La causa por la muerte de Ángel López, el nene de 4 años que falleció en Comodoro Rivadavia, sumó una definición central con la difusión de los resultados finales de la autopsia: la junta médica determinó que el niño murió por una “bronconeumonía concomitante con traumatismo craneoencefálico”, una conclusión que, para la fiscalía, no contradice la hipótesis inicial de violencia, sino que la amplía.
Según expusieron los investigadores en audiencia, el desenlace fue producto de un “mecanismo combinado” entre los golpes que ya habían sido detectados y la desatención de un cuadro respiratorio que había avanzado sin asistencia médica.
El dato más fuerte del informe es justamente ese cruce entre dos planos: por un lado, el daño físico; por el otro, el abandono sanitario. El jefe de fiscales de Comodoro Rivadavia, Cristian Olazábal, explicó que la fiscalía hizo una ampliación del objeto procesal, pero aclaró que eso no modifica la calificación jurídica de la causa.
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En otras palabras, la nueva pericia no alivió la situación de los acusados, sino que reforzó la idea de que Ángel habría atravesado tanto una secuencia de agresiones como una enfermedad visible que no fue tratada.
De acuerdo con lo que se ventiló en la audiencia, la bronconeumonía que detectaron los peritos no apareció de forma súbita. Olazábal sostuvo que la enfermedad se venía cursando desde el 7 de marzo y que sus síntomas habrían sido ignorados por quienes tenían a cargo el cuidado del chico.
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Para la fiscalía, ese punto es decisivo porque instala el componente de desatención sostenida: no se trata solamente de establecer si hubo golpes, sino también de reconstruir por qué un cuadro respiratorio grave no recibió atención a tiempo.
En la misma línea, el fiscal Facundo Oribones cuestionó la versión inicial que habían dado los cuidadores. Según recordó, los acusados sostuvieron que Ángel había estado jugando y hasta nadando en una pileta hasta la medianoche, y que luego, al despertarse, advirtieron que no respiraba.
Sin embargo, el representante del Ministerio Público fue contundente al marcar que la autopsia contradice la idea de una muerte súbita. “No existe muerte súbita cuando hablamos de una muerte por una bronconeumonía; esto es una muerte agónica”, afirmó, dejando en claro que, según la acusación, el cuadro tuvo una evolución perceptible y no un colapso inesperado.
Otro de los puntos sensibles que dejó el informe forense tiene que ver con el estado general de Ángel al momento de morir. En audiencia se mencionó que el chico presentaba posibles síntomas de rechazo de alimentos y mala alimentación, y Oribones remarcó un dato que impactó por sí solo: pesaba 19 kilos.
Aunque ese número necesita ser leído en el contexto clínico completo, la fiscalía lo incorporó como parte del cuadro de vulnerabilidad en el que, según la acusación, estaba el niño antes de su muerte.
La autopsia final también vino a ordenar —al menos parcialmente— el debate que se había abierto semanas atrás, cuando distintos estudios complementarios empezaron a señalar el peso del foco pulmonar en el desenlace.
Algunos reportes habían planteado un supuesto “giro” hacia una neumonía severa como causa principal de muerte, lo que generó interpretaciones sobre un eventual cambio de rumbo en la investigación.
Sin embargo, la conclusión presentada ahora por la junta médica fue más compleja: no borró los traumatismos, sino que estableció una concomitancia entre el proceso infeccioso y el traumatismo craneoencefálico. Es decir, para los peritos, la muerte no puede explicarse por un solo factor aislado.
Ese punto es clave porque conecta la autopsia final con las pericias preliminares conocidas al inicio del expediente. En abril, los informes forenses y el parte médico hospitalario habían encendido la alarma por la presencia de múltiples lesiones craneales, con menciones a más de 20 golpes en la cabeza y a traumatismos de distinta data.
La nueva evaluación no descartó esos hallazgos: por el contrario, según remarcaron los fiscales, los golpes “existen”, pero a ellos se suma el componente respiratorio. Por eso, el esquema acusatorio contra la madre y el padrastro se mantuvo.
En ese marco, continúan detenidos e imputados Mariela Beatