Buenos Aires, 25 marzo (NA) — El Loto Plus con un nuevo sorteo súper especial este miércoles 25 de marzo de 2026, en la sede de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, con un pozo súper millonario. Es la jugada 3868.
Todos los sorteo del Loto Plus podés seguir en vivo y en directo en la Agencia Noticias Argentinas.
LOTO PLUS: SORTEO SÁBADO 21 DE MARZO
* Número Plus: 8
* Tradicional: 03 08 10 27 33 34 (Vacante)
* Match: 00 10 13 37 43 45 (Vacante)
* Desquite: 06 14 16 19 21 23 (Vacante)
* Sale o Sale: 04 07 11 22 39 45 (24 ganadores c/5 aciertos: $1.902.382 c/u)
CÓMO SE JUEGA AL LOTO PLUS
* Selecciona 6 números del 0 al 45, con un único valor de apuesta participas de todas las modalidades. Hay 4 modalidades
* Además, hay que elegir 1 número del 0 al 9, que si acertás multiplicas el premio de tu apuesta de las categorías de 6 aciertos si resultara ganadora.
* Valor de la apuesta $2.000
¿CUÁNDO SE SORTEA EL LOTO PLUS?
Todos los miércoles y sábados a las 22 horas en la sede de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires.
¿CUÁL ES EL PLAZO PARA COBRAR UN PREMIO DE LOTO PLUS?
La prescripción de los premios se encuentra establecida en el Reglamento de cada uno de los juegos y detallada en la Programación vigente de los mismos. Asimismo, se podrá encontrar la información en el ticket de apuesta.
#AgenciaNA
Buenos Aires, 25 marzo (NA) – Tres delincuentes, que tenían antecedentes penales, fueron detenidos tras ser acusados de cortar la luz de un depósito de neumáticos para motos en el barrio porteño Villa Lugano con el objetivo de concretar un robo.
El hecho ocurrió el pasado 21 de marzo por la noche cuando personal policial fue alertado por el propietario del depósito que refirió haber observado por las cámaras de seguridad a dos hombres que intentaban ingresar al lugar y que también advirtió que el tablero eléctrico de Edesur había sido manipulado para cortar la luz, confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas.
En ese contexto, un vecino señaló a un auto Audi blanco estacionado sobre la calle Cañada de Gómez al 4100, del que habían descendido dos hombres encapuchados para dirigirse al depósito.
De este modo, los efectivos identificaron al conductor del rodado y, a pocos metros, observaron a los otros dos sospechosos, que al advertir la presencia policial intentaron escapar a pie, pero fueron interceptados a las pocas cuadras.
Durante el procedimiento se secuestraron dos celulares en el interior del Audi y un tercer teléfono iPhone hallado en la vía pública.
Los tres detenidos tienen 29, 32 y 36 años. Uno de ellos cuenta con antecedentes por disparo de arma de fuego y lesiones leves en 2022, mientras que otro de los detenidos posee acusaciones por tentativa de robo agravado en 2019 y en 2022.
En consulta judicial, se dispuso la detención de los tres hombres por tentativa de robo en poblado y en banda, el secuestro del Audi y las demás medidas de rigor. #AgenciaNA
Buenos Aires, 25 marzo (NA) – La Cámara de Diputados realiza una tensa primera audiencia publica sobre la reforma de la Ley de Glaciares se realiza con duros discursos contra la minería, con excepción del ministro de Producción de San Juan que defendió la iniciativa sancionada por el Senado.
La audiencia comenzó a las 10 bajo la conducción de los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales, José Peluc, y de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz.
La reunión pública se efectúa en medio de una fuerte tensión en donde por tramos se suceden protestas de algunos de oradores y de diputados opositores , donde los expositores a favor de la minería son abucheados y se los interrumpen.
“Fuera la minería, fuera la minería”, gritan los oradores que esperan sentados en la sala del Anexo C.
También hubo un momento de tensión entre los legisladores entre los diputados Sebastián Pareja y Mario “Paco” Manrique por el desarrollo de la sesión y las quejas opositores por la limitaciòn de oradores.
AUDIENCIA
El primer orador fue Marcelo Alberto Arteaga, de Chubut, quien señaló: “Los únicos dos arroyos que quedan están contaminados. en Las Heras se fue el petróleo y no quedó nada»
Con un enfático discurso contra la reforma de la ley de Glaciares, Arteaga dijo: «Tenemos basurales y un campamento. Cerquita están las mineras. Nadie del pueblo trabaja en las mineras. El pueblo los mira y los va a juzgar. Hoy el litro de agua cuesta más que el combustible. en mi pueblo, de 7 días cuatro tenemos agua”.
En contraposición, el ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández, hizo una fuerte defensa de la minería y señalo: “Nadie mejor nosotros estamos comprometidos con la defensa del agua”
«La minería resulta indispensable para nuestra provincia, genera empleos que son locales y tiene la posibilidad de desarrollar a otras actividades. Esa falsa dicotomía entre el falso uso del agua y la noble minería. Solo 0,50 del agua se consume para la minería”, agregó.
Otra de las oradores que hizo una fuerte defensa de la actual ley de Glaciares fue Marta Maffei, ex diputada de la Coalición Cívica y gremialista de la “Carpa Blanca”, que tuvo una activa participación en la sanción de esa ley.
Esta ley no es conveniente y no respeta nada de la legislación vigente. La Constitución Nacional establece presupuestos mínimos para todo el país. Viola el convenio 169 de la OIT. Es regresivo en los términos de los tratando ambientales vigentes»
“Tiene fachada de federalismo y logra discrecionalidad para que las provincias hagan cualquier cosa”, disparo Maffei.
Noticia en desarrollo…
Buenos Aires, 25 marzo (NA) – La defensa de Agostina Páez, la abogada argentina que estuvo más de dos meses con tobillera electrónica en Brasil acusada de injuria racial, negó en la conferencia de prensa que políticos estén involucrados en la decisión del juez sobre las tareas comunitarias que deberá realizar la joven en la Argentina como parte de la condena.
En la audiencia de este martes, la fiscalía solicitó que Páez sea condenada a 2 años de prisión en suspenso o que en su reemplazo cumpla con tareas comunitarias en Argentina. Luego de analizar, el juez resolvió que la abogada regrese a su país y concrete las pautas otorgadas.
Luego de que se conozca dicho dictamen, la diputada Marcela Pagono expuso en sus redes sociales que esta decisión ocurrió ante su presentación en la causa “como fiadora solidaria de la joven abandonada por el Gobierno”.
Sin embargo, este miércoles la defensa de Páez realizó pasadas las 11 de la mañana una conferencia de prensa en el Consulado argentino en la ciudad de Río de Janeiro, a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, donde explicó qué hay detrás y cómo será el futuro de la abogada.
“El consulado presentó una nota ante el tribunal en el que explicó las herramientas jurídicas y que ella iba a seguir sujeta a la legislación brasileña, pero desde Argentina. El juez lo leyó y tomó consideración”, explicó Carla Junqueira, abogada de Páez.
Acerca de Pagano, le agradeció su apoyo y preocupación en sus llamados, pero comentó que no cree factible que “el poder judicial de Brasil sea permeable en esos temas políticos”.
Sobre los pasos a seguir, la defensa explicó que “el fallo definitivo dirá cómo serán las tareas comunitarias y el monto de la fianza a abonar”.
Por último, Agostina señaló que por el momento no tiene conocimiento de la caución que deberá abonar, pero que se encuentra a la espera de saber cómo será el pago, debido a que hace tres meses está sin trabajo.
#AgenciaNA
Una conmemoración que nunca debió ser. Ni por su condición de feriado, porque el 24 de marzo no contempla el sentido de lo que debe ser un feriado nacional, y porque jamás debió ocurrir lo que pasó entonces.
Es una fecha que debe interpelarnos como sociedad porque quizás se pudo evitar, pero faltaron en el país dos condiciones liminares: Justicia y Política.
Decimos Justicia, porque el 24 de marzo fue producto del impulso de un grupo de facciosos que violaron todos sus juramentos y traicionaron a la Constitución Nacional y a un gobierno democráticamente elegido. Fue el resultado de un proceso que hunde sus raíces en los días de la caída de Perón en 1955.
Los asesinatos, las persecuciones, las detenciones arbitrarias, los exilios obligados, la censura y el infame robo del cadáver de Eva Perón constituyeron delitos que jamás fueron juzgados y causaron lesiones en el cuerpo social y político del país, que no cicatrizaron en cincuenta años.
Hay que sumarle las condiciones internacionales que produjeron una efervescencia en la juventud: el Mayo Francés inspiró un ideario libertario. La Revolución Cubana le dio un motivo y las sucesivas dictaduras argentinas más el mito del retorno de Perón, fueron formando un caldo de cultivo que explotó con toda violencia a partir de 1970.
El tan ansiado retorno de Perón, en junio de 1973, fue saludado con violencia en Ezeiza. Y meses después el asesinato del hijo político del líder, José Ignacio Rucci, la celebración de Montoneros tras la apabullante victoria electoral del fundador del peronismo.
Nueve meses más tarde, el 1 de mayo de 1974, cuando el pueblo peronista se aprestaba a vivir una jornada épica, con su líder hablado otra vez desde el balcón de la Casa Rosada, todo termino en escándalo. Perón, a la voz de «imberbes, estúpidos», echó de la Plaza de Mayo a Montoneros, ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo» y otras organizaciones que ese día pasaron a la clandestinidad y desataron una violencia desatada en el país.
Quien escribe estas líneas -como muchos otros- recuerda los disparos, las explosiones, las sirenas, en las noches. Aquí en Salta, una noche despertamos cubiertos vidrios cuando le volaron la casa al Dr. Fernando Chamorro, en la calle Alvarado, detrás del Convento San Bernardo. Y así podríamos contar tanto más.
El gobierno de Isabel Perón se tornaba cada vez más insostenible. Y el pueblo en la calle pedía el Golpe de Estado. Dos días antes, varios cientos de argentinos se agolpaban frente a la Casa Rosada pidiendo la caída de la viuda de Perón. Y cuando finalmente llegó el 24 de marzo de 1976, los argentinos aplaudían el paso de los tanques por las calles.
Luego sobrevino lo indecible. Lo inadmisible. Un régimen de exterminio indiscriminado donde hasta pensar era delito. El ejercicio de la violencia se convirtió en política de Estado y todo sentido de humanidad desapareció en la sociedad argentina.
Si hemos de recordar aquello infaustos días, es necesario contar la historia completa. Porque el Juicio a las Juntas fue histórico y necesario, pero fue sesgado, incompleto.
Porque todavía hoy faltan sentarse frente a los jueces los que iniciaron la violencia en el país.
Una conmemoración que nunca debió ser. Ni por su condición de feriado, porque el 24 de marzo no contempla el sentido de lo que debe ser un feriado nacional, y porque jamás debió ocurrir lo que pasó entonces.
Es una fecha que debe interpelarnos como sociedad porque quizás se pudo evitar, pero faltaron en el país dos condiciones liminares: Justicia y Política.
Decimos Justicia, porque el 24 de marzo fue producto del impulso de un grupo de facciosos que violaron todos sus juramentos y traicionaron a la Constitución Nacional y a un gobierno democráticamente elegido. Fue el resultado de un proceso que hunde sus raíces en los días de la caída de Perón en 1955.
Los asesinatos, las persecuciones, las detenciones arbitrarias, los exilios obligados, la censura y el infame robo del cadáver de Eva Perón constituyeron delitos que jamás fueron juzgados y causaron lesiones en el cuerpo social y político del país, que no cicatrizaron en cincuenta años.
Hay que sumarle las condiciones internacionales que produjeron una efervescencia en la juventud: el Mayo Francés inspiró un ideario libertario. La Revolución Cubana le dio un motivo y las sucesivas dictaduras argentinas más el mito del retorno de Perón, fueron formando un caldo de cultivo que explotó con toda violencia a partir de 1970.
El tan ansiado retorno de Perón, en junio de 1973, fue saludado con violencia en Ezeiza. Y meses después el asesinato del hijo político del líder, José Ignacio Rucci, la celebración de Montoneros tras la apabullante victoria electoral del fundador del peronismo.
Nueve meses más tarde, el 1 de mayo de 1974, cuando el pueblo peronista se aprestaba a vivir una jornada épica, con su líder hablado otra vez desde el balcón de la Casa Rosada, todo termino en escándalo. Perón, a la voz de «imberbes, estúpidos», echó de la Plaza de Mayo a Montoneros, ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo» y otras organizaciones que ese día pasaron a la clandestinidad y desataron una violencia desatada en el país.
Quien escribe estas líneas -como muchos otros- recuerda los disparos, las explosiones, las sirenas, en las noches. Aquí en Salta, una noche despertamos cubiertos vidrios cuando le volaron la casa al Dr. Fernando Chamorro, en la calle Alvarado, detrás del Convento San Bernardo. Y así podríamos contar tanto más.
El gobierno de Isabel Perón se tornaba cada vez más insostenible. Y el pueblo en la calle pedía el Golpe de Estado. Dos días antes, varios cientos de argentinos se agolpaban frente a la Casa Rosada pidiendo la caída de la viuda de Perón. Y cuando finalmente llegó el 24 de marzo de 1976, los argentinos aplaudían el paso de los tanques por las calles.
Luego sobrevino lo indecible. Lo inadmisible. Un régimen de exterminio indiscriminado donde hasta pensar era delito. El ejercicio de la violencia se convirtió en política de Estado y todo sentido de humanidad desapareció en la sociedad argentina.
Si hemos de recordar aquello infaustos días, es necesario contar la historia completa. Porque el Juicio a las Juntas fue histórico y necesario, pero fue sesgado, incompleto.
Porque todavía hoy faltan sentarse frente a los jueces los que iniciaron la violencia en el país.
Una conmemoración que nunca debió ser. Ni por su condición de feriado, porque el 24 de marzo no contempla el sentido de lo que debe ser un feriado nacional, y porque jamás debió ocurrir lo que pasó entonces.
Es una fecha que debe interpelarnos como sociedad porque quizás se pudo evitar, pero faltaron en el país dos condiciones liminares: Justicia y Política.
Decimos Justicia, porque el 24 de marzo fue producto del impulso de un grupo de facciosos que violaron todos sus juramentos y traicionaron a la Constitución Nacional y a un gobierno democráticamente elegido. Fue el resultado de un proceso que hunde sus raíces en los días de la caída de Perón en 1955.
Los asesinatos, las persecuciones, las detenciones arbitrarias, los exilios obligados, la censura y el infame robo del cadáver de Eva Perón constituyeron delitos que jamás fueron juzgados y causaron lesiones en el cuerpo social y político del país, que no cicatrizaron en cincuenta años.
Hay que sumarle las condiciones internacionales que produjeron una efervescencia en la juventud: el Mayo Francés inspiró un ideario libertario. La Revolución Cubana le dio un motivo y las sucesivas dictaduras argentinas más el mito del retorno de Perón, fueron formando un caldo de cultivo que explotó con toda violencia a partir de 1970.
El tan ansiado retorno de Perón, en junio de 1973, fue saludado con violencia en Ezeiza. Y meses después el asesinato del hijo político del líder, José Ignacio Rucci, la celebración de Montoneros tras la apabullante victoria electoral del fundador del peronismo.
Nueve meses más tarde, el 1 de mayo de 1974, cuando el pueblo peronista se aprestaba a vivir una jornada épica, con su líder hablado otra vez desde el balcón de la Casa Rosada, todo termino en escándalo. Perón, a la voz de «imberbes, estúpidos», echó de la Plaza de Mayo a Montoneros, ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo» y otras organizaciones que ese día pasaron a la clandestinidad y desataron una violencia desatada en el país.
Quien escribe estas líneas -como muchos otros- recuerda los disparos, las explosiones, las sirenas, en las noches. Aquí en Salta, una noche despertamos cubiertos vidrios cuando le volaron la casa al Dr. Fernando Chamorro, en la calle Alvarado, detrás del Convento San Bernardo. Y así podríamos contar tanto más.
El gobierno de Isabel Perón se tornaba cada vez más insostenible. Y el pueblo en la calle pedía el Golpe de Estado. Dos días antes, varios cientos de argentinos se agolpaban frente a la Casa Rosada pidiendo la caída de la viuda de Perón. Y cuando finalmente llegó el 24 de marzo de 1976, los argentinos aplaudían el paso de los tanques por las calles.
Luego sobrevino lo indecible. Lo inadmisible. Un régimen de exterminio indiscriminado donde hasta pensar era delito. El ejercicio de la violencia se convirtió en política de Estado y todo sentido de humanidad desapareció en la sociedad argentina.
Si hemos de recordar aquello infaustos días, es necesario contar la historia completa. Porque el Juicio a las Juntas fue histórico y necesario, pero fue sesgado, incompleto.
Porque todavía hoy faltan sentarse frente a los jueces los que iniciaron la violencia en el país.
Una conmemoración que nunca debió ser. Ni por su condición de feriado, porque el 24 de marzo no contempla el sentido de lo que debe ser un feriado nacional, y porque jamás debió ocurrir lo que pasó entonces.
Es una fecha que debe interpelarnos como sociedad porque quizás se pudo evitar, pero faltaron en el país dos condiciones liminares: Justicia y Política.
Decimos Justicia, porque el 24 de marzo fue producto del impulso de un grupo de facciosos que violaron todos sus juramentos y traicionaron a la Constitución Nacional y a un gobierno democráticamente elegido. Fue el resultado de un proceso que hunde sus raíces en los días de la caída de Perón en 1955.
Los asesinatos, las persecuciones, las detenciones arbitrarias, los exilios obligados, la censura y el infame robo del cadáver de Eva Perón constituyeron delitos que jamás fueron juzgados y causaron lesiones en el cuerpo social y político del país, que no cicatrizaron en cincuenta años.
Hay que sumarle las condiciones internacionales que produjeron una efervescencia en la juventud: el Mayo Francés inspiró un ideario libertario. La Revolución Cubana le dio un motivo y las sucesivas dictaduras argentinas más el mito del retorno de Perón, fueron formando un caldo de cultivo que explotó con toda violencia a partir de 1970.
El tan ansiado retorno de Perón, en junio de 1973, fue saludado con violencia en Ezeiza. Y meses después el asesinato del hijo político del líder, José Ignacio Rucci, la celebración de Montoneros tras la apabullante victoria electoral del fundador del peronismo.
Nueve meses más tarde, el 1 de mayo de 1974, cuando el pueblo peronista se aprestaba a vivir una jornada épica, con su líder hablado otra vez desde el balcón de la Casa Rosada, todo termino en escándalo. Perón, a la voz de «imberbes, estúpidos», echó de la Plaza de Mayo a Montoneros, ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo» y otras organizaciones que ese día pasaron a la clandestinidad y desataron una violencia desatada en el país.
Quien escribe estas líneas -como muchos otros- recuerda los disparos, las explosiones, las sirenas, en las noches. Aquí en Salta, una noche despertamos cubiertos vidrios cuando le volaron la casa al Dr. Fernando Chamorro, en la calle Alvarado, detrás del Convento San Bernardo. Y así podríamos contar tanto más.
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Luego sobrevino lo indecible. Lo inadmisible. Un régimen de exterminio indiscriminado donde hasta pensar era delito. El ejercicio de la violencia se convirtió en política de Estado y todo sentido de humanidad desapareció en la sociedad argentina.
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Porque todavía hoy faltan sentarse frente a los jueces los que iniciaron la violencia en el país.
Una conmemoración que nunca debió ser. Ni por su condición de feriado, porque el 24 de marzo no contempla el sentido de lo que debe ser un feriado nacional, y porque jamás debió ocurrir lo que pasó entonces.
Es una fecha que debe interpelarnos como sociedad porque quizás se pudo evitar, pero faltaron en el país dos condiciones liminares: Justicia y Política.
Decimos Justicia, porque el 24 de marzo fue producto del impulso de un grupo de facciosos que violaron todos sus juramentos y traicionaron a la Constitución Nacional y a un gobierno democráticamente elegido. Fue el resultado de un proceso que hunde sus raíces en los días de la caída de Perón en 1955.
Los asesinatos, las persecuciones, las detenciones arbitrarias, los exilios obligados, la censura y el infame robo del cadáver de Eva Perón constituyeron delitos que jamás fueron juzgados y causaron lesiones en el cuerpo social y político del país, que no cicatrizaron en cincuenta años.
Hay que sumarle las condiciones internacionales que produjeron una efervescencia en la juventud: el Mayo Francés inspiró un ideario libertario. La Revolución Cubana le dio un motivo y las sucesivas dictaduras argentinas más el mito del retorno de Perón, fueron formando un caldo de cultivo que explotó con toda violencia a partir de 1970.
El tan ansiado retorno de Perón, en junio de 1973, fue saludado con violencia en Ezeiza. Y meses después el asesinato del hijo político del líder, José Ignacio Rucci, la celebración de Montoneros tras la apabullante victoria electoral del fundador del peronismo.
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Luego sobrevino lo indecible. Lo inadmisible. Un régimen de exterminio indiscriminado donde hasta pensar era delito. El ejercicio de la violencia se convirtió en política de Estado y todo sentido de humanidad desapareció en la sociedad argentina.
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El tan ansiado retorno de Perón, en junio de 1973, fue saludado con violencia en Ezeiza. Y meses después el asesinato del hijo político del líder, José Ignacio Rucci, la celebración de Montoneros tras la apabullante victoria electoral del fundador del peronismo.
Nueve meses más tarde, el 1 de mayo de 1974, cuando el pueblo peronista se aprestaba a vivir una jornada épica, con su líder hablado otra vez desde el balcón de la Casa Rosada, todo termino en escándalo. Perón, a la voz de «imberbes, estúpidos», echó de la Plaza de Mayo a Montoneros, ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo» y otras organizaciones que ese día pasaron a la clandestinidad y desataron una violencia desatada en el país.
Quien escribe estas líneas -como muchos otros- recuerda los disparos, las explosiones, las sirenas, en las noches. Aquí en Salta, una noche despertamos cubiertos vidrios cuando le volaron la casa al Dr. Fernando Chamorro, en la calle Alvarado, detrás del Convento San Bernardo. Y así podríamos contar tanto más.
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Es una fecha que debe interpelarnos como sociedad porque quizás se pudo evitar, pero faltaron en el país dos condiciones liminares: Justicia y Política.
Decimos Justicia, porque el 24 de marzo fue producto del impulso de un grupo de facciosos que violaron todos sus juramentos y traicionaron a la Constitución Nacional y a un gobierno democráticamente elegido. Fue el resultado de un proceso que hunde sus raíces en los días de la caída de Perón en 1955.
Los asesinatos, las persecuciones, las detenciones arbitrarias, los exilios obligados, la censura y el infame robo del cadáver de Eva Perón constituyeron delitos que jamás fueron juzgados y causaron lesiones en el cuerpo social y político del país, que no cicatrizaron en cincuenta años.
Hay que sumarle las condiciones internacionales que produjeron una efervescencia en la juventud: el Mayo Francés inspiró un ideario libertario. La Revolución Cubana le dio un motivo y las sucesivas dictaduras argentinas más el mito del retorno de Perón, fueron formando un caldo de cultivo que explotó con toda violencia a partir de 1970.
El tan ansiado retorno de Perón, en junio de 1973, fue saludado con violencia en Ezeiza. Y meses después el asesinato del hijo político del líder, José Ignacio Rucci, la celebración de Montoneros tras la apabullante victoria electoral del fundador del peronismo.
Nueve meses más tarde, el 1 de mayo de 1974, cuando el pueblo peronista se aprestaba a vivir una jornada épica, con su líder hablado otra vez desde el balcón de la Casa Rosada, todo termino en escándalo. Perón, a la voz de «imberbes, estúpidos», echó de la Plaza de Mayo a Montoneros, ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo» y otras organizaciones que ese día pasaron a la clandestinidad y desataron una violencia desatada en el país.
Quien escribe estas líneas -como muchos otros- recuerda los disparos, las explosiones, las sirenas, en las noches. Aquí en Salta, una noche despertamos cubiertos vidrios cuando le volaron la casa al Dr. Fernando Chamorro, en la calle Alvarado, detrás del Convento San Bernardo. Y así podríamos contar tanto más.
El gobierno de Isabel Perón se tornaba cada vez más insostenible. Y el pueblo en la calle pedía el Golpe de Estado. Dos días antes, varios cientos de argentinos se agolpaban frente a la Casa Rosada pidiendo la caída de la viuda de Perón. Y cuando finalmente llegó el 24 de marzo de 1976, los argentinos aplaudían el paso de los tanques por las calles.
Luego sobrevino lo indecible. Lo inadmisible. Un régimen de exterminio indiscriminado donde hasta pensar era delito. El ejercicio de la violencia se convirtió en política de Estado y todo sentido de humanidad desapareció en la sociedad argentina.
Si hemos de recordar aquello infaustos días, es necesario contar la historia completa. Porque el Juicio a las Juntas fue histórico y necesario, pero fue sesgado, incompleto.
Porque todavía hoy faltan sentarse frente a los jueces los que iniciaron la violencia en el país.
Una conmemoración que nunca debió ser. Ni por su condición de feriado, porque el 24 de marzo no contempla el sentido de lo que debe ser un feriado nacional, y porque jamás debió ocurrir lo que pasó entonces.
Es una fecha que debe interpelarnos como sociedad porque quizás se pudo evitar, pero faltaron en el país dos condiciones liminares: Justicia y Política.
Decimos Justicia, porque el 24 de marzo fue producto del impulso de un grupo de facciosos que violaron todos sus juramentos y traicionaron a la Constitución Nacional y a un gobierno democráticamente elegido. Fue el resultado de un proceso que hunde sus raíces en los días de la caída de Perón en 1955.
Los asesinatos, las persecuciones, las detenciones arbitrarias, los exilios obligados, la censura y el infame robo del cadáver de Eva Perón constituyeron delitos que jamás fueron juzgados y causaron lesiones en el cuerpo social y político del país, que no cicatrizaron en cincuenta años.
Hay que sumarle las condiciones internacionales que produjeron una efervescencia en la juventud: el Mayo Francés inspiró un ideario libertario. La Revolución Cubana le dio un motivo y las sucesivas dictaduras argentinas más el mito del retorno de Perón, fueron formando un caldo de cultivo que explotó con toda violencia a partir de 1970.
El tan ansiado retorno de Perón, en junio de 1973, fue saludado con violencia en Ezeiza. Y meses después el asesinato del hijo político del líder, José Ignacio Rucci, la celebración de Montoneros tras la apabullante victoria electoral del fundador del peronismo.
Nueve meses más tarde, el 1 de mayo de 1974, cuando el pueblo peronista se aprestaba a vivir una jornada épica, con su líder hablado otra vez desde el balcón de la Casa Rosada, todo termino en escándalo. Perón, a la voz de «imberbes, estúpidos», echó de la Plaza de Mayo a Montoneros, ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo» y otras organizaciones que ese día pasaron a la clandestinidad y desataron una violencia desatada en el país.
Quien escribe estas líneas -como muchos otros- recuerda los disparos, las explosiones, las sirenas, en las noches. Aquí en Salta, una noche despertamos cubiertos vidrios cuando le volaron la casa al Dr. Fernando Chamorro, en la calle Alvarado, detrás del Convento San Bernardo. Y así podríamos contar tanto más.
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Luego sobrevino lo indecible. Lo inadmisible. Un régimen de exterminio indiscriminado donde hasta pensar era delito. El ejercicio de la violencia se convirtió en política de Estado y todo sentido de humanidad desapareció en la sociedad argentina.
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Es una fecha que debe interpelarnos como sociedad porque quizás se pudo evitar, pero faltaron en el país dos condiciones liminares: Justicia y Política.
Decimos Justicia, porque el 24 de marzo fue producto del impulso de un grupo de facciosos que violaron todos sus juramentos y traicionaron a la Constitución Nacional y a un gobierno democráticamente elegido. Fue el resultado de un proceso que hunde sus raíces en los días de la caída de Perón en 1955.
Los asesinatos, las persecuciones, las detenciones arbitrarias, los exilios obligados, la censura y el infame robo del cadáver de Eva Perón constituyeron delitos que jamás fueron juzgados y causaron lesiones en el cuerpo social y político del país, que no cicatrizaron en cincuenta años.
Hay que sumarle las condiciones internacionales que produjeron una efervescencia en la juventud: el Mayo Francés inspiró un ideario libertario. La Revolución Cubana le dio un motivo y las sucesivas dictaduras argentinas más el mito del retorno de Perón, fueron formando un caldo de cultivo que explotó con toda violencia a partir de 1970.
El tan ansiado retorno de Perón, en junio de 1973, fue saludado con violencia en Ezeiza. Y meses después el asesinato del hijo político del líder, José Ignacio Rucci, la celebración de Montoneros tras la apabullante victoria electoral del fundador del peronismo.
Nueve meses más tarde, el 1 de mayo de 1974, cuando el pueblo peronista se aprestaba a vivir una jornada épica, con su líder hablado otra vez desde el balcón de la Casa Rosada, todo termino en escándalo. Perón, a la voz de «imberbes, estúpidos», echó de la Plaza de Mayo a Montoneros, ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo» y otras organizaciones que ese día pasaron a la clandestinidad y desataron una violencia desatada en el país.
Quien escribe estas líneas -como muchos otros- recuerda los disparos, las explosiones, las sirenas, en las noches. Aquí en Salta, una noche despertamos cubiertos vidrios cuando le volaron la casa al Dr. Fernando Chamorro, en la calle Alvarado, detrás del Convento San Bernardo. Y así podríamos contar tanto más.
El gobierno de Isabel Perón se tornaba cada vez más insostenible. Y el pueblo en la calle pedía el Golpe de Estado. Dos días antes, varios cientos de argentinos se agolpaban frente a la Casa Rosada pidiendo la caída de la viuda de Perón. Y cuando finalmente llegó el 24 de marzo de 1976, los argentinos aplaudían el paso de los tanques por las calles.
Luego sobrevino lo indecible. Lo inadmisible. Un régimen de exterminio indiscriminado donde hasta pensar era delito. El ejercicio de la violencia se convirtió en política de Estado y todo sentido de humanidad desapareció en la sociedad argentina.
Si hemos de recordar aquello infaustos días, es necesario contar la historia completa. Porque el Juicio a las Juntas fue histórico y necesario, pero fue sesgado, incompleto.
Porque todavía hoy faltan sentarse frente a los jueces los que iniciaron la violencia en el país.
El juicio por el femicidio de Mercedes Kvedaras, ocurrido el 4 de agosto de 2023 en el barrio privado El Tipal, comenzará exactamente en una semana y serán convocados 80 testigos a declarar al debate oral, según revelaron fuentes de una de las causas que conmocionó a Salta.
El proceso, que comenzará el 1 de abril y se extenderá hasta el 4 de mayo, estará a cargo de la Sala IV del Tribunal de Juicio, integrada por los jueces Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans.
En el banquillo estará José Eduardo «Jota» Figueroa, de 47 años, acusado de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género en perjuicio de su esposa, Mercedes Kvedaras (37). El imputado permanece con prisión preventiva desde agosto de 2023, cuando ocurrió el hecho en la vivienda de la pareja en El Tipal.
El hecho
De acuerdo con la investigación, Kvedaras fue hallada sin vida el 4 de agosto de ese año. La autopsia determinó que murió por asfixia mecánica mixta, es decir, por una combinación de estrangulamiento y sofocación, en un lapso prolongado que le impidió cualquier posibilidad de defensa o supervivencia. El informe forense también constató más de 40 lesiones en el cuerpo, lo que reforzó la hipótesis de un ataque violento y sostenido.
Desde el inicio, el caso fue encuadrado como un femicidio en un contexto de violencia de género. Según consta en la causa, la víctima había manifestado temor hacia su esposo y relatado situaciones de celos, control y hostigamiento previas al hecho.
Figueroa fue imputado pocos días después del crimen. En su declaración judicial reconoció haber estado presente, aunque brindó una versión que, según la fiscalía, contradice los resultados de las pericias médicas y criminalísticas.
La acusación está a cargo de la fiscala de la Unidad de Femicidios (UFEM), Luján Sodero Calvet, mientras que la querella representa a la familia de la víctima. La defensa técnica del imputado es ejercida por el abogado Juan Casabella Dávalos.
80 nombres
El debate oral tendrá como eje una extensa producción de prueba testimonial. Según fuentes judiciales, fueron citados más de 80 testigos que declararán a lo largo de distintas jornadas.
Entre ellos se encuentran familiares de Mercedes Kvedaras, vecinos del barrio El Tipal y personas del entorno cercano que aportarán información sobre la dinámica previa al hecho. También declararán efectivos policiales que intervinieron en el procedimiento inicial y en la investigación posterior.
A su vez, tendrán un rol central los profesionales del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), incluidos médicos forenses, psicólogos, bioquímicos y especialistas en criminalística, quienes expondrán los resultados de pericias clave para la reconstrucción del hecho.
El listado se completa con peritos y técnicos que participaron en análisis complementarios, informes interdisciplinarios y evaluaciones realizadas durante la etapa de instrucción.
La defensa también pidió incorporar testigos para las audiencias.
A dos años y medio del crimen
La causa llegó a juicio tras un extenso recorrido procesal marcado por múltiples planteos de la defensa, que buscaron cuestionar distintos aspectos del proceso.
Entre ellos, se incluyeron impugnaciones al esquema de oralidad implementado en la provincia, pedidos de morigeración de la prisión preventiva por razones de salud, y la propuesta —finalmente retirada— de realizar una «autopsia psicológica» sobre la víctima, lo que generó un fuerte rechazo de la fiscalía y la querella por considerarlo revictimizante.
También hubo controversias en torno a intentos de reconstrucción del hecho impulsados por la defensa sin la debida participación de todas las partes, lo que derivó en planteos de nulidad y cuestionamientos sobre la legalidad de esas actuaciones.
A esto se sumaron recusaciones y excusaciones de jueces que demoraron la conformación definitiva del tribunal, en una secuencia de incidentes que postergó la fijación de la fecha de juicio.
Finalmente, tras superar esas instancias, el tribunal quedó integrado y el proceso avanzó hacia la etapa de debate oral.
El juicio buscará reconstruir con precisión lo ocurrido en la vivienda de El Tipal y determinar la responsabilidad penal de Figueroa en un caso que generó una profunda conmoción social en Salta.
La fiscalía sostiene que se trató de un femicidio cometido en un contexto de violencia de género, con una dinámica de agresión sostenida que derivó en la muerte de la víctima. En ese marco, la expectativa de pena es la de prisión perpetua.
Con una prueba testimonial amplia, pericias forenses contundentes y un proceso seguido de cerca por la opinión pública, el debate oral se perfila como una instancia clave para esclarecer uno de los casos más impactantes de los últimos años en la provincia.
La convocatoria al taller «La Física al Alcance de Todos» volvió a mostrar su vigencia: el sábado último, en la jornada de inscripción realizada en la Universidad Nacional de Salta, se superó el cupo previsto y se registraron 213 estudiantes anotados.
«Teníamos cupo para 200 personas. Al final, después de cinco horas de inscripción, hubo 213 inscriptos. Así que lo dejamos con ese número», explicó el profesor Joaquín Arroyo, uno de los responsables del espacio. Con ese límite alcanzado, confirmaron que no habrá una nueva instancia de inscripción.
La propuesta, destinada a estudiantes de nivel secundario, mantiene el espíritu del recordado profesor Daniel Córdoba y comenzará el sábado 11 de abril a las 9.30, tanto para el nivel Fundamentos como para el nivel Olimpiadas. En este último caso, más adelante también se sumará un turno por la tarde.
El equipo docente estará integrado por dos profesores por nivel: Arroyo y Martín Aramayo en Fundamentos, y Sebastián Arroyo junto a Pablo Domenichini en Olimpiadas, además de ayudantes que acompañan el dictado. «Son alumnos de la carrera que nos están dando una mano y que también han pasado por el taller y otros que quizás no van a estar en el día a día pero forman parte del equipo», destacó.
Más allá del interés académico, Arroyo remarcó la diversidad de motivaciones que acercan a los jóvenes. «Hay muchos a los que les gusta la física, los fenómenos o la resolución de problemas, pero también hay chicos que llegan porque los padres vieron los resultados del taller o porque vienen sus amigos», señaló.
En ese sentido, subrayó un aspecto que considera central: «Por ahí la física no es el objetivo principal, pero encuentran un grupo en el que están cómodos. Esa es la palabra clave: se sienten cómodos».
Según explicó, ese clima es el que sostiene la permanencia y el interés a lo largo del cursado. También hay quienes se orientan a la competencia: «Muchos vienen por las olimpiadas y porque saben que participar y obtener ‘papelitos’, como decía el profe Córdoba, siempre abulta el currículum», agregó.
Legado educativo y social
La Asociación Civil Ciencia al Alcance de Todos (ACDC) nació en 2020, tras la muerte del profesor Daniel Córdoba, a partir de un grupo de exalumnos del Taller Física al Alcance de Todos de la UNSa. La entidad busca sostener su legado educativo y social, promoviendo el acceso al conocimiento científico, las vocaciones en jóvenes y el pensamiento crítico basado en evidencia. Articula a exalumnos, docentes e instituciones para sostener y proyectar el taller que lleva más de 30 años.
El informe final de la Auditoría General de la Provincia sobre el Fondo de Reparación Histórica (FRH) comenzó a transitar su etapa más sensible: el análisis político e institucional en la Legislatura salteña, donde su contenido podría derivar tanto en un pronunciamiento parlamentario como en eventuales acciones judiciales.
El expediente, concluido el pasado 17 de marzo, contiene observaciones contundentes sobre el destino de los fondos obtenidos mediante la emisión de deuda internacional en 2012, destinados a obras de infraestructura en los departamentos Orán, San Martín y Rivadavia.
El informe ya fue girado al ámbito legislativo, aunque hasta ayer varios legisladores aseguraban no haber recibido notificación formal, por lo que se esperaba su abordaje efectivo desde la jornada de hoy.
El tratamiento del informe requerirá la conformación de una comisión bicameral, integrada por senadores y diputados, que tendrá la responsabilidad de analizar el dictamen y emitir una posición institucional. En el Senado ya existe una comisión específica de seguimiento del FRH, integrada por Gonzalo Caro Dávalos (Cerrillos), Juan Cruz Curá (Orán) y Diego Cari (Guachipas), mientras que la Cámara de Diputados deberá designar a cinco representantes para completar el cuerpo.
Ese espacio será determinante: deberá evaluar el contenido del informe y definir si corresponde avanzar hacia una investigación más profunda. En ese marco, se abren al menos dos caminos posibles. Por un lado, un pronunciamiento legislativo que establezca responsabilidades políticas o administrativas; por otro, la eventual remisión del caso al Ministerio Público Fiscal para que se investiguen posibles irregularidades en el manejo de los fondos.
Tampoco queda descartada la intervención de la Fiscalía de Estado, con lo cual el tema podría tener múltiples abordajes.
El documento de la Auditoría expone un escenario crítico. De las 176 obras previstas originalmente, solo 84 fueron finalizadas, mientras que el 52% restante quedó inconcluso. Además, el informe señala que el 63% de los fondos no pudo ser verificado y que el 67% del total unos 185 millones de dólares presentó problemas en su ejecución.
El análisis también revela un fuerte desbalance financiero: apenas el 24% de los recursos se destinó a obras terminadas, mientras que el 76% restante fue a proyectos paralizados, rescindidos o sin cierre formal.
A esto se suman observaciones sobre pagos de anticipos financieros con demoras de años en el inicio de las obras, sobrevaluaciones en registros contables y deficiencias en los controles técnicos y administrativos.
