El próximo viernes 12 de junio, SpaceX realizará su debut en la Bolsa de Nueva York. La prestigiosa compañía, bajo la dirección de Elon Musk, tiene como meta llevar a cabo la más grande oferta pública inicial (IPO) de la historia, con un objetivo de recaudación de 75.000 millones de dólares, lo que le permitiría alcanzar una valoración total de 1,77 billones de dólares.

Si logra este objetivo, superaría el récord vigente de la petrolera saudita Aramco, que en 2019 recaudó 25.600 millones de dólares.

SpaceX, destacada en el sector aeroespacial, pondrá a disposición 555 millones de acciones a un precio de 135 dólares cada una. Esto la posicionaría, desde su estreno, entre las empresas cotizadas más valiosas del mundo.

El equipo de Research de IOL Inversiones describió la operación como “una apuesta tan ambiciosa como riesgosa”. Aunque el modelo de negocio, respaldado por las ganancias de Starlink, la innovación en lanzamientos y el avance en inteligencia artificial, es atractivo, el análisis también señala una desaceleración del 15% en los ingresos proyectados para el primer trimestre de 2026 y una pérdida operativa que alcanzaría los 1.900 millones de dólares.

Este déficit se atribuye a los gastos vinculados con el desarrollo de xAI, lo que lleva a la empresa a buscar financiamiento en el mercado de capitales.

“La pregunta no es sobre la calidad del negocio, sino el precio: a la valoración de salida, gran parte del potencial de la IA parecería estar descontado, por lo que sugerimos cautela antes de convalidar el múltiplo”, señala el informe. No obstante, los analistas advierten que, dado el bajo float (acciones en circulación) —solo se ofrecerá inicialmente el 30% del capital—, esto podría hacer que el precio se eleve en su debut.

Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, subrayó que este movimiento busca “financiar la próxima etapa de crecimiento de SpaceX y acelerar el desarrollo de sus proyectos aeroespaciales”. También destacó que la cifra de recaudación equivale a casi el doble del financiamiento que Argentina recibió del Fondo Monetario Internacional durante la gestión de Mauricio Macri.

A raíz de la atención internacional que ha suscitado esta operación, muchos se preguntan si será posible participar de este evento desde los mercados locales. En un principio, el acceso a las acciones estará limitado a la Bolsa de Nueva York. “Para los inversores argentinos, inicialmente el acceso sería restringido y estaría principalmente disponible a través de cuentas de inversión en Estados Unidos”, precisó Lazzati.

No obstante, Gustavo Neffa, director de Research for Traders y Fin.Guru, reveló una posibilidad que podría facilitar la inversión en la empresa de Elon Musk desde Argentina. “De buena fuente: ByMA está trabajando en emitir el Cedear de SPCX”, comunicó a través de sus redes sociales. Se refiere a los Certificados de Depósito Argentinos, que permitirían adquirir acciones de la firma en el mercado local, incluso en pesos.

Al ser consultados, representantes de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) mantuvieron la cautela y afirmaron que “por el momento no hay información para compartir sobre este tema en particular”. Sin embargo, se comprometieron a informar si hay novedades al respecto.

Neffa también comentó que existe un “boom” por el IPO de SpaceX, relacionado con el crecimiento del turismo espacial y las expectativas geopolíticas en torno a la compañía, que planea lanzar satélites que potencialmente albergarían centros de datos en el espacio. “La economía del espacio tiene múltiples dimensiones, de las cuales se benefician numerosas compañías proveedoras de aplicaciones, servicios y fabricación”, añadió.

Mientras se espera la confirmación del lanzamiento del Cedear de SpaceX en el mercado local, subrayó que “en Argentina no podrás exponerte más allá del impacto que tendrán otras empresas como AST SpaceMobile y Rocket Lab”. Estas últimas están vinculadas a la actividad aeroespacial, con AST SpaceMobile centrada en el diseño y fabricación de satélites, y Rocket Lab enfocada en el desarrollo de servicios de lanzamiento orbital comercial.

El analista adelantó que ambas compañías podrían verse beneficiadas por el efecto que generará el IPO de SpaceX en el mercado. Esta sería una vía indirecta para participar de esta ola, dado que cada una cuenta con Cedears en el mercado argentino, facilitando así el acceso a los inversores locales.

Desde IOL coincidieron con esta observación: “La operación podría revalorizar a proveedores de IA y empresas espaciales comparables, con Tesla siendo arrastrada por un efecto halo/contagio”. Así, presentaron diversas estrategias de inversión que incluyen a compañías que podrían tener un repunte gracias al ingreso de la empresa de Elon Musk a la Bolsa.

La tensión política se intensificará nuevamente en el Senado con la decisión del gobierno de Javier Milei de avanzar en la reestructuración de un Poder Judicial con un enfoque libertario, que incluye las negociaciones para la aprobación de más de 70 nombramientos judiciales que el Poder Ejecutivo ha enviado en el último mes y medio. El proceso legislativo para esta nueva ronda de pliegos judiciales comienza con incertidumbre. Tras el caso de María Verónica Michelli, quien recibió la aprobación del Senado a pesar del rechazo de La Libertad Avanza (LLA), se ha generado un clima de tensión tanto en el oficialismo, debido al desmarque de Patricia Bullrich, como entre legisladores de los bloques identificados como dialoguistas. En este contexto, la mayoría de las postulaciones aún carecen de fecha para la audiencia pública en la Comisión de Acuerdos, presidida por Juan Carlos Pagotto (La Rioja), un oficialista alineado con los intereses de Karina Milei y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, quienes fueron responsables de activar el veto presidencial a Michelli. Esta segunda fase de debate comenzará este martes a las 10, con la discusión en comisión de solo siete nominaciones, todas del fuero laboral. Esto representa apenas el 10% de los 71 pliegos que han llegado a la Cámara alta en distintas tandas, cada uno respaldado por la firma del Presidente y su ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. No obstante, aunque comenzaron a ingresar al Senado el 24 de abril, el resto de los pliegos carece de fecha para su tratamiento, lo que provoca descontento en varios bloques políticos. Este hecho es relevante dado que entre estas nominaciones se encuentran varios postulantes negociados por gobernadores y senadores con la Casa Rosada a cambio de apoyo a las iniciativas del gobierno de Milei. La lista incluye nombramientos de jueces federales, fiscales y defensores oficiales en distintas provincias, como Río Negro, Formosa, La Rioja, Santiago del Estero, Gualeguaychú (Entre Ríos), San Martín, Lomas de Zamora, Mar del Plata, San Justo (Buenos Aires) y San Juan. También se prevé la designación de magistrados en otras provincias como Córdoba, Tucumán, Chaco, Corrientes, Misiones, Salta, Rosario (Santa Fe), Catamarca y Comodoro Rivadavia (Chubut). Existe la expectativa de que se pueda anunciar una primera decisión este martes, cuando Patricia Bullrich se reúna con los líderes de los bloques dialoguistas de la oposición para definir una estrategia sobre los proyectos que el Poder Ejecutivo ha enviado al Senado recientemente. Entre estos se encuentran dos iniciativas relevantes que, por diversas razones, se encuentran actualmente estancadas: la reforma electoral, que busca eliminar las elecciones primarias (PASO), y la propuesta de inviolabilidad de la propiedad privada, que pretende facilitar los desalojos por usurpaciones y suavizar los controles para la venta de tierras a extranjeros. No se descarta que estos proyectos, junto con otras propuestas que han sido aprobadas en Diputados (como las zonas frías y la ley hojarasca), sean parte de un acuerdo para avanzar con los pliegos judiciales a cambio de votos en el recinto. La audiencia de este martes contará con la presencia de siete candidatos, en su mayoría para el fuero laboral, entre los que destacan Marina Edith Pisacco y Víctor Arturo Pesino. En el caso de Pisacco, postulada para vocal de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, existen cuestionamientos sobre su relación con el periodista de TN, Adrián Ventura. En el Senado, hay quienes se preguntan si Milei decidirá rechazar su candidatura por esta conexión con un miembro de la prensa, al igual que ocurrió con Michelli, quien fue descartada para un tribunal penal en La Plata por ser cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, responsable de investigar el caso $LIBRA. Pesino busca continuar en la Sala VIII de la Cámara de Apelaciones del Trabajo por cinco años más una vez que cumpla los 75 años, la edad límite para los magistrados según la Constitución. Sin embargo, enfrenta diversas impugnaciones impulsadas por la CGT, sindicatos y abogados laboralistas, en relación a algunas de sus decisiones, destacando una reciente que levantó una medida cautelar solicitada por la central obrera para evitar la aplicación de la ley de reforma laboral. Los otros candidatos que comparecerán este martes ante la Comisión de Acuerdos son Diego Fernando Manauta, propuesto para la Sala V; María Claudia Jueguen (Sala X); Diego Javier Tula (Sala II); Claudio Fabián Loguarro (Sala III); y Leopoldo Rago Gallo, propuesto para el Juzgado Federal 2 de la ciudad de San Juan.

