La reglamentación de la Ley de Discapacidad, una oportunidad para el Gobierno
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La reglamentación de la Ley de Discapacidad, una oportunidad para el Gobierno

actualidad
22/11/2026 por: Redacción de la Radio
Buenos Aires, 22 de noviembre (NA) -- La aprobación por unanimidad de una Ley Permanente de Discapacidad que mantiene los beneficios de la emergencia del sector contiene un lado B: la reglamentación. La demora del decreto para implementar la normativa o la letra chica de la disposición representan una oportunidad para el ala dura del Gobierno, compuesta por el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, en pos de trabar los beneficios. Por el momento, en la administración libertaria no dan señales sobre cuándo aparecerá el decreto para que la ley tenga funcionamiento. Pero ya hay antecedentes de proyectos que tuvieron sanción parlamentaria, que fueron considerados costosos desde el punto de vista económico y que la reglamentación dejó sin aplicación. Hay casos concretos que se vieron en 2025. El presidente Javier Milei promulgó las leyes de emergencia pediátrica, financiamiento universitario y emergencia en Discapacidad, la base de la ley que se aprobó en la Cámara alta el jueves, pero sin partidas. Una serie de propuestas opositoras. El argumento que en ese entonces utilizó el economista para rechazar las leyes fue que el Congreso no determinó las fuentes de financiamiento, ni incluyó las partidas necesarias en el Presupuesto Nacional para la práctica de los textos. Detrás de los números, y justificaciones presidenciales, siempre estuvo “Toto” Caputo. El fundamentalista del cuidado de las cuentas públicas no está dispuesto a sumar erogaciones y muchos en la administración libertaria lo señalan como el principal ideólogo de los cambios en el sistema en discapacidad que se vieron en el Presupuesto 2027. Modificaciones que no fueron del agrado de la jefa del bloque violeta en la Cámara alta, Patricia Bullrich, quien en respuesta impulsó una iniciativa con los provechos de aquella ley de emergencia en discapacidad. La que había sido rechazada por la administración Milei. Claro está, la senadora que suele marcar diferencias de manera constante con el jefe de Estado estará atenta al decreto reglamentario. La demora o los cambios que existan en la disposición pueden significar otro frente de combate para la representante violeta con el año electoral cada vez más cerca. El proyecto sobre discapacidad consiguió un importante respaldo en el Senado. El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, el libertario Agustín Monteverde, defendió la decisión de su espacio de buscar una ley permanente en lugar de prorrogar la emergencia por otro año más, como querían las organizaciones de discapacidad. "La única forma de salir de la emergencia en discapacidad es con reglas estables, generando previsibilidad. Este proyecto crea un régimen que asegura la continuidad de las prestaciones, pensiones, coberturas y su compatibilidad con el trabajo", planteó durante el debate. Entre sus principales puntos, permite mantener la compatibilidad entre el cobro de una pensión no contributiva por discapacidad, equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo, y el desempeño de un empleo formal o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos vitales y móviles. El beneficio alcanza a los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD). Además, conserva el principio de nomenclador único, ratifica la actualización automática y periódica de los aranceles de las prestaciones según el índice de movilidad jubilatoria —vinculado al IPC— y garantiza la cobertura básica de protección médica del programa federal Incluir Salud para quienes perciban la pensión por discapacidad. En materia de financiamiento, establece que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la del ejercicio fiscal anterior. Por otra parte, crea un sistema de auditorías periódicas que contempla el cruce de información entre la ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), bajo el principio del debido proceso inclusivo. Y se incorporó una cláusula transitoria que establece un cronograma para el pago de las compensaciones adeudadas a los prestadores, con un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la norma. Agencia NA