Entre los casos más relevantes, se menciona la planta depuradora de líquidos cloacales de Orán, donde se pagó un anticipo superior al millón de dólares antes de contar con el terreno expropiado, lo que demoró el inicio efectivo de la obra por varios años.
Situaciones similares se detectaron en redes cloacales en Orán, Rivadavia y La Unión, donde los anticipos se abonaron con lapsos de hasta cuatro años antes de la primera certificación.
También se destacó el caso de un gasoducto adjudicado a la empresa Mega, con más de 500 días de diferencia entre el pago inicial y el comienzo de los trabajos.
El informe no estuvo exento de controversias dentro del propio organismo de control. El presidente de la Auditoría, Gustavo Ferraris, planteó una disidencia crítica respecto del trabajo realizado, al considerar que el análisis fue insuficiente en aspectos clave como el control técnico de las obras, la trazabilidad de los procesos administrativos y la evaluación de responsabilidades.
Desde la postura del área auditora, a cargo de Marcos Segura Alzogaray, se defendió el enfoque aplicado al sostener que se trató de una auditoría de carácter financiero y no de gestión.
Con el ingreso del informe a la Legislatura, el caso del Fondo de Reparación Histórica entra en una fase decisiva. El dictamen no solo expone un presunto desmanejo de recursos millonarios, sino que también pone a prueba la capacidad del sistema político para procesar sus conclusiones.
En las próximas semanas, el debate en la comisión bicameral marcará el rumbo: desde una resolución política hasta la posible apertura de una investigación judicial que busque determinar responsabilidades en uno de los programas de infraestructura más ambiciosos y ahora cuestionados de la provincia.
El acceso a métodos anticonceptivos de larga duración tendrá un nuevo punto en la ciudad. El Ministerio de Salud Pública confirmó que el próximo lunes 30 de marzo se realizará una jornada gratuita de colocación de implantes subdérmicos en la Usina Cultural, destinada a mujeres de entre 14 y 30 años.
La actividad se desarrollará de 9 a 13 en el espacio ubicado en calle España esquina Juramento y requerirá inscripción previa a través del correo electrónico implantessubdermicossalta@gmail.com
El operativo estará a cargo del equipo de la Supervisión de Salud Sexual y Procreación Responsable, dependiente de la Subsecretaría de Medicina Social.
El objetivo de la iniciativa es promover el acceso a métodos anticonceptivos seguros y eficaces, además de fortalecer la prevención de embarazos no intencionales.
El implante subdérmico es un método anticonceptivo de larga duración que consiste en una pequeña varilla flexible que se coloca debajo de la piel del brazo. Este dispositivo libera de manera continua una hormona que inhibe la ovulación y brinda protección durante un período de entre tres y cinco años, según el tipo.
Una conmemoración que nunca debió ser. Ni por su condición de feriado, porque el 24 de marzo no contempla el sentido de lo que debe ser un feriado nacional, y porque jamás debió ocurrir lo que pasó entonces.
Es una fecha que debe interpelarnos como sociedad porque quizás se pudo evitar, pero faltaron en el país dos condiciones liminares: Justicia y Política.
Decimos Justicia, porque el 24 de marzo fue producto del impulso de un grupo de facciosos que violaron todos sus juramentos y traicionaron a la Constitución Nacional y a un gobierno democráticamente elegido. Fue el resultado de un proceso que hunde sus raíces en los días de la caída de Perón en 1955.
Los asesinatos, las persecuciones, las detenciones arbitrarias, los exilios obligados, la censura y el infame robo del cadáver de Eva Perón constituyeron delitos que jamás fueron juzgados y causaron lesiones en el cuerpo social y político del país, que no cicatrizaron en cincuenta años.
Hay que sumarle las condiciones internacionales que produjeron una efervescencia en la juventud: el Mayo Francés inspiró un ideario libertario. La Revolución Cubana le dio un motivo y las sucesivas dictaduras argentinas más el mito del retorno de Perón, fueron formando un caldo de cultivo que explotó con toda violencia a partir de 1970.
El tan ansiado retorno de Perón, en junio de 1973, fue saludado con violencia en Ezeiza. Y meses después el asesinato del hijo político del líder, José Ignacio Rucci, la celebración de Montoneros tras la apabullante victoria electoral del fundador del peronismo.
Nueve meses más tarde, el 1 de mayo de 1974, cuando el pueblo peronista se aprestaba a vivir una jornada épica, con su líder hablado otra vez desde el balcón de la Casa Rosada, todo termino en escándalo. Perón, a la voz de «imberbes, estúpidos», echó de la Plaza de Mayo a Montoneros, ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo» y otras organizaciones que ese día pasaron a la clandestinidad y desataron una violencia desatada en el país.
Quien escribe estas líneas -como muchos otros- recuerda los disparos, las explosiones, las sirenas, en las noches. Aquí en Salta, una noche despertamos cubiertos vidrios cuando le volaron la casa al Dr. Fernando Chamorro, en la calle Alvarado, detrás del Convento San Bernardo. Y así podríamos contar tanto más.
El gobierno de Isabel Perón se tornaba cada vez más insostenible. Y el pueblo en la calle pedía el Golpe de Estado. Dos días antes, varios cientos de argentinos se agolpaban frente a la Casa Rosada pidiendo la caída de la viuda de Perón. Y cuando finalmente llegó el 24 de marzo de 1976, los argentinos aplaudían el paso de los tanques por las calles.
Luego sobrevino lo indecible. Lo inadmisible. Un régimen de exterminio indiscriminado donde hasta pensar era delito. El ejercicio de la violencia se convirtió en política de Estado y todo sentido de humanidad desapareció en la sociedad argentina.
Si hemos de recordar aquello infaustos días, es necesario contar la historia completa. Porque el Juicio a las Juntas fue histórico y necesario, pero fue sesgado, incompleto.
Porque todavía hoy faltan sentarse frente a los jueces los que iniciaron la violencia en el país.