En los últimos tiempos, un total de 12 bancos han iniciado la reducción de las tasas de interés en sus créditos hipotecarios. Esta disminución ha reavivado un interrogante que, hasta hace poco, parecía complicado de responder: ¿estamos ante el inicio de una nueva fase en el financiamiento hipotecario en Argentina?

Este cambio es significativo. Tras una segunda mitad de 2025 caracterizada por fuertes incrementos en las tasas, tanto entidades públicas como privadas han comenzado a revertir esta tendencia. La disminución impacta directamente en el costo de las cuotas, facilitando así el acceso a la vivienda para las familias.

El economista Federico González Rouco sostiene que la situación escapa a la mera competencia entre bancos. “No están compitiendo entre sí; están revirtiendo el proceso de incremento del año pasado”, señala. Según el especialista, el cambio comenzó tras las elecciones de octubre, cuando el optimismo sobre la economía comenzó a reflejarse en el mercado financiero y, posteriormente, en el hipotecario.

Dentro de las entidades que han reducido sus tasas recientemente se encuentran el Banco Hipotecario, que bajó del 10,5% al 9,5%; los bancos del Grupo Petersen, que disminuyeron del 12% al 8,9%; el Banco de Corrientes, que pasó del 12% al 9,9%; y el Banco Provincia, que recortó su tasa del 39,2% al 31,2%. Asimismo, otras entidades que ya habían comenzado este proceso anteriormente incluyen al ICBC, ofreciendo una tasa del 6,9% para clientes con haberes acreditados; el BBVA, que redujo su tasa al 7,5%; Santander, que la disminuyó del 15% al 9,5%; y Patagonia, que pasó del 14% al 12,5%.

Para entender lo que está sucediendo en el presente y lo que puede esperarse en el futuro del sector inmobiliario, se consultó al Banco Hipotecario, una de las instituciones con la mayor cartera hipotecaria del país. “Las tasas están en baja porque las condiciones económicas están mejorando”, afirmó Diego Gatto, gerente de Créditos a la Vivienda de la entidad.

Gatto indicó que la decisión de reducir las tasas se relaciona con la evolución de las variables macroeconómicas. “La baja se alinea con cómo se desarrollan las condiciones macroeconómicas, y consideramos que era necesario hacer este ajuste en nuestro producto”, explicó.

Sin embargo, detrás de la actual reducción existe un factor menos conocido pero esencial para proyectar el futuro del crédito: la securitización de carteras. Gatto sostiene que para que la oferta de crédito realmente crezca, los bancos deben vender sus carteras. “El sistema financiero argentino no está en condiciones de satisfacer la demanda de créditos hipotecarios debido al déficit de viviendas que enfrentamos”, aseveró.

Esto implica que las entidades venden hipotecas previamente otorgadas a inversores a largo plazo, como fondos de retiro o seguros de pensión, que adquieren los préstamos. Luego, estos crean fideicomisos con esos créditos, transformándolos en activos financieros que inyectan en el mercado de capitales para generar ganancias. De este modo, en lugar de esperar décadas por la devolución del crédito, los bancos recuperan rápidamente el capital de los fondos, lo que les permite aumentar su capacidad de préstamo.

Según Gatto, el Banco Hipotecario fue el único que realizó una securitización hipotecaria durante el ciclo de créditos UVA de 2018. Actualmente, estima que las condiciones para repetir esta experiencia están cada vez más cerca. “Si todo marcha bien, podríamos tener esa posibilidad en el segundo semestre del año”, anticipó.

Para Gatto, la securitización es una herramienta fundamental: “Es la clave para que el mercado hipotecario argentino avance significativamente. La participación del crédito hipotecario podría multiplicarse por diez”, señaló.

A pesar de que este crecimiento no será inmediato, aclara que ofrecería una ampliación considerable de la oferta de préstamos en los próximos años. “Nos queda mucho por hacer y un largo camino por recorrer”, afirmó.

El gerente considera que aún hay margen para que las tasas continúen en descenso, especialmente si avanza el proceso de securitización y se consolida la estabilidad económica.

Sin embargo, advierte que el análisis no debe centrarse exclusivamente en la baja de intereses, ya que “las propiedades aún presentan valores bajos en dólares. Si la economía se estabiliza y el crédito fluye, esos precios pueden comenzar a aumentar”, explicó.

Gatto mantiene un enfoque optimista basado en la estabilidad. Cree que, a medida que la inflación disminuye, la gente pierde el temor al producto UVA y se inclina por la búsqueda de vivienda propia. “El crédito hipotecario es el único producto financiero que no puede adaptarse por sí mismo; deben existir las condiciones de mercado necesarias”, argumentó.

El objetivo final para el ejecutivo es que el crédito hipotecario se convierta en una herramienta constante para los argentinos, sin depender de lanzamientos temporales. Si las condiciones se mantienen, proyecta que las tasas podrían descender a niveles del 6% o 7%, similares a los de otras naciones de la región con mayor estabilidad económica.

“Si estás indeciso sobre hacerlo ahora o esperar, mi consejo es actuar ahora, ya que aunque podrías conseguir una tasa algo más alta, hoy los precios de las propiedades son inferiores”, afirmó.

Con el incremento en la demanda, es probable que los precios de los inmuebles, actualmente en niveles históricamente bajos, empiecen a subir. Por ende, Gatto ve el momento actual como una oportunidad doble: aprovechar los precios antes de que el mercado se active plenamente.

Este repunte, según el ejecutivo, llevará al sector a niveles de participación en el PBI mucho más cercanos a los estándares regionales, superando el actual déficit habitacional. La digitalización, la estabilidad de precios y la madurez del sistema financiero son pilares fundamentales para esta nueva etapa del crédito hipotecario en Argentina.

Según datos del Banco Hipotecario, el monto promedio solicitado actualmente es de aproximadamente $75 millones, equivalentes a cerca de US$50.000 al tipo de cambio actual. En promedio, los compradores financian entre el 50% y el 55% del valor de la propiedad.

En cuanto a los ingresos requeridos, una familia necesita demostrar alrededor de $3,9 millones mensuales para poder acceder a un préstamo de $35 millones. No obstante, se observa que quienes actualmente solicitan créditos en la entidad superan los $5 millones de ingresos mensuales.

A su vez, el banco avanza en la digitalización de su proceso. Según cifras de la institución, el 96% de las familias gestionan su crédito de manera completamente digital, logrando la aprobación en un plazo de 10 a 15 días, un tiempo crucial para cerrar transacciones inmobiliarias en un mercado que comienza a recuperar su dinamismo.

El caso de Adorni ha reavivado la intrincada interna de la Unión Cívica Radical (UCR) dentro del Congreso. En la Cámara de Diputados, el colapso de la sesión especial destinada a abordar los proyectos de interpelación y de censura al jefe de gabinete intensificó las diferencias existentes entre los radicales, organizados en tres bloques, así como una antigua disputa sobre el uso del sello partidario.

Este jueves, la UCR se preparaba para evaluar su cohesión en el Senado, donde se iba a debatir, entre otros temas, el proyecto sobre la inviolabilidad de la propiedad privada, además de una nueva serie de pedidos de interpelación contra Adorni. Sin embargo, la sesión no se llevó a cabo por falta de quórum. Desde la bancada que dirige Eduardo Vischi, afirmaron que sus diez legisladores se presentaron para respaldar las iniciativas contra el funcionario.

La oposición no logró el quórum necesario el martes para avanzar en la sesión que esperaban usar para discutir la moción de censura y las solicitudes de interpelación contra el ministro coordinador de Javier Milei. Esta falta de apoyo se produjo luego de que La Libertad Avanza (LLA) hiciera un acuerdo con el Pro, gobernadores aliados y el sector de la UCR liderado por la mendocina Pamela Verasay para convocar a la comisión de Asuntos Constitucionales para la próxima semana, lo que llevó a los bloques que buscan el diálogo a considerar que la sesión había perdido su propósito.

Un día más tarde, algunos bloques opositores buscaron reavivar la discusión en el recinto, en medio de las negociaciones por el Súper RIGI. El Frente de Izquierda (FIT) solicitó discutir la moción de censura, mientras que Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) exigió que la comisión emitiera un dictamen antes del martes, cuando el oficialismo había convocado a reunión. No obstante, estas iniciativas fueron desestimadas por más de 120 votos, incluidos los del bloque radical.

La decisión del bloque afín a Verasay, que responde al gobernador Alfredo Cornejo, de no apoyar el quórum desató la indignación de sus pares de Provincias Unidas, volviendo a encender las tensiones dentro del centenario partido. No han logrado alcanzar un consenso sobre una postura unificada respecto a Javier Milei, lo que ya había generado una considerable dispersión entre sus diputados a finales del año pasado.

En la actualidad, la UCR en la Cámara baja está fragmentada en tres bloques: el más alineado con el oficialismo, liderado por la mendocina; otro crítico, conocido como Provincias Unidas, donde se agrupan con la Coalición Cívica, socialistas y peronistas disidentes; y el monobloque Adelante Buenos Aires de Karina Banfi, que se ha aliado con el Pro.

“Si te llamás radical, debés estar hoy aquí en esta sesión. ¿Qué les ofrecieron para no venir? ¿Qué negociaron? Algunos tienen la sorprendente idea de apoderarse del logo de la UCR para intentar desestimar más de un siglo de lucha y principios”, argumentó Pablo Juliano, diputado de Provincias Unidas, tras la cancelación de la sesión del martes.

Juliano, quien había presentado una denuncia penal contra Adorni por el incremento de su patrimonio, fue uno de los cinco radicales que asistieron al recinto para facilitar el debate. Junto a sus compañeros, enviaron una solicitud al presidente de Diputados, Martín Menem, para que revisara el uso de la denominación UCR por parte del bloque dirigido por Verasay, dado que el partido había firmado un acuerdo electoral con LLA en Mendoza.

“Existen diputados afiliados a la UCR que no se sienten representados por las posiciones adoptadas por dicho bloque, ya que se apartan de los principios históricos, valores democráticos y tradiciones republicanas que caracterizan a la UCR desde sus inicios”, manifestaron.

El documento fue elaborado durante la sesión del miércoles por la diputada Mariela Coletta y cuenta con las firmas de sus colegas Martín Lousteau, Jorge Rizzotti y María Inés Zingarán. Así, resurgió una discusión inusitada sobre el uso del sello partidario, que comenzó en enero cuando los mismos cinco diputados solicitaron al presidente del Comité Nacional del partido, Leonel Chiarella, que exigiera al bloque radical un cambio de nombre, sin que hasta ahora ese pedido haya prosperado.

“El radicalismo metropolitano es claro: sus autoridades, su plenario, sus comités, su militancia y sus diputados Martín Lousteau y Mariela Coletta no respaldamos a Adorni”, enfatizó Hernán Rossi, presidente de la UCR porteña.

Se intentó contactar a Verasay, pero se abstuvo de comentar sobre las críticas a su bloque y la interna del partido. En contraste, Chiarella buscó minimizar las recientes disputas, aunque se distanció de la postura de la bancada liderada por Verasay.

“Si yo hubiese tenido un funcionario así en mi gestión, no duraría ni un día. Si me preguntas qué habría hecho como diputado nacional, habría dado quórum”, declaró Chiarella, aunque subrayó que lo principal para la dirección del partido es garantizar que no haya impunidad, y no la forma elegida para proceder con la rendición de cuentas ante el Congreso.

Con esto, intenta desviar la atención de lo sucedido el martes. Según su perspectiva, el verdadero responsable del respaldo al jefe de gabinete es el propio Milei, no los legisladores. “Es central destacar que la mayor responsabilidad recae sobre el Presidente, quien sigue sosteniendo a Adorni, y posee las herramientas necesarias y la autoridad para cerrar esta etapa”, continuó Chiarella.

La vicegobernadora de Santa Fe y diputada nacional Gisela Scaglia tampoco asistió al debate del martes. Aunque es parte de Pro, no pertenece al bloque que lidera Cristian Ritondo y, de acuerdo con fuentes parlamentarias y de la UCR, sigue las directrices del gobernador radical Maximiliano Pullaro en el Congreso.

Se encontraba en Estados Unidos por razones laborales, pero algunos radicales señalan que podría haber interrumpido su viaje para expresar su apoyo a los pedidos de interpelación, sugiriendo que su ausencia podría indicar que Pullaro no estaba del todo a favor de la convocatoria a la sesión especial. No se obtuvo respuesta al consultar en el círculo cercano del gobernador.

Por su parte, la diputada Banfi tomó una postura propia. Aunque frecuentemente colabora con Pro, en esta ocasión se apartó del bloque amarillo y del radical, y decidió asistir a dar quórum para abordar los pedidos de interpelación y censura. Este fue un gesto político en línea con la agenda de transparencia y lucha contra la corrupción que ha promovido en la Cámara baja.

Se supo que durante el fin de semana, Banfi se comunicó con Verasay y Ritondo, informándoles que tomaría distancia de su posición. Consideraba que las contradicciones entre las declaraciones del ministro coordinador durante su informe en Diputados y sus comentarios en una entrevista habían perjudicado la credibilidad del jefe de gabinete y la confianza de los legisladores hacia el principal interlocutor del Ejecutivo.

A pesar de su distanciamiento, optó por no confrontar con Verasay, entendiendo la decisión del bloque de no querer respaldar al kirchnerismo por su “inhabilidad moral” para reclamar sobre corrupción, y tuvo un rol fundamental en las negociaciones que llevaron a la convocatoria de la comisión. Según se ha reconstruido, fue quien sugirió revocar el carácter informativo de la reunión para permitir que, si se reunía el quórum simple necesario, se pudieran avanzar en los proyectos para interpelar a Adorni.

Luego de extender en dos ocasiones los plazos para la licitación, el Gobierno procedió este jueves a abrir los sobres correspondientes a la venta del 100% de las acciones de Intercargo S.A.U., pero no recibió ninguna oferta. El precio base había sido fijado en US$45 millones.

Funcionarios del gobierno afirmaron que ahora se evaluarán alternativas para la empresa, y señalaron que la falta de interés se debe a la desregulación del sector aerocomercial promovida durante la gestión de Javier Milei, la cual permitió la entrada de nuevos operadores en los servicios de asistencia en tierra en los aeropuertos argentinos.

Hasta el momento, 13 prestadores han sido habilitados para competir en este segmento, lo que ha alterado el entorno en el que históricamente operaba la empresa estatal. “La apertura del mercado modificó sustancialmente el contexto competitivo del sector, reemplazando un esquema monopólico por uno de competencia entre múltiples prestadores”, afirmaron.

En este sentido, destacaron que el proceso de saneamiento de la compañía y la posterior privatización fueron concebidos en un marco de mercado abierto, y no basados en una posición dominante otorgada por regulaciones estatales.

“El interés del sector privado por la empresa fue nulo, como evidenció la falta de presentaciones en la licitación. La experiencia acumulada durante este proceso brinda información relevante para evaluar futuras alternativas respecto a la compañía”, añadieron. Sin embargo, no especificaron las posibles opciones.

Desde el sector, por su parte, atribuyeron el insuceso de la licitación a las condiciones establecidas para la privatización, llegando a calificar a Intercargo como una empresa “invendible” en el actual contexto.

“El planteo era: quedátela, arreglate con los empleados y, además, te abro el mercado. La gente huye”, sintetizó una fuente con conocimiento del proceso.

La privatización implicaba la transferencia total de la empresa, con la salida completa del Estado de su participación accionaria, sin reservas de acciones ni representación en el directorio, y su continuidad como unidad operativa, resguardando sus contratos, licencias y operaciones en los 16 aeropuertos donde brinda servicios.

Antes de la desregulación, Intercargo operaba bajo un régimen de monopolio en los servicios de rampa, ya que las aerolíneas estaban obligadas a contratar sus prestaciones, salvo contadas excepciones de autoprestación. Actualmente, la empresa cuenta con una plantilla de 1560 empleados.

Los recurrentes conflictos laborales y las medidas de fuerza llevadas a cabo por sus trabajadores, cuando era el único operador del sector, afectaron en varias oportunidades la actividad aeroportuaria, un argumento utilizado por el Gobierno para justificar tanto la apertura del mercado a nuevos competidores como el avance del proceso de privatización.

La licitación fue objeto de críticas por parte de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), que en mayo denunció al presidente, al ministro de Economía y al presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) por el proceso de valuación de la empresa.

El gremio consideró que el precio base fijado (US$45 millones) era “cuanto menos inentendible”, dado que Intercargo reportó en su último balance un superávit superior a los US$20 millones. Asimismo, citaron declaraciones del jefe de Gabinete, quien ante el Congreso indicó que la empresa tenía activos corrientes por US$55 millones.

No obstante, una valuación encargada por el Estado a la consultora Deloitte estimó el valor de la compañía en aproximadamente US$30 millones, cifra que se encontraba por debajo del precio base establecido para la licitación.

El año pasado, el sindicato ya había solicitado una medida cautelar para detener la privatización, argumentando que el Poder Ejecutivo avanzaba con el proceso “sin cumplir el procedimiento obligatorio establecido en la Ley de Reforma del Estado (23.696)”, al no haberse realizado la tasación prevista por esa normativa.

El Gobierno nacional anunció la habilitación portuaria definitiva del Puerto Quequén, situado a ambos lados del río Quequén Grande, en la provincia de Buenos Aires. Esta decisión fue tomada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación mediante la resolución 39/2026, que fue publicada en el Boletín Oficial.

La resolución indica que el puerto contará con habilitación provincial, será de uso público y tendrá un destino comercial, cumpliendo con lo estipulado por la Ley de Actividades Portuarias y la Ley 27.445. Esta última estableció un régimen excepcional para regularizar la habilitación de los puertos estatales preexistentes a través de un acto administrativo de la autoridad portuaria nacional.

La habilitación fue solicitada por el Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén e incluye diversas terminales como Terminal Sitio 0 de Quequén SA, Terminales y Servicios SA, Asociación de Cooperativas Argentinas Cooperativa Limitada, Terminal Quequén SA, Terminal de Fertilizantes SA y Pier Doce SA.

En los fundamentos de la resolución, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación afirmó que, tras considerar las obras realizadas, los accesos terrestres y acuáticos, así como las inspecciones e informes técnicos presentados en el expediente, el puerto cumple con los requisitos necesarios para ofrecer servicios portuarios conforme a la normativa vigente.

Además, el organismo aclaró que la habilitación estará sujeta al cumplimiento de las condiciones técnicas y operativas que motivaron su aprobación y subrayó que las áreas técnicas y jurídicas competentes, así como las entidades involucradas en el proceso, no plantearon objeciones al otorgamiento de la habilitación.

Las partes querellantes en el caso $LIBRA se opusieron a la solicitud del empresario especializado en criptomonedas, Mauricio Novelli, que busca separarlas del expediente. Argumentaron que la investigación no se centra en una inversión fallida, sino en una maniobra fraudulenta llevada a cabo por una organización que presuntamente involucró sobornos, uso de información privilegiada, lavado de activos y tráfico de influencias.

“Cuando existe soborno de funcionarios públicos, uso de información privilegiada sincronizada en milisegundos, manipulación de algoritmos, triangulación de facturas offshore y posterior vaciamiento de cajas de seguridad bancarias para lavar los activos sustraídos, no estamos debatiendo sobre riesgos de inversión financiera, estamos describiendo una red de crimen organizado”, afirmó Martín Romeo, uno de los afectados, en una presentación ante el juez Marcelo Martínez De Giorgi.

El escrito, firmado por el abogado Nicolás Oszust, fue presentado en respuesta a la petición de Novelli, quien es uno de los principales investigados en el caso y alega que los querellantes deben ser excluidos del proceso. La defensa de Novelli sostiene que no hubo estafa, ya que quienes adquirieron el token asumieron los riesgos inherentes al mercado de criptomonedas.

En este contexto, Novelli también argumentó que la publicación realizada por el presidente de la Nación, Javier Milei, no constituyó una recomendación de inversión ni incluyó promesas de rentabilidad. Sin embargo, los damnificados rechazaron esta interpretación, alegando que el engaño radicaba en presentar a $LIBRA como “un genuino proyecto privado apoyado institucionalmente por el Estado argentino para financiar startups y pymes argentinas”, cuando en realidad “era una trampa de liquidez preprogramada”.

Los querellantes sostienen que la influencia de Javier Milei fue clave para que muchos decidieran invertir. Recuerdan que fue el Presidente quien hizo público el contrato para adquirir el token, dotando al proyecto de una legitimidad que generó confianza entre los inversores, mientras que la promesa de financiar emprendimientos y pequeñas empresas nunca se concretó.

En el expediente se presentan cinco querellantes, todos inversores que afirman haber perdido gran parte de sus ahorros tras el colapso de la criptomoneda. Desde el inicio de la investigación, han impulsado significativamente el caso. Advierte que el intento de excluirlos del proceso busca, en esencia, lograr un sobreseimiento anticipado de los imputados bajo la apariencia de una discusión procesal sobre la legitimación de las víctimas.

Los damnificados también señalaron que su condición de querellantes ya ha sido respaldada por diversas instancias judiciales, incluyendo la Cámara Federal, la Cámara de Casación y la Corte Suprema, así como la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien previamente se expidió cuando el caso tramitaba en San Isidro.

Uno de los ahorristas afectados destacó que, aunque conocía los riesgos del mercado de criptoactivos y tenía experiencia con este tipo de instrumentos, la naturaleza de la investigación excede la mera volatilidad de las inversiones.

“La hipótesis incorpora factores diferentes: posible manipulación coordinada, acceso anticipado a información, control concentrado del activo, finalidad económica aparente y retiro concertado de la liquidez aportada por los compradores”, sostuvo Juan Grabois, dirigente político y social, junto a sus letrados Nicolás Rechanik y Yamil Castro Bianchi.

Por su parte, Romeo, representado por Oszut, subrayó que la defensa de Novelli intenta “confundir, de manera maliciosa, el riesgo inherente a las inversiones en mercados no regulados con una maniobra de desapoderamiento doloso preprogramada”, comúnmente conocida en el ámbito cripto como “rug pull”.

El fraude no se limitó a ser una simple inversión que fracasó sino que consistió en “la construcción sostenida de una calidad simulada y una apariencia de empresa a escala estatal”. En esa línea, argumentó que los responsables alteraron las reglas del libre mercado mediante “el tráfico de influencias, la infiltración de la CNV, el uso de bots para manipular la liquidez con información privilegiada y la utilización de la figura del Presidente de la Nación como el máximo garante de confianza”.

Las querellas también recordaron que han solicitado indagatorias para los implicados, incluyendo la del propio Milei. En su presentación, señalaron que el equipo creador de $LIBRA habría retirado 44,5 millones de dólares a través del uso de información privilegiada y operaciones automatizadas ejecutadas segundos antes de que Milei publicara su mensaje que impulsó al token.

Asimismo, resaltaron que el fiscal Eduardo Taiano describió una hipótesis en la cual el equipo detrás de la criptomoneda realizó ventas masivas que posibilitaron el retiro de cerca de 100 millones de dólares, ocasionando pérdidas a más de 40.000 personas.

“La banda no se limitó a mentir en un folleto; la estructura del Estado Nacional dotó de una falsa legitimidad a un proyecto de desapoderamiento. Ese lavado de prestigio es el engaño idóneo, material y objetivo”, concluyó Romeo.

Ahora, será el juez y la fiscalía quienes deberán determinar si aceptan el pedido de Novelli para excluir a las víctimas como querellantes en el caso.

El diputado nacional de Provincias Unidas, Martín Lousteau, afirmó que el proyecto de Súper RIGI representa “la mayor concesión histórica” que el Estado otorgará a grandes corporaciones. En el marco de una sesión especial, el ex ministro de Economía criticó la indefinición del proyecto respecto a las actividades que se beneficiarán del régimen de exenciones fiscales, a diferencia de lo que ocurría con el RIGI, que tenía parámetros más claros. “¿Para quién es esta ley? El proyecto menciona actividades ‘genuinamente nuevas’, pero no se especifica qué se entiende por eso. El artículo 16 requiere que los potenciales inversores se consideren ‘genuinamente novedosos’. Pregunté al secretario de Energía, Daniel González, en la comisión, y no pudo aclarar a quién va dirigida esta ley”, recalcó el legislador opositor. También instó a discutir en el Congreso el costo real del régimen y su equidad, señalando que las provincias asumirán un costo fiscal sin necesariamente contar con proyectos que se alineen con el Súper RIGI. Lousteau sostuvo que “el Súper RIGI es la mayor concesión histórica que se le hará a este tipo de empresas”. En su opinión, “los impuestos son la cuota de pertenencia a la Argentina, y debemos dejar de verlos como un castigo”. Asimismo, advirtió que este tipo de iniciativas procura liberar al capital de cualquier tipo de regulación, lo que incluye la reducción de impuestos, la posibilidad de litigar en el extranjero y el control sobre recursos y tierras. Expresó que “la falta de fondos afecta a jubilaciones, discapacidades, educación y salud, dejando a un lado necesidades esenciales”. Finalmente, Lousteau enfatizó que es evidente la necesidad de inversión, pero enfatizó que el actual enfoque genera una división entre aquellos que se benefician y los que quedan rezagados.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) inaugurará en 2027 una nueva sede del Ciclo Básico Común (CBC) en Ezeiza, provincia de Buenos Aires. Esta decisión tiene como objetivo principal reducir una de las barreras más mencionadas para el acceso y continuidad en los estudios universitarios: la necesidad de trasladarse a otros distritos de forma diaria para cursar el primer tramo de la mayoría de las carreras.

La sede estará ubicada en la intersección de la calle Las Hortensias y la ruta 205, en la localidad de Tristán Suárez, y comenzará a funcionar desde el primer cuatrimestre de 2027. Esta iniciativa es el resultado de un convenio firmado entre el intendente y el rector de la UBA.

La medida prevé un impacto significativo en la comunidad, afectando a más de 25.000 estudiantes de escuelas públicas y privadas en la región, así como a quienes actualmente se desplazan a sedes más distantes o residen en localidades adyacentes como Cañuelas, San Vicente, Esteban Echeverría y La Matanza.

El intendente destacó la importancia de esta medida al presentar el acuerdo. “Nuestra misión es abrirles las puertas a los vecinos para que puedan estudiar, capacitarse y satisfacer la demanda de profesionales que requiere un distrito en expansión”, comentó.

Además, subrayó que la llegada de la universidad “más prestigiosa del país” ampliará las oportunidades educativas en Ezeiza.

El Ciclo Básico Común representa el primer tramo universitario y es uno de los momentos críticos en los que se registra una alta tasa de deserción. La creación de esta sede en el distrito busca facilitar el acceso al sistema universitario y reducir el abandono de los estudios antes de que los alumnos se adentren en las materias específicas de sus carreras.

“Hasta ahora, acceder a una universidad pública, gratuita y de alta calidad requería afrontar los costos y el tiempo de un viaje diario, un obstáculo que para muchas familias resultaba determinante y conducía a la deserción. La nueva sede del CBC complementa además la oferta educativa existente en el municipio, que ya alberga a la Universidad Provincial de Ezeiza (UPE), enfocada en la actividad aeronáutica”, se destacó desde el municipio.

La iniciativa cuenta con un fuerte respaldo social, según un estudio realizado por una consultora en mayo de 2026, el cual reveló que el 93,8% de los vecinos considera la propuesta como buena o muy buena.

Asimismo, la encuesta mostró que el 74,8% de los encuestados opina que la nueva sede ofrece oportunidades valiosas y contribuye a evitar la deserción escolar. Este apoyo es transversal, abarcando diferentes generaciones, géneros y orientaciones políticas.

La aceptación de la propuesta se mantiene en hogares con estudiantes universitarios y en aquellos que aún no tienen. Este dato sugiere que la apertura de la sede es percibida no solo como una solución para quienes están en edad de cursar, sino también como una inversión en educación que beneficiará al distrito en su conjunto.

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), ha formalizado su postulación para un cuarto mandato al frente de la entidad, con elecciones programadas para el 9 de septiembre. Su lista, denominada Presencia Federal, tiene a Carlos Odriozola, actual director y coordinador de la Comisión de Carnes, como compañero de fórmula. Esta propuesta incluye una representación que cubre los catorce distritos en los que se organiza la SRA.

El proyecto de Pino busca fortalecer la defensa de los intereses de los productores rurales, enfocándose en la eliminación de retenciones y fomentando acuerdos internacionales que amplíen las exportaciones del sector. Al presentar su lista, el presidente de la SRA describió al grupo como “un verdadero equipo” y expresó su confianza en su candidato a vicepresidente: “Carlos es una figura fundamental, ya venimos trabajando juntos desde hace tiempo y estoy seguro de que a partir de septiembre será el vicepresidente que la SRA necesita y merece tener”.

Odriozola, agradecido por su designación, enfatizó el objetivo de la fórmula: “Es un honor para mí poder ser parte de esta fórmula para seguir haciendo cada día más grande a la Sociedad Rural Argentina y sobre todo para seguir trabajando por los casi 4.000 socios de nuestra institución, para representarlos como se merecen y como venimos haciendo durante la actual gestión”.

La lista Presencia Federal también incluye a candidatos a vocales generales como Juan Manuel Bautista, Alfonso Bustillo y Raúl Etchebehere, entre otros, además de veinticuatro vocales titulares y suplentes distribuidos en diferentes distritos, lo que proporciona una representación federal en la conducción.

El lanzamiento de esta lista representa la continuidad de una gestión con la consigna de defender a los productores y mantener una demanda constante por la eliminación de retenciones. Esta plataforma se complementa con la búsqueda de acuerdos internacionales para aumentar el volumen exportador, en línea con la agenda que ha manejado la actual conducción desde sus inicios.

Dentro del escenario electoral de la SRA, se vislumbra una intensa disputa interna. La principal fuerza opositora es la lista Renovación con Unidad, liderada por el actual vicepresidente, quien ha puesto en tela de juicio la gestión de Pino y ha criticado su aspiración a un cuarto mandato, señalando presuntas incompatibilidades estatutarias.

Las tensiones entre ambos espacios reflejan dilemas sobre el perfil político-gremial que debe adoptar la Sociedad Rural Argentina ante las decisiones del Gobierno nacional. Desde la oposición, Renovación con Unidad promueve un cambio en el funcionamiento de la entidad y una estrategia diferenciada respecto a la política económica, criticando la relación actual con el presidente.

La presentación de listas y plataformas se da en el contexto del 160° aniversario de la SRA, un momento de alta visibilidad para la dirigencia agropecuaria. Este proceso electoral no solo decidirá la conducción, sino también el futuro de la institución frente a los desafíos del sector.

La integración de la lista Presencia Federal asegura cubrir todos los cargos de la Comisión Directiva e incluir a representantes de las catorce divisiones en las que se organiza la entidad. Este armado busca dar voz y representación a las diversas regiones productivas del país, un aspecto considerado fundamental por la actual conducción para sostener legitimidad y consenso entre los socios.

La contienda electoral de septiembre pone sobre la mesa dos enfoques de gestión y liderazgo: la continuidad promovida por Pino y Odriozola, que desean profundizar en la defensa del sector y en la apertura internacional, y la propuesta de Renovación con Unidad, que pretende actualizar el perfil institucional y desafiar algunos lineamientos actuales.

La lista opositora de Pereda Born cuestiona la posibilidad de un nuevo mandato de Pino y aboga por una transformación en la estrategia gremial y política de la entidad. En este sentido, su campaña se fundamenta en críticas a la supuesta cercanía del actual liderazgo con el Gobierno, a la vez que reclama mayor autonomía frente al poder político y económico.

Los próximos pasos del proceso electoral incluyen la confirmación definitiva de las listas, la campaña interna y la votación del 9 de septiembre, cuyo resultado determinará la dirección de la Sociedad Rural Argentina hasta 2028, marcando su posicionamiento ante los debates sobre política agropecuaria, comercio exterior y representación sectorial.

Luego de la decisión de la Corte Suprema que ratificó la medida cautelar que obliga al Estado nacional a implementar la ley de financiamiento universitario, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, analizó las implicancias de este fallo para las universidades públicas y enfatizó que el desafío principal sigue siendo la recuperación del poder adquisitivo de los docentes, uno de los grupos más afectados por la reducción presupuestaria.

Durante una entrevista, el dirigente académico enfatizó que la cuestión va más allá del ámbito judicial y recordó que la ley fue sancionada por el Congreso hace más de ocho meses. “Pasaron 247 días de dilaciones al cumplimiento de la ley de financiamiento universitario”, dijo al criticar la táctica del Gobierno de apelar a diversas instancias judiciales para demorar su implementación.

Precisó que la decisión de la Corte sostiene la medida cautelar emitida en primera instancia y obliga al Ejecutivo a acatarla mientras se discute la cuestión de fondo.

En este contexto, afirmó que esta resolución tiene repercusiones significativas en el financiamiento del sistema universitario. “A partir de ahora, el Gobierno tiene que cumplir con la medida cautelar en relación a becas y salarios universitarios”, indicó, añadiendo que el impacto económico de esta decisión supera con creces los aumentos acordados en las últimas paritarias.

No obstante, Yacobitti explicó que el debate central radica en la situación salarial de los docentes. “En estos dos años, el salario docente perdió la mitad de su poder adquisitivo”, subrayó, advirtiendo que esta disminución ya se ha traducido en una migración de profesores hacia el sector privado.

Como ilustración, expuso que un jefe de trabajos prácticos a dedicación exclusiva percibe actualmente alrededor de 400.000 pesos con garantía salarial y mencionó que recientemente algunos docentes de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA recibieron ofertas laborales que cuadruplicaban ese ingreso.

El vicerrector consideró que el fallo judicial proporciona previsibilidad para comenzar a revertir esta situación, aunque insistió en que el objetivo debe ser poner fin a un conflicto que, en su opinión, desvia energías que deberían dirigirse a mejorar el sistema. “No podemos ingresar a este período de cambios globales en medio de una disputa constante por el financiamiento”, afirmó.

Asimismo, relacionó la resolución judicial con el respaldo social que han recibido las universidades públicas en los últimos meses, señalando que la decisión judicial no puede comprenderse aislada de las movilizaciones masivas en defensa del sistema universitario. “La sociedad las defendió porque funcionan”, expresó, añadiendo que la universidad pública sigue siendo una de las principales vías de movilidad social en el país, a pesar de los desafíos que persisten.

Entre estos desafíos, destacó que cerca del 49% de los estudiantes que ingresan a primer año logra graduarse, un porcentaje alineado con el promedio regional. Además, subrayó la capacidad de adaptación de la UBA, recordando que durante 2025 se implementaron nuevas carreras, como Biotecnología, y se reformaron más de treinta planes de estudio.

Al ser consultado sobre la relación con el Gobierno nacional, Yacobitti evitó adoptar una postura de confrontación constante y afirmó que las universidades deben mantener canales de diálogo con cualquier administración. “Nosotros necesitamos trabajar con este Gobierno, con el anterior y con el que venga”, sostuvo. Sin embargo, criticó enérgicamente la estrategia oficial de los últimos meses, mencionando un “doble ataque”: uno relacionado con la difamación y otro vinculado al desfinanciamiento.

Dentro de este marco, rechazó las acusaciones formuladas por diversos funcionarios acerca de los salarios de los directivos universitarios. “El ministro de Economía dijo que yo cobraba 18 millones de pesos. No llego a tres millones por mi sueldo en la universidad”, replicó, añadiendo que, si existen irregularidades, deben ser investigadas, aunque advirtió que “el Gobierno ha recurrido a muchas inexactitudes”.

Finalmente, desmintió las versiones oficiales sobre el supuesto costo que implican los estudiantes extranjeros, explicando que quienes llegan a través de programas de intercambio pagan por su formación y precisando que este año se inscribieron en la UBA aproximadamente 70.000 estudiantes, de los cuales solo el 4% no cuenta con residencia permanente. También recordó que los posgrados son arancelados y que los estudiantes extranjeros abonan incluso más que los argentinos.

Al concluir la entrevista, Yacobitti reiteró que el debate sobre el financiamiento universitario debería abrir paso a una discusión más amplia acerca del futuro de la educación superior. Para él, el desafío no es solo garantizar recursos, sino consolidar un sistema que continúe formando profesionales, generando conocimiento y adaptándose a las transformaciones tecnológicas y productivas del mundo.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha implementado un endurecimiento en las sanciones dirigidas a aquellos que se apropian de manera ilegal de los espacios reservados para personas con discapacidad. A partir de ahora, la falsificación o adulteración de los carteles de estacionamiento reservado acarreará multas económicas significativas, denuncias penales y la suspensión de la licencia de conducir.

Esta medida fue anunciada por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien afirmo: “Se terminó la avivada de apropiarse de la calle con estacionamientos truchos. Les vamos a suspender la licencia de conducir, van a pagar una multa y todos los costos del operativo. Si falsificaron el cartel de la reserva para discapacitados, les vamos a hacer una denuncia penal. Tienen 20 días para regularizar cualquier situación. Después de ese plazo, bánquense las consecuencias legales. Ley y orden.”

El endurecimiento de las sanciones responde a una creciente problemática en la ciudad, donde se han encontrado permisos falsos, adulterados o vencidos, así como carteles pertenecientes a personas fallecidas. Las autoridades locales informan que en lo que va del año ya se han retirado más de 400 carteles irregulares. El propósito de esta iniciativa es asegurar que los beneficios de accesibilidad sean otorgados a quienes realmente los necesitan y prevenir la apropiación indebida del espacio público.

Desde la Secretaría de Tránsito, se intensificarán los controles sobre la cartelería en la vía pública. El nuevo protocolo de actuación establece la retirada inmediata de cualquier señalización irregular, así como la presentación de una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal en caso de que se detecten falsificaciones o adulteraciones. Antes de iniciar un proceso penal, los implicados tendrán la oportunidad de presentar un descargo. Además, se dará instrucciones a las áreas competentes para suspender preventivamente la licencia de conducir del infractor.

La normativa establece además un criterio de responsabilidad económica directa. Aquellos que sean responsables de la colocación o modificación de dichos carteles deberán hacerse cargo de todos los gastos derivados de las acciones de remoción de la señalización y de la pintura del cordón. Con esta medida, la Ciudad busca desalentar la instalación de carteles falsos y promover el respeto hacia los derechos de las personas con discapacidad.

El comunicado oficial describe el esquema de sanciones para quienes infrinjan las nuevas normativas. Este endurecimiento llega tras la constatación de múltiples casos de manipulación fraudulenta de señales viales para reservar espacios exclusivos en la vía pública, práctica que, además de ser una infracción, impacta negativamente en los vecinos con discapacidad que dependen de estos lugares para su movilidad.

El gobierno porteño también ha señalado que enviará a la Legislatura un proyecto para modificar el Código Contravencional, con el fin de tipificar como contravención la falsificación o adulteración de carteles de estacionamiento para personas con discapacidad.

Macri subrayó que esta decisión forma parte de una política más amplia de ordenamiento del espacio público: “En lo que va del año ya fueron removidos más de 400 carteles que ocupaban de manera irregular espacios de estacionamiento reservado”. Asimismo, destacó la importancia de garantizar la transparencia en el uso de los beneficios de inclusión urbana.

De acuerdo con el protocolo, ante cualquier irregularidad detectada, el infractor será notificado y contará con un plazo de 20 días corridos para regularizar su situación a través del sistema de Trámites a Distancia (TAD) o mediante correo electrónico a reservaespacio@buenosaires.gob.ar. Una vez vencido ese plazo, la Ciudad procederá con las sanciones administrativas y penales correspondientes.