La expresidenta Cristina Kirchner fue notificada por la Justicia sobre la posible revocación de su prisión domiciliaria si las manifestaciones y concentraciones frente a su residencia de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, persisten. Esta advertencia fue emitida por el juez de ejecución penal Rodrigo Giménez Uriburu, quien le instó a acatar rigurosamente las condiciones de su detención.

La medida se tomó tras los incidentes ocurridos el pasado domingo, cuando un “banderazo” tuvo lugar frente al edificio donde vive la exmandataria. De acuerdo con la resolución judicial, las movilizaciones generaron cortes de calles, acumulación de personas y situaciones que alteraron la normalidad del barrio.

En este sentido, el juez advirtió que, si se repiten tales incumplimientos, podría anular la prisión domiciliaria y ordenar el traslado de la actual líder del Partido Justicialista a una institución penitenciaria. Además, la decisión se fundamentó en el involucramiento de la expresidenta en la actividad convocada. La resolución señala que Cristina Kirchner colocó una gran bandera que cruzaba la calle, sostenida por cables que conectaban su balcón con un edificio opuesto.

Para el juzgado, las frecuentes manifestaciones y la instalación de elementos en la vía pública afectan la convivencia vecinal y violan las normas de conducta requeridas para quienes están bajo arresto domiciliario. Asimismo, se destacó que este tipo de actividades requieren la autorización previa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo que podría considerar como una contravención.

La resolución se basó en el artículo 34 de la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena, que permite al juez revocar el cumplimiento domiciliario ante incumplimientos injustificados. En este marco, Giménez Uriburu dejó claro que futuras situaciones similares podrían resultar en el envío de Cristina Kirchner a una prisión común.

A raíz de los recientes fallos de primera instancia y de la Cámara que declararon inconstitucionales los aumentos de la polémica Tasa de Estadística, expertos en derecho tributario consideran que se abre una oportunidad concreta para que las empresas recuperen sumas significativas.

Actualmente, las empresas importadoras tienen la posibilidad de solicitar la devolución de montos millonarios que fueron abonados desde enero de 2022 hasta la actualidad.

El fundamento del reclamo reside en la evidente “debilidad constitucional” de la tasa. A partir de la caducidad de la última habilitación legislativa en diciembre de 2021, el Poder Ejecutivo ha mantenido y prorrogado dicha alícuota —que pasó del 0,5% inicial al 2,5% y más recientemente al 3%— únicamente mediante decretos, como el más reciente 1140/2024, que la extenderá hasta diciembre de 2027.

“Desde que venció la autorización en diciembre de 2021, todos los incrementos han sido por decreto. No existe respaldo del Congreso en un ámbito donde se debe legislar exclusivamente sobre tributos”, comentó Mariela Dobias, socia del Estudio Jurídico Dobias Pisani.

“La administración debe presentar una ley que respalde estos decretos, y eso no ha ocurrido”, agregó la experta, quien señaló que “en principio, lo que se puede reclamar abarca desde enero de 2022 a la actualidad, todo lo que no esté prescripto”.

Las empresas que deciden litigar han optado por una estrategia que ataca el gravamen desde dos frentes: la falta de respaldo legislativo de los decretos emitidos después de 2022 y la falta de proporcionalidad en relación al servicio real ofrecido.

“A su vez, se evidencia la desproporción, ya que este tributo se percibe como contraprestación por un servicio brindado por el Estado. Por lo tanto, esta contraprestación debería ser acorde a lo que se ofrece”, explicó Dobias.

Cobrar un 3% sobre el valor CIF de las mercaderías se torna excesivo y se convierte en un impuesto encubierto. “Ya se han emitido fallos de la Corte Suprema que afirman que ese 2,5% —que ahora es 3%— resultaba desmedido en comparación con el servicio prestado. Así que hay argumentos para atacar por ambos lados”, puntualizó la abogada.

Hasta el momento, el máximo tribunal no ha emitido un fallo definitivo sobre este periodo de prórrogas por decreto. “La Corte ha funcionado algo lentamente, pero no considero que puedan surgir fallos que cambien la situación ya casi unánime en primera instancia y Cámara”, sostuvo la socia de Dobias-Pisani.

“No creo que cambien la decisión porque ya hay precedentes en contra de tributos, y esto atañe a la división de poderes y al orden orgánico de nuestra Constitución”, agregó.

Un fallo final de la Corte podría consolidar la jurisprudencia y establecer “una línea de acción tanto para primera instancia como para la Cámara”, lo que desataría un aumento en los reclamos de empresas que buscarían respaldarse en ese precedente.

Uno de los principales temores de las pequeñas y medianas empresas al momento de presentar un reclamo contra el Estado es la burocracia y la posibilidad de que el proceso se prolongue indefinidamente. Sin embargo, los especialistas aseguran que “ARCA realiza los pagos rápidamente”.

A diferencia de otros organismos públicos, “puede que pague en 30 días”, resaltó Mariela Dobias, quien agregó un detalle normativo relevante: “en una reciente resolución acerca de los juicios de Ganancias, ARCA manifestó que intentarán no apelar más. Esto se debe a que las apelaciones infructuosas terminan perjudicando al propio organismo debido a la acumulación de intereses”.

Además, explicó que el proceso judicial es dinámico y suele durar entre un año y medio a dos años, ya que los juzgados tienden a declarar estas causas como de “puro derecho” (sin necesidad de abrir etapas probatorias).

La resistencia de los gobiernos sucesivos a eliminar este cobro se puede entender al observar la evolución de los ingresos aduaneros, donde la Tasa de Estadística se ha vuelto fundamental.

Se reconoce como un componente crítico del rubro “Derechos de Importación y Otros” de ARCA, y su relevancia en el funcionamiento del Estado se refleja en los balances oficiales.

Históricamente, esta tasa ha representado entre un 2,7% y un 3,8% de la recaudación tributaria total en Argentina. Actualmente, se ha consolidado como un flujo que aporta entre 400.000 y 700.000 millones de pesos mensuales a la recaudación general.

En este contexto, el gobierno enfrenta una encrucijada: la gestión económica pregona un fuerte discurso a favor de la desregulación, la reducción de impuestos y la inserción internacional, pero en la práctica se aferra a esta fuente de ingresos.

Renunciar a tal cantidad de recursos significaría abrir un déficit fiscal y comprometer el superávit fiscal financiero, que actúa como la base innegociable del programa económico de la administración.

Por este motivo, el Ministerio de Economía ha decidido prolongar la vigencia de la tasa mediante decreto hasta 2027, a expensas de seguir acumulando sentencias judiciales en contra.

A pesar de la oportunidad económica que podría representar, desde el Estudio Dobias Pisani sostienen que el número de demandas iniciadas todavía es escaso, dado que muchas empresas temen el desgaste administrativo, lo que resulta en la pérdida de una oportunidad crucial.

“Es una posibilidad significativa, especialmente para muchas pymes que actualmente están trasladando este porcentaje al precio final de sus productos. Es una forma de recuperar lo que se les retuvo, y además con intereses”, concluyó.

En este sentido, destacó un aspecto esencial: la devolución se lleva a cabo en pesos a valor técnico, pero las tasas de interés asociadas convierten el reclamo en un activo financiero valioso para las empresas.

El Gobierno nacional ha dado a conocer recientemente la Ley 27.805, cuyo propósito es organizar el registro de armas de fuego en Argentina y promover el desarme civil mediante la ampliación de programas de entrega voluntaria.

Esta nueva normativa se implementará a partir de mediados de julio y está dirigida a individuos que posean armas de “uso civil” o de “uso civil condicional” que carezcan de registro o cuyo estado sea irregular.

Según lo estipulado en la ley, aquellos ciudadanos que tengan armas de fuego o componentes principales en condiciones no reguladas deberán acudir a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC). Inicialmente, se ha dispuesto un plazo de 360 días corridos desde la vigencia de la normativa, pero este se ha extendido hasta el 31 de diciembre de 2027.

Concluidas las verificaciones técnicas y registrales, los datos del armamento y de su poseedor serán incorporados al Banco Nacional Informatizado de Datos gestionado por el organismo. Si el solicitante no tiene la condición de legítimo usuario, deberá iniciar el proceso correspondiente de manera simultánea.

Este esfuerzo tiene como objetivo reforzar la supervisión estatal sobre las armas de particulares y alentar la implicación en el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.

La ANMAC deberá informar de antemano a quienes inicien el trámite sobre los riesgos asociados con la tenencia de armas y las opciones para la entrega voluntaria y anónima. En caso de que se detecten serias irregularidades técnicas o registrales durante el proceso—como la posesión de armas prohibidas, modificaciones no autorizadas o faltas documentales significativas—la agencia podrá activar procedimientos administrativos o judiciales para incautar el armamento.

Un aspecto crucial de esta iniciativa es la exención de sanciones penales. Aquellos que se presenten de manera voluntaria estarán libres de las penas establecidas en el artículo 189 bis del Código Penal por tenencia ilegal.

Esta amnistía está sujeta a dos requisitos fundamentales, junto con las condiciones actuales para el registro de armas.

Este jueves 18 de junio, el dólar oficial presenta una cotización de $1410 para la compra y $1460 para la venta en las entidades bancarias.

En cuanto al dólar blue, su valor es de $1455 para la compra y $1475 para la venta, lo que implica una brecha del 3% con respecto al dólar oficial, reflejando una diferencia significativa entre ambos tipos de cambio, dado que el oficial es el que se negocia en los bancos y tiene una cotización establecida.

Por otra parte, el dólar turista, también conocido como dólar solidario, está a $1898. Esta cotización se aplica a la compra de dólares para ahorro y a las transacciones en el extranjero, resultando de la suma de un 30% al valor del dólar oficial del día.

El dólar mayorista mantiene una apertura del día a $1508,20 para la compra y $1508,30 para la venta.

En relación al Contado con Liqui (CCL), el precio de referencia es de $1503,90. Esta operatoria permite a las empresas adquirir títulos argentinos en el mercado local para luego venderlos en el exterior y así obtener divisas para atesoramiento.

En la actualidad, en Argentina existen al menos seis tipos de cotización diferentes para la moneda estadounidense, cada una con uso variable.

El dólar ahorro/tarjeta, o dólar turista/solidario, incluye el recargo del 30% establecido por el Gobierno sobre compras realizadas con tarjeta en moneda extranjera y sobre la adquisición de divisas para atesoramiento en el circuito oficial.

El dólar blue se intercambia en el mercado informal, ya sea a través de cuevas o “arbolitos” en la calle.

El Contado con Liqui se ha establecido como una operación legal preferida por las empresas para obtener dólares en el exterior; consiste en la compra de títulos o acciones argentinas en pesos para luego venderlos en dólares en el exterior.

El dólar oficial o minorista es el precio al que pueden acceder los particulares, dentro del límite de US$200 fijado por el cepo.

El dólar mayorista se utiliza específicamente para comercio exterior, el pago de deudas dolarizadas y dividendos, y se considera el que impacta en la fijación de precios de productos importados.

Finalmente, el dólar para industria y servicios, afectado por las retenciones, proporciona a los exportadores de manufacturas y servicios un tipo de cambio inferior al oficial, y considerablemente más bajo que el blue, existiendo diferentes valores según el producto, como carne, lácteos, trigo, maíz, girasol y soja.

La Reserva Federal de Estados Unidos decidió mantener las tasas de interés tras llevar a cabo su última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto, siendo esta la primera bajo la conducción de Kevin Warsh. Al mismo tiempo, se prevé un aumento en las tasas para lo que resta de 2026, según apuntan las proyecciones del organismo. En su comunicado oficial, la autoridad monetaria determinó mantener la tasa en el rango de 3,5%-3,75%, marcando así la quinta reunión consecutiva sin cambios. La última modificación se produjo en diciembre del año pasado, momento en el cual se redujo a los niveles actuales. Auxtin Maquieyra, gerente comercial de una firma de inversiones, subrayó la cautela de Warsh, quien, aunque reconoció la continuidad del proceso de desinflación, enfatizó que los avances aún no son suficientes para garantizar una convergencia hacia el objetivo del 2%, considerando inapropiado anticipar una relajación monetaria a corto plazo. Por otro lado, desde otra entidad financiera señalaron que el nuevo comunicado fue notablemente más breve que el anterior, reflejando la impronta de Warsh y disminuyendo significativamente la orientación prospectiva respecto al futuro. Durante la conferencia de prensa realizada después de la reunión, Warsh anunció la formación de cinco grupos de trabajo destinados a revisar el funcionamiento del banco central en áreas clave de política. Estas áreas abarcan la comunicación de la Reserva Federal, su balance, la fiabilidad de las fuentes de datos actuales, así como la productividad y el empleo en un contexto de transformación, y los marcos de control inflacionario. El ejecutivo buscó distanciarse de una comunicación excesivamente centrada en guiar las expectativas del mercado, abogando por una Reserva Federal más dispuesta a reaccionar ante la información disponible que a realizar compromisos sobre el futuro de la política monetaria, sostuvo Maquieyra. Agregó que, en términos generales, el balance de la conferencia fue percibido como moderadamente restrictivo. Aunque no se dieron indicios de nuevas subas de tasas, tampoco se validaron las expectativas de recortes inminentes sostenidas por algunos inversores. De acuerdo con el indicador FedWatch que mide CME Group, el mercado estima un 20% de probabilidades de que la Reserva Federal mantenga las tasas en diciembre, frente a un 40% que sostenía esa posibilidad el día anterior. Asimismo, existen un 41% de probabilidades de un incremento de 25 puntos, cifra similar a la de la jornada previa, y un 29% de que en diciembre las tasas se sitúen entre 4%-4,25%, lo que implica ya sea un incremento un mes antes o de 50 puntos básicos. Además, se reveló que nueve de los 19 miembros del FOMC consideran necesaria una suba de la tasa de interés de referencia este año, según las proyecciones publicadas. De esos nueve integrantes, seis indicaron que un aumento de 0,25 puntos es lo que se necesita. Ocho opinan que las tasas deberían permanecer sin cambios, mientras que solo uno sugirió la posibilidad de un recorte. Esta fue la primera conferencia de prensa de Kevin Warsh en su nuevo rol como presidente de la Reserva Federal. A pesar de que hace solo tres meses no compartían estas opiniones, el consenso ha cambiado. Promediando las proyecciones de los integrantes del FOMC, la tasa de referencia se prevé en torno al 3,8%, un incremento en comparación al 3,4% pronosticado en marzo. Las opiniones recogidas en el denominado “dot plot” reflejan cómo ha cambiado rápidamente el debate interno del organismo, que pasó de discutir cuándo se podría volver a bajar la tasa a centrarse en las preocupaciones sobre el impacto inflacionario derivado del conflicto en Medio Oriente. Sin embargo, el “dot plot” no es del agrado de Warsh, quien se negó a presentar una proyección. “Para mí, no es útil para la formulación de políticas monetarias”, afirmó. Añadió que para fines de año es probable que haya una revisión de las comunicaciones, abarcando en términos generales conferencias de prensa, comunicados, reuniones y otros documentos relacionados. Dentro de las proyecciones económicas, el FOMC revisó al alza las expectativas de inflación para 2026. “Las proyecciones de inflación PCE y núcleo fueron ajustadas a 3,6% y 3,3% respectivamente, en comparación con el 2,7% que se esperaba en marzo”, explicó la fuente. Para 2027, los miembros de la Reserva Federal anticipan una inflación total y núcleo de 2,3% y 2,5%, ligeramente por encima del 2,2% previsto anteriormente. En relación al crecimiento económico, se revisó a la baja la proyección para 2026 en 0,2 puntos porcentuales, ubicándola en 2,2%, y se mantuvo estable la previsión para 2027 en 2,3%. Respecto al desempleo, se espera que se sitúe en 4,3% a finales de 2026 y que permanezca en ese nivel durante 2027, sin cambios significativos en comparación con la proyección previa.

En el círculo de Karina Milei se están considerando alternativas para reducir el ruido político y evitar que la situación de su protegido, Manuel Adorni, siga obstaculizando los planes del Gobierno. Su hermano, el Presidente, que anteriormente mostraba disposición para actuar, ha decidido no permitir sugerencias de consejeros cercanos.

Karina volvió a comunicarse en las últimas horas con Patricia Bullrich. Según se ha conocido, la líder del bloque de senadores le planteó que, independientemente de la justicia de la situación que enfrenta Adorni, el Ejecutivo debe tomar una decisión rápida para no afectar la política y la economía.

“¿Qué vamos a hacer, Kari? ¿Vamos a paralizar toda la agenda? Hay decisiones que hay que tomar, no importa si son justas o injustas”, habría expresado la exministra.

“Ok. Démonos unos días”, fue la breve respuesta de la secretaria general de Presidencia.

Ambas coincidieron el sábado pasado en un cumpleaños sorpresa de la exministra de Seguridad, aunque Bullrich ya estaba al tanto debido a los saludos de sus compañeros.

La noche del martes, Bullrich celebró el triunfo de la Selección Argentina con una publicación en redes sociales que provocó diversas interpretaciones, con algunos viéndolo como un nuevo intento de marcar distancia con la Rosada, sumándose a una serie de gestos en esa dirección.

Colaboradores de la secretaria general de Presidencia han explorado, hasta el momento, opciones poco convencionales. La solicitud de renuncia no parece estar entre las alternativas actuales. Javier Milei, quien al inicio no había descalificado las críticas públicas hacia el ministro coordinador, no quiere dejar de respaldar a su exvocero, según lo expresado por los pocos que se han atrevido a plantearle el dilema directamente.

El ministro coordinador, que ha mantenido un perfil bajo y casi sin actividad pública, aunque se espera que lo acompañe en el acto por el Día de la Bandera en Rosario, sostiene que no planea dejar su cargo y que ya trabaja en su informe ante el Senado programado para el 2 de julio.

La opción de ofrecerle un cargo diplomático en el exterior no parece viable, ya que en muchos casos requiere aprobación del Senado. Algunos asesores legales del oficialismo piensan que sería conveniente que Adorni no esté al mando de la Jefatura de Gabinete cuando sea requerido a presentar su Declaración Jurada, que más pronto que tarde será solicitada por el fiscal Gerardo Pollicita en un pedido de indagatoria.

Los principales socios del Gobierno en el Congreso han comenzado a distanciarse. El PRO ha manifestado su deseo de que Milei prescinda de Adorni. Por su parte, el oficialismo intenta retrasar su agenda legislativa para demorar al máximo los pedidos de interpelación o de una eventual moción de censura.

Exministros de la gestión de Mauricio Macri advierten que, en realidad, no existen mecanismos de “pedido de licencia”. En términos legales, solo hay ausencias justificadas por enfermedad. “No se puede solicitar licencia para el segundo cargo más importante del Gobierno, es como si un piloto pidiera licencia en medio de un vuelo. Alguien tiene que reemplazarlo”, sostiene un exfuncionario versado en trámites administrativos y normativas.

Los técnicos de la UCR, el PJ y el PRO indican que, con la incorporación de la firma electrónica, tanto los ministros como el Presidente pueden firmar decretos desde cualquier lugar, incluso desde el exterior.

A pesar de esto, el Gobierno estableció en diciembre un decreto que pasó desapercibido, que ordena que la ministra de Capital Humano, o en su defecto el ministro de Defensa, reemplacen al jefe de Gabinete en caso de ausencia.

La disposición aclara que el ministro que asuma de forma interina la Jefatura de Gabinete mantendrá también las responsabilidades de su propio ministerio. Según el decreto, esta sustitución no implica una transferencia definitiva del cargo ni afecta la continuidad de las funciones del funcionario interino. Este cambio se formalizó mediante el Decreto 130/2026, que modifica el artículo 9 del Decreto 977/1995, el cual regulaba los reemplazos de emergencia del jefe de Gabinete.

Sin embargo, no hay antecedentes de jefes de Gabinete que hayan solicitado una licencia momentánea como se ha sugerido a Adorni.

Curiosamente, Macri había aplicado un mecanismo similar para gestionar las denuncias de corrupción contra el entonces jefe de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, quien fue denunciado por la ministra Bullrich. Diez años después, Bullrich, quien ahora lidera el bloque de senadores de LLA, es una de las principales impulsoras de la salida de Adorni, como se lo hizo saber en la última reunión de la mesa política.

Gómez Centurión fue técnicamente suspendido de su cargo a través de una disposición de la AFIP en agosto de 2016. Dos meses después, regresó a su puesto mediante otra disposición publicada en el Boletín Oficial.

La denuncia de Bullrich contra Gómez Centurión, impulsada por instrucciones de Macri tras recibir audios incriminatorios, no es la única similitud entre los protagonistas de aquel episodio y la situación actual.

El extitular de la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad fue sobreseído por el juez Ariel Lijo, quien debe resolver en la causa de enriquecimiento ilícito que involucra al actual jefe de Gabinete. El fiscal, Guillermo Marijuán, había solicitado investigar al Gobierno por presunto abuso de autoridad cuando el oficialismo intentó retirar el pliego de la jueza designada, Verónica Michelli.

“Es un caso inédito que inauguró el Presidente (Macri) con una actitud enérgica ante cualquier denuncia o sospecha de corrupción entre sus funcionarios, asegurando que se tomarían medidas rápidas para que actúe la Justicia. La Justicia actuó de manera expedita respecto a mi vinculación a este hecho y hoy tengo el gusto y la suerte de retomar mis funciones”, declaró Gómez Centurión en su momento.