El coste de enviar un contenedor desde China hasta Argentina es inferior al de trasladar una carga desde una localidad en Salta hasta el puerto de Buenos Aires, según coinciden empresarios del sector agropecuario y especialistas en comercio exterior. Esta discrepancia no solo revela uno de los obstáculos que enfrentan los productores locales, sino que también los pone en desventaja frente a los pagos realizados por competidores de países limítrofes. Este escenario logístico constituye uno de los problemas estructurales más persistentes de la economía argentina.

Los productores, que deben mover sus productos desde el interior hacia los principales centros de consumo, y los exportadores enfatizan que así como se analizan el tipo de cambio, la carga impositiva y las normativas laborales, es igualmente necesario abordar la cuestión logística. Este eslabón de la cadena, insisten, es determinante para mantener la competitividad.

“La logística argentina es la más cara de América del Sur, mucho más que Chile y Brasil, especialmente en el movimiento interno”, sintetiza Raúl Robin, productor y director de Economías Regionales de CAME. “Los costos, hasta la entrega en aduana, son extremadamente altos. Esto impacta directamente en la competitividad de nuestras exportaciones”.

Robin subraya, citando un estudio de Arquímedes Carrizo & Asociados, que uno de los principales inconvenientes es el alto costo logístico interno. Argentina depende casi en su totalidad del transporte por camión para llevar la producción a los puertos, sobre todo al complejo portuario de Rosario y Buenos Aires, lo que encarece el costo logístico en aproximadamente un 24% respecto a Brasil y hasta un 40% en comparación con Chile en ciertos aspectos relacionados con combustibles y mano de obra.

El informe resalta que, a pesar de la vasta distancia geográfica, Brasil ha logrado mejorar su competitividad mediante significativas inversiones en ferrocarriles, vías de navegación, y puertos privados especializados, lo que ha permitido reducir los costos de transporte y exportación. En contraste, Chile cuenta con un sistema portuario altamente eficiente y digitalizado, con menor burocracia, lo cual permite reducir los tiempos operativos y los gastos significativamente.

Además, se menciona la merma de competitividad del puerto de Buenos Aires frente al crecimiento del puerto de Montevideo, que ha incrementado su movimiento de carga en aproximadamente un 50%, beneficiándose de costos más bajos, mayor previsibilidad y mejor eficiencia logística.

Mientras Brasil y Chile “han avanzado en modernización logística y reducción de costos exportadores”, Argentina “sigue lidiando con una estructura logística más costosa e ineficiente, lo que eleva artificialmente sus exportaciones y disminuye su competitividad internacional”.

En las economías regionales del norte argentino, Robin señala que el impacto es significativo, especialmente en productos sin valor agregado, lo que ha llevado a algunas empresas a reconsiderar su modelo de negocio debido a que la logística ha erosionado su rentabilidad. Marcelo Orchansky, director de Córdoba Internacional, coincide. “El puerto de Buenos Aires sigue siendo el más importante del país porque alberga los mayores centros de consumo y las empresas importadoras, pero para la región interior a menudo no resulta eficiente”. Aunque admite que ha habido mejoras tras las últimas desregulaciones, el costo de mover una carga al interior se ve afectado por gastos adicionales, además de la logística interna, el Precinto Electrónico de Monitoreo Aduanero (Pema), los depósitos fiscales y los tránsitos.

Robin ilustra una situación que parecería ridícula en otro contexto: “En ocasiones, no resulta rentable llevar un contenedor hasta Rosario. Es más conveniente descargarlo en Buenos Aires y transportarlo por camión. Dependiendo del destino, los empresarios incluso pueden considerar puertos chilenos para Cuyo o Montevideo para el noreste”. Para dar un ejemplo cuantitativo: transportar un contenedor de 40 pies desde China hacia Córdoba a través de San Antonio (Chile) cuesta alrededor de US$7275. La misma operación via Buenos Aires se eleva a US$9330, un 28% más. Si se opta por Rosario, el coste es de aproximadamente US$9166 (26% más costoso que la opción chilena), y si se utiliza Montevideo se llega a US$10,129, un 39% más alto que San Antonio.

Al analizar componentes específicos, se observa que los costos portuarios en Buenos Aires alcanzan hasta US$1250 para un contenedor de 40 pies y US$1350 para un 40 HC (High Cube), en comparación con US$350 en San Antonio, lo que representa diferencias de 257% y 285%, respectivamente. Las tarifas de agencia también muestran una marcada disparidad: US$615 en Buenos Aires frente a US$135 en San Antonio (350%); en tránsito y documentación, Montevideo presenta costos de US$675, comparado con US$150 en Chile y US$250 en Buenos Aires o Rosario. En cuanto a precintos y controles, estos suman US$300 en Argentina y US$171 en Uruguay, mientras que en Chile este cargo no existe.

A los gastos adicionales, Buenos Aires suma costos por vacío y lavado de US$52, además de otros cargos de origen por US$150; mientras que en Chile se aplican costes de garantía por US$150, emisión de BL (Bill of Lading) por US$60 y gastos bancarios por US$80.

Orchansky también proporciona datos sobre los costos terrestres. Trasladar un contenedor desde San Antonio hasta Córdoba cuesta alrededor de US$2500. Desde Buenos Aires, el costo asciende a aproximadamente US$1500 y desde Rosario a US$1400. Estos tramos terrestres internos en Argentina son un elemento crucial, ya que, además del costo económico, generan demoras en rutas y tiempos de inactividad; el costo logístico interno puede representar hasta un tercio del total de la importación.

“Argentina necesita mejorar sus puertos hacia el interior -asegura el experto- y establecer reglas claras para los tránsitos internacionales. Documentar una carga en tránsito hoy implica garantías, permisos, depósitos fiscales, turnos limitados y costos adicionales”. En comparación con Brasil, Argentina cuenta con “menos puertos operativos y menor competencia logística”.

Cada inconveniente suma tiempo y gastos, afectando la competitividad final de cualquier producto argentino. Un reciente informe de la Bolsa de Comercio de Rosario sobre el costo del flete camionero durante el segundo trimestre de 2025 indica que transportar granos en Argentina es un 32% más costoso que en Brasil y un 28% más que en Estados Unidos para distancias similares de 320 kilómetros.

El análisis subraya que la incidencia de la logística puede convertirse en un asunto crítico para las zonas alejadas de los puertos. Por ejemplo, transportar granos de Salta al Gran Rosario representa hasta el 28% del valor del maíz y el 19% del precio de la soja. Antes de la exportación, casi un tercio del valor del producto ya se ha destinado al transporte. En cambio, para los productores de la zona núcleo, estos costos representan aproximadamente el 11% en maíz y el 7% en soja. “El peso de los costos logísticos y de transporte ha sido históricamente un punto de preocupación para todo el sector agrícola”, advierte el informe.

El problema no es exclusivo del campo, sino que afecta a múltiples sectores. Desde industrias que requieren insumos importados hasta pymes que exportan manufacturas, los protagonistas del sector destacan la dificultad añadida que supone el costo logístico.

Gabriel García Polignano, tesorero de la Asociación Argentina de Logística Empresaria (ARLOG) y gerente de Celsur, agrega que “hoy en día, en términos de costo unitario en dólares, somos competitivos”, pero el verdadero inconveniente surge al sumar factores como “infraestructura, convenios colectivos desactualizados, la llegada de nuevas tecnologías que no han escalado, falta de previsibilidad y la alta dependencia del camión como medio de transporte, así como una carga impositiva elevada”.

El empresario sintetiza la situación de la siguiente manera: “Si consideramos 100 como el costo en Brasil, Chile tiene 94 en la conformación de la matriz ponderada, y Argentina se sitúa entre 115 y 120”.

En relación al progreso en la superación de estos desafíos, califica el avance como “de lento a muy lento”. “Deseamos evolucionar en qué y cómo transportamos, pero las rutas no lo permiten debido a su mal estado. Las concesiones ferroviarias están vencidas y las renovaciones se hacen anualmente, lo que no brinda previsibilidad para inversiones; lo mismo ocurre con los puertos y vías navegables. A pesar del auge de Vaca Muerta y Salta, la infraestructura logística hacia esos destinos es precaria y antigua, lo que origina cuellos de botella en todo el sistema”.

Para el mediano plazo, “hay ideas, pero no proyectos a gran escala que puedan concretarse en cinco u ocho años”.

“Nosotros ofrecemos productos a Brasil y terminan siendo mucho más caros que los chinos”, resume Elsa Marinucci, socia y directora de Transmodal Worldwide Logistics. Ella añade que toda la logística regional soporta especialmente sobre el transporte automotor.

“Ninguno de los países tiene un sistema ferroviario realmente robusto” -evalúa-, “pero incluso en este aspecto, Brasil ha logrado construir ventajas significativas. Tiene muchas empresas de transporte con grandes flotas, costos laborales más bajos y subsidios a combustibles. La oferta es lo que realmente hace competitivo al sistema”. En Argentina, por el contrario, el transporte está condicionado por una red fragmentada y costosa.

Marinucci también indica que el costo del trayecto Rosario-Buenos Aires para un contenedor de ida y vuelta ronda los US$1500. “Hacia Córdoba, el precio se incrementa aún más. Eso, por sí solo, ya constituye un problema”. Además, subraya que es fundamental considerar que el estado de las rutas locales es “deficiente y las normativas aduaneras incrementan todos los costos”. En concreto, la mercancía precintada desde una aduana externa hacia una interna debe seguir la ruta establecida por Aduana, que a menudo no es la más rápida ni la que presenta las mejores condiciones.

Las diferencias tecnológicas también son relevantes. Mientras que Chile, Brasil o Uruguay han avanzado hacia procesos aduaneros completamente digitalizados, en Argentina persisten procedimientos manuales, explican los expertos en comercio exterior.

Jorge de Mendonça, responsable técnico de la Asociación Intermodal de América del Sur (AIMAS), asegura que en Argentina el camión “se trata mal. La mayoría de los servicios están tercerizados, lo que genera sobrecostos; los vehículos están en malas condiciones y su mantenimiento se vuelve cada vez más costoso. Las tarifas son engañosas porque el sistema está roto”.

Según el especialista, el problema se intensifica a causa del estado de la infraestructura vial: “El transporte ferroviario argentino es una hipocresía absoluta; solo una de cada 3000 empresas es atendida por el tren”. Plantea que es necesario articular el ferrocarril con el transporte automotor y las embarcaciones de cabotaje, creando una red intermodal que permita “reducir costos, aumentar la eficiencia y democratizar el acceso al transporte de cargas”. Según datos oficiales, el 74% del servicio de trenes de carga es utilizado por nueve grandes compañías. Si se excluye a Ferrosur Roca, que destina el 92% de su actividad a negocios no relacionados con la agricultura, las ocho mayores empresas son del sector agro. Además, otras 211 firmas emplean el sistema.

“El país opera sobre una red profundamente descapitalizada. Hay 15,000 kilómetros desmantelados y otros 15,000 en mal estado. Hay trenes que tardan cuatro veces más de lo que deberían. El perjuicio asciende a US$30,000 millones solo por las vías”, afirma De Mendonça.

El experto critica las comparaciones de costos con otros países, ya que -señala- en Estados Unidos o Brasil, gran parte de las largas distancias se resuelven mediante trenes o barcazas. En cambio, Argentina “depende casi exclusivamente del camión, incluso para trayectos de más de 1000 kilómetros. El tren ha dejado de funcionar como un articulador territorial y ha pasado a operar casi como un corredor específico para grandes jugadores”.

Las autoridades de la Cámara Federal de Casación se reúnen esta mañana para discutir varios asuntos, entre ellos, la propuesta que el camarista Carlos Mahiques presentó la semana pasada, que busca regular la relación entre los jueces y los medios de comunicación.

En un documento dirigido al presidente del tribunal, Diego Barroetaveña, el padre del actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, condenó la semana anterior lo que denominó como una “incesante promoción y difusión en los medios audiovisuales de información y publicaciones falsas, distorsionadas o erróneas” relacionadas con el poder judicial y sus integrantes, sugiriendo medidas institucionales drásticas para proteger al Poder Judicial del discurso mediático.

Entre sus propuestas, Mahiques planteó la “instalación de una vocería u organismo de prensa que sistematice desde el mismo tribunal la difusión en tiempo y forma” de las sentencias, de modo que la ciudadanía pueda recibir información de una “fuente rigurosa, confiable y oficial”.

Sin embargo, lo más controversial de su propuesta es la regulación de los vínculos personales entre los actores del sistema judicial y el periodismo. Mahiques instó a incorporar normas deontológicas a los reglamentos que rigen estas interacciones y a sancionar como “grave falta” el intercambio de información o de “favores” que luego sean utilizados por la prensa como “fuentes judiciales” no revelables.

El temario del Acuerdo de Superintendencia de la Casación de hoy incluye, en el tercer punto, la “Presentación del señor titular de la vocalía número 7, Dr. Carlos Alberto Mahiques”. Tras su exposición, se decidirá el curso de acción respecto a su propuesta.

En conversaciones recientes, algunos magistrados del tribunal manifestaron su preocupación, advirtiendo que esta iniciativa podría representar un avance en la libertad de prensa y sugiriendo que debería ser archivada. Sin embargo, otro camarista indicó que explorar la posibilidad de establecer una vocería no sería una idea descabellada. Este tema también ha generado debate en la Corte Suprema, que tiene bajo su ala al Centro de Información Judicial (CIJ).

Mahiques, en su declaración previa, afirmó que existe una “promiscuidad informativa” y un “periodismo oportunista y mercenario” que debe ser contrarrestado por un interlocutor judicial preparado que ayude a desmantelar las narrativas simplistas de “buenos y malos” y que desenmascare a los “inquisidores morales de doble estándar”.

Además, subrayó que la protección de una información pública “recta y objetiva” es una necesidad republicana que se halla vulnerada por un enfoque mediático que prioriza el impacto emocional sobre el análisis fáctico.

Mahiques advirtió también sobre un proceso de “acoso mediático” dirigido a los integrantes del Poder Judicial, señalando que los temas vinculados a la justicia han sido objeto de numerosos comentarios y editoriales en plataformas digitales, y mencionando en particular la intensa cobertura televisiva y online de una determinada empresa.

El magistrado acusó a ciertos comunicadores de difundir sospechas y descalificaciones hacia los jueces, incluida su propia figura, usando a menudo un lenguaje despectivo o caricaturesco. Para él, esto no son incidentes aislados, sino parte de un patrón de hostilidad que identifica como obra de lo que denomina “nuevos sicofantes” que generan campañas de desprestigio contra el Poder Judicial, provocando un efecto corrosivo en la imagen, dignidad y legitimidad de la justicia como poder del Estado.

Mahiques está considerando la posibilidad de tomar acciones legales con respecto a las afirmaciones en su contra, sugiriendo que este tipo de hostigamiento informativo podría tener implicaciones tanto en el ámbito civil como penal, lo que justificaría reparaciones o sanciones para los responsables.

Se autoidentificó como una víctima de desprotección y enfatizó que “los jueces y funcionarios carecemos de toda protección legal frente a la crítica exacerbada, el escarnio y el escrache”, lo que frecuentemente se ve como impune bajo el concepto de libertad de expresión o el derecho a “preservar las fuentes”.

Mahiques, que cuenta con 75 años, fue ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal, cargo del cual renunció tras seis meses. Posteriormente, pasó a ser camarista en la Casación ordinaria y fue luego trasladado a la Cámara Federal de Casación, el tribunal penal más alto del país.

En 2022, se vio envuelto en un escándalo relacionado con un viaje a Lago Escondido junto a empresarios y lobbistas, en el que más tarde se cuestionaron intercambios de información. Aunque estuvo imputado junto a su hijo, la causa fue eventualmente anulada y todos los involucrados fueron sobreseídos.

En febrero pasado, su nombre volvió a aparecer en las investigaciones de la AFA, tras revelarse que había celebrado su cumpleaños en una propiedad de un alto funcionario de la entidad. Su hijo, tras asumir como ministro de Justicia en marzo, impulsó su continuidad en el cargo, lo que fue aprobado por el Senado en mayo.

En un cierre impactante de su presentación anterior, Mahiques citó al magistrado italiano Giovanni Falcone, quien fue asesinado en un atentado de la mafia en 1992, advirtiendo sobre la aplicación de una “lógica mafiosa” por parte de las elites que buscan influir en el sistema judicial para obtener beneficios. Según Mahiques, este método implica una degradación pública gradual en la que, primero se deslegitima, luego se aísla y finalmente se crush.

En el contexto mediático, señaló que este ataque constituye una “muerte lenta por desgaste personal y erosión simbólica” de los jueces, instando a la necesidad de “re-institucionalizar el debate entre los jueces y los medios” para encontrar formas de “medir la desmesura” antes de que el Poder Judicial sea reducido a un simple “servidor del discurso mediático”.

El diseño infantil está viviendo un auge significativo, marcando un contraste con la anterior preferencia por los tonos vibrantes. En la actualidad, las paletas de colores pastel y los muebles de estilo boho y rústico están ganando terreno, y la naturaleza se ha vuelto un elemento central en la decoración.

Con una creciente importancia de la estética en todos los aspectos de la vida, el sector inmobiliario se está adentrando en el mundo infantil. Las tradicionales casitas para niños, que solían estar relegadas a los jardines o habitaciones cerradas, están siendo reemplazadas por elegantes mini mansiones, caracterizadas por un diseño minimalista y equipadas con electrodomésticos modernos, incluidos heladeras y aire acondicionado.

Esta tendencia, que ha visto un gran eco en plataformas como Pinterest, está en auge a nivel global. En Europa, por ejemplo, surgen casitas inspiradas en diversos estilos arquitectónicos, como el Movimiento Moderno, adaptados para el entorno infantil.

En Estados Unidos, la industria de estas mini mansiones también está en expansión, con múltiples modelos disponibles. Lilliput, una empresa especializada, ofrece diseños como la Grand Victorian desde US$27.999 o la Caramel Cottage a un precio de US$18.999, pensados para diferentes presupuestos.

Argentina se alinea con esta tendencia, y varios niños destacados ya disfrutan de estas mini mansiones, entre ellos Mirko, el hijo de Marley, y Matilda, la hija de Luciana Salazar.

Diversas compañías están surgiendo en este ámbito, pero Le Petite Maison es conocida por su empeño en replicar las características de una residencia real. Sus precios comienzan en US$10.000, aunque pueden aumentar dependiendo de la personalización y el estilo elegido.

“Trabajamos con un sistema constructivo en seco, lo que permite crear estructuras duraderas, eficientes y sin la necesidad de mantenimiento, tal como ocurre con una vivienda real”, comenta Natalia Tagliacozzo, cofundadora de la empresa junto a Victoria Parra. Agrega que el proyecto incluye terminaciones como:

Además, se pueden incorporar instalaciones como electricidad completa, iluminación, agua corriente, climatización, empapelados y alfombras.

Tagliacozzo menciona que las personalizaciones más populares incluyen:

Aunque muchos de los destinatarios de estas casitas son niños, las creadoras intentan no limitarse a esta idea. Un proyecto particularmente singular que recibieron fue el de una casita para un mini caballo falabella. Aunque el inquilino no podía hablar, eso no impidió que se añadieran detalles como estanterías con portarretratos, sillas o incluso empapelados con motivos ecuestres.

La evolución del diseño infantil ha sido notable en los últimos años. Las habitaciones, que antes presentaban colores intensos, ahora adoptan paletas suaves y tonos neutros. Los peluches, inspirados en personajes de películas, han sido reemplazados por juguetes que se asemejan a piezas de diseño, con colores neutros y formas simples.

“Hoy el diseño infantil ha evolucionado hacia propuestas mucho más sofisticadas, donde el juego se entrelaza con la arquitectura y el interiorismo”, explica Tagliacozzo.

En cuanto a las principales tendencias, la diseñadora de interiores Flor Fasci, de su propio estudio, menciona:

El arquitecto Claudio Magrini, de Santa Clara Residences, introduce un concepto relevante: “Es esencial crear refugios que fomenten la independencia desde un lugar de calma”.

Explica que anteriormente existía una sobreestimulación visual, mientras que ahora se busca un enfoque más orgánico, utilizando materiales naturales y texturas cálidas.

La funcionalidad también es un aspecto crucial. Aunque la estética tiene su peso, la practicidad no debe subestimarse. En este sentido, Antonella Elberg, jefa de interiorismo del Grupo 8.66, considera que los espacios de almacenamiento son “esenciales” y hace hincapié en la importancia de contar con estanterías bajas, cajones accesibles, baúles ligeros, y zonas bien definidas para dormir, jugar y estudiar.

“Muchas personas optan por muebles excesivamente altos que obligan a los niños a pedir ayuda para acceder a ellos”, coincide Magrini.

La planificación de los cuartos infantiles es fundamental. Los gustos cambian rápidamente, y con el crecimiento de los niños, tanto el mobiliario como la decoración pueden volverse obsoletos en poco tiempo.

“Uno de los errores más comunes es diseñar habitaciones demasiado infantiles”, explica Fasci.

En la misma línea, Elberg señala que la sobrecarga de estímulos visuales puede ser problemática, ya que reduce el área disponible para el juego y hace que los espacios sean menos funcionales.

Además, se recomienda evitar la decoración realizada con objetos frágiles que podrían convertirse en un riesgo, agrega Magrini.

La Justicia mendocina ha emitido un fallo condenatorio contra el Arzobispado de Mendoza y los monjes Diego Roque Moreno (58) y Oscar Portillo (71), obligándolos a abonar una suma millonaria como indemnización por los daños sufridos por N. B., quien fue víctima de abusos sexuales, manipulación emocional y una grave vulneración de su integridad en el Monasterio Cristo Orante.

El juez civil Fernando Games recalcó que la decisión no solo reconoce el sufrimiento de la víctima, sino también la responsabilidad civil de la institución religiosa, que, según se determinó, contribuyó a la perpetuación del daño. En su fallo, el magistrado destacó que los abusos se cometieron en un ambiente de desigualdad de poder bajo la autoridad de los monjes, y que la respuesta de las autoridades eclesiásticas fue inadecuada, limitándose a imponer sanciones internas mínimas y a ocultar información al denunciante.

El dictamen judicial señala que N. B. ingresó al monasterio siendo menor y estuvo bajo la tutela de los acusados durante varios años, sufriendo una serie de vejámenes que incluían abusos sexuales continuados y el aislamiento de su familia, todo ello en el marco de una falsa formación religiosa. Las pericias psicológicas revelaron que los abusos provocaron secuelas graves en la víctima, como un trastorno de estrés postraumático, episodios de pánico, pensamientos suicidas y una incapacidad psicológica que varía entre el 8% y el 30%.

El tribunal desestimó los intentos de los acusados por desvincularse de la responsabilidad, quienes argumentaron que existían relaciones consensuadas entre adultos. Sin embargo, el fallo dejó en claro que dicha relación estuvo marcada por la intimidación, el temor reverencial y la manipulación, elementos que invalidan cualquier noción de consentimiento y evidencian la naturaleza estructural del daño.

Además, el juez Games afirmó que el Arzobispado de Mendoza tenía autoridad supervisora y disciplinaria sobre el monasterio y sus integrantes, y que su respuesta institucional frente a las denuncias consistió en aplicar sanciones internas y limitar el acceso a la información en los procedimientos canónicos. En este contexto, el tribunal concluyó que los eventos denunciados causaron un daño significativo a la integridad personal, emocional y espiritual del denunciante.

En consecuencia, la sentencia obliga al Arzobispado y a los monjes a pagar una multa de $ 18.592.000 como compensación a la víctima.

La historia comenzó el 17 de junio de 2015, cuando N. B. se dirigió al fallecido monseñor Carlos María Franzini para confesarle que había sido víctima de abuso sexual por parte de Portillo, incluso antes de cumplir la mayoría de edad. Aunque verbalizó detalles sobre los abusos, el arzobispo registró su declaración de manera benigna, al referirse únicamente a “tocamientos” y “besos”.

Desilusionado ante la falta de acción por parte de la Iglesia, N. B. realizó una nueva denuncia en 2018, pero esta vez por escrito. A través del sistema judicial, acusó penalmente a Moreno y Portillo por abusos en el mencionado monasterio, donde ambos sacerdotes fueron detenidos en 2019, aunque posteriormente quedaron bajo prisión domiciliaria y fueron sobreseídos en primera instancia en 2022.

N. B. relató situaciones específicas de abuso, aunque él y su abogado apuntaron que la Iglesia no promovió la investigación canónica pertinente contra Portillo, mientras que hicieron creer al denunciante que se estaba indagando a ambos sacerdotes. Finalmente, en marzo de 2026, la Corte de Mendoza ordenó reabrir el caso y el 4 de junio de 2026, el juez Games dictó la sentencia correspondiente.