Estás generando un problema fiscal muy grande con el principal gasto que tiene cualquier Estado moderno, que es el sistema previsional”, afirmó.

También rechazó que ese cambio responda necesariamente a una decisión voluntaria de los trabajadores. “No es que hay un deseo profundo de decir: ‘Quiero ir a ser Rappi’”, sostuvo.

Para mostrar esa situación, contó el caso de una persona que analizaba cerrar su emprendimiento de venta de ropa y tenía que buscar otra actividad para mantener sus ingresos. Según planteó, la pérdida de puestos de trabajo y el cierre de pequeños negocios pueden empujar a más personas hacia ocupaciones informales, con efectos sobre los aportes al sistema jubilatorio.

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