Desde el PRO se diferencian los casos debido al peso y la responsabilidad del jefe de Gabinete, insistiendo en la necesidad de la salida de Adorni, quien no puede ser “suspendido”. “Su situación debe ser resuelta por el Ejecutivo: está obstaculizando la agenda legislativa”, reiteró este miércoles Martín Goerling.

El jefe del bloque macrista en la Cámara Alta había solicitado el viernes pasado directamente la renuncia del exvocero, justo antes de que su partido reclamara a Milei que priorice “el cambio” y no a Adorni.

“Él tiene que dar un paso al costado, el Presidente debe pedirle que renuncie. No es un ministro cualquiera, es el Jefe de Gabinete, que tiene la responsabilidad de rendir cuentas ante las cámaras… Nos dimos cuenta de que nos mintió a todos, no solo a los diputados, sino a todos los argentinos y también al propio Presidente”, manifestó el senador.

En un transcurso de 12 años, el mercado de carbono ha recaudado 260.000 millones de euros y ha logrado reducir a la mitad las emisiones de los sectores más contaminantes de Europa, sin comprometer el crecimiento económico. Este logro —menor emisión de carbono, mayor producto bruto interno— respalda la estrategia de la Unión Europea (UE) para alcanzar la neutralidad climática para 2050.

Desde su implementación en 2005, el sistema de comercio de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés) opera bajo una premisa sencilla: las empresas de sectores como la generación de energía, la industria manufacturera y la aviación deben adquirir derechos de emisión para liberar dióxido de carbono. Cada derecho representa una tonelada de emisiones. El sistema establece un límite total que se reduce cada año, aumentando así el costo de la contaminación y empujando a las empresas a planificar su descarbonización a largo plazo.

“Saben cuál va a ser el tope durante la próxima década y de qué manera se va a reducir. Tienen un cronograma para las inversiones”, dijo el entrevistado a periodistas en esta ciudad como parte del proyecto EU Climate Dialogues 2 (EUCD 2), financiado por la UE.

Actualmente, el mercado de carbono abarca el 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero en la UE. A partir de 2024, se incluirá gradualmente el transporte marítimo, y desde 2028 se implementará un segundo sistema que abarcará edificios, transporte terrestre y combustibles de industrias de bajas emisiones, que hasta ahora no formaban parte del esquema. Esta expansión se complementará con el Fondo Social para el Clima, con el objetivo de aliviar el impacto en hogares y empresas vulnerables.

Asimismo, el sistema dio origen al Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono, conocido como CBAM, que establece un precio para el carbono contenido en productos importados al mercado europeo, para evitar que las empresas desplacen su producción a países con regulaciones más laxas y eludan así el costo del sistema, lo que se denomina “fuga de carbono.”

La UE ha recogido seis lecciones clave del mercado de carbono en las últimas dos décadas. En primer lugar, la necesidad de contar con datos íntegros: un monitoreo transparente y verificable es fundamental para el funcionamiento del sistema. En segundo lugar, el límite debe alinearse con los objetivos climáticos y disminuir de manera predecible. Tercero, el principio de que el contaminador debe asumir el costo, sin que esto recaiga en los presupuestos públicos ni en los ciudadanos. Cuarto, es crucial la flexibilidad, ya que el sistema dispone de una reserva de estabilidad para manejar fluctuaciones en los precios. Quinto, se debe asegurar la equidad en el diseño del sistema. Y finalmente, los ingresos generados deben reinvertirse en la transición; desde 2023, los estados miembros están obligados a destinar el 100% de lo recaudado a fines climáticos.

Sin embargo, las tensiones persisten. Las industrias europeas argumentan que el actual precio del carbono, que ronda los 80 euros por tonelada, afecta su competitividad frente a países como China y Estados Unidos. La UE reconoce esta preocupación, pero aclara: “Es solo un factor muy pequeño en el costo que tienen, pero es políticamente muy sensible”, afirmó una fuente comunitaria. Por otro lado, los sectores que se benefician de la transición —energía solar, eólica, vehículos eléctricos, bombas de calor— han comenzado a defender con mayor énfasis el sistema.

La meta de la UE cuenta con un respaldo legal, ya que la legislación climática europea establece una reducción de las emisiones de al menos un 55% para 2030 en comparación con 1990. Una reciente enmienda elevó esta meta a un 90% para 2040, permitiendo, hasta en un 5%, el uso de créditos internacionales de otras regiones, incluida América Latina.

La situación de Manuel Adorni ha dejado en un estado de incertidumbre al gobierno de Javier Gerardo Milei. En el Ministerio de Economía, la frustración crece por no poder divulgar los logros económicos, como la disminución del riesgo país, el rendimiento del Súper Rigi y una inflación que se espera esté por debajo del 2% en la próxima medición. En el Ministerio de Modernización, donde se busca que el Senado aborde la Ley Hojarasca, los funcionarios lamentan que las iniciativas oficiales se vean paralizadas debido a la idea de interpelar o censurar al contador Adorni.

Durante la última semana, varios gobernadores, entre ellos los de Corrientes, Entre Ríos, San Juan, Chaco y Tierra del Fuego, se reunieron con Diego César Santilli, ya que el jefe de Gabinete no se encuentra en el centro de la atención pública. La última imagen divulgada fue en el cumpleaños número 70 de Patricia Bullrich, donde la senadora apagó las velitas con una expresión poco sonriente, mientras Adorni quedó relegado, a pesar de haber comprado una torta como gesto hacia su ex compañera de gabinete.

Privadamente, el actual jefe de Gabinete no oculta su descontento hacia la jefa del bloque de senadores, a quien culpa por haberse distanciado abiertamente de él, al exigir su declaración jurada y calificar de “omisión ética” lo que había declarado sobre el extraño hallazgo de una suma considerable de dólares en su residencia paterna. Adorni también la critica por su distanciamiento respecto al presidente, sugiriendo que ella aprecia al 95% de los periodistas, en clara contraposición con el líder actual, quien solo se siente cercano a un 5%, según sus propias palabras.

La tensión podría incrementarse al enterarse de que algunos allegados a los hermanos Milei consideran que cambiar al cuestionado Adorni por Bullrich podría ser la solución para la crisis política que atraviesa el gobierno. La experimentada política ha sido objeto de intentos de asignarle el rol de ministra coordinadora en el pasado, cuando ocupaba el cargo de ministra de Seguridad, aunque ella ha manifestado que se siente “muy cómoda” en su posición actual en el Senado. Sin embargo, la verdadera razón de su negativa sería que “nunca se someterá a Karina” Milei, indican fuentes cercanas.

En una próxima actividad, el ministro de Economía viajará a una provincia con una fuerte actividad política y se reunirá con un gobernador aliado al Gobierno. Luis “Toto” Caputo visitará a Rogelio Frigerio en Paraná, participando de varias reuniones y del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal. Algunos esperaban que también inspeccionara el estado de las rutas 12 y 14, que son cruciales para la comunicación entre Entre Ríos y sus provincias vecinas. Esta excursión tiene como objetivo mostrar un enfoque proactivo en la gestión de obras públicas, en un momento en que las principales rutas del país se encuentran en un estado de deterioro considerable. Con este movimiento, Caputo busca estar presente en el ámbito político y en la gestión, en medio de las dificultades que enfrenta la situación de Adorni.

En el ámbito kirchnerista, persiste la preocupación por la reciente intervención de la Justicia que impuso límites tras dos eventos llamativos: uno liderado por el intendente Damián Selci, quien iluminó el edificio donde Cristina Elisabet Kirchner cumple prisión domiciliaria con los colores de la Casa Rosada; el otro impulsado por la intendente Mayra Mendoza, quien colgó una gran bandera desde el edificio donde reside la expresidenta hasta un inmueble contiguo, lo que generó malestar en la comunidad y provocó una advertencia judicial sobre tales acciones.

Consecuentemente, una actividad planificada desde La Matanza para el miércoles se suspendió, y la marcha del kirchnerismo programada para el próximo sábado, en conmemoración del primer aniversario de la detención de CFK, se limitará al Parque Lezama, sin continuar hacia la casa de la familia Kirchner. En esta movilización participará el MDF, la agrupación que promueve a Axel Kicillof como candidato a la presidencia. ¿Participará el gobernador bonaerense?

Mientras tanto, se ha abierto un intenso debate en el interno kirchnerista: algunos miembros sugieren cambiar el enfoque de su demanda, pasando de “Cristina libre” a “Cristina inocente”. Los proponentes de esta idea argumentan que no se puede seguir luchando solo por la libertad, sino que es necesario reivindicar su inocencia, lo que a su vez desestimaría la posibilidad de un indulto, una figura que no abarcaría la inocencia que creen defender los seguidores de la exmandataria.