Este pronunciamiento se produce en un momento en que diversas economías del mundo debaten la continuidad del respaldo gubernamental para gestionar las facturas energéticas.
Además, sugiere una concordancia con la estrategia del gobierno actual, que ha implementado recortes drásticos a los subsidios, resultando en un impacto negativo en los ingresos disponibles de los ciudadanos. Desde diciembre de 2023, el costo de la canasta de servicios públicos en el Área Metropolitana de Buenos Aires se incrementó un notable 867%, cifra que supera ampliamente el 254% de aumento del índice de precios al consumidor, según el Observatorio de Tarifas y Subsidios de la Universidad de Buenos Aires.
La postura del Fondo
Frente a las reiteradas alzas en los costos energéticos, los gobiernos han intentado limitar las tarifas con el objetivo de resguardar a los consumidores. Sin embargo, el FMI, en su reciente informe del Panorama Económico Mundial, ha alertado que “las intervenciones no focalizadas profundizan las vulnerabilidades fiscales y reducen el margen presupuestario”.
Por un lado, el organismo señala la “falta de focalización y distorsión del mercado”. En el informe se indica que “la implementación de subsidios discrecionales o generalizados a los precios de la energía y tarifas altera las señales de mercado” y se subraya que tales medidas deben ser “temporalmente aplicadas y bien dirigidas hacia los sectores vulnerables”.
El Fondo estima que proteger a los hogares de menores ingresos a través de subsidios al consumo puede resultar entre tres y seis veces más costoso que implementar transferencias más focalizadas. Cuando el subsidio se otorga a los productores para mantener tarifas bajas, la diferencia puede llegar a ser entre 14 y 22 veces mayor.
Asimismo, el FMI sostiene que “los subsidios no focalizados a los combustibles y tarifas suelen ser regresivos, ya que benefician desproporcionadamente a los sectores de mayores ingresos, que consumen más energía, en lugar de canalizar recursos hacia las familias más vulnerables”. Además, advierte que las tarifas artificialmente bajas pueden desalentar el ahorro de energía.
Por otro lado, advierte que “mantener esquemas de subsidios masivos indefinidamente consume recursos fiscales críticos, lo que obliga a incrementar la deuda a corto plazo o a recortar inversiones productivas en el largo plazo”.
Además, el Fondo sugiere que los recursos liberados al reducir subsidios a la energía podrían destinarse a “reducir el pago de intereses y mitigar los riesgos de liquidez e inestabilidad financiera”. En este sentido, la interpretación desde el contexto argentino parece clara: “disminuyan los subsidios y abonen la deuda”.
En contraposición, se encuentran las familias. Por ejemplo, la canasta de servicios públicos en el AMBA alcanzó los $289.622, lo que representa el 14% de un salario promedio, de acuerdo con un relevamiento mensual realizado por la UBA y Conicet. Este monto denota un incremento del 54% en comparación con el mismo mes del año anterior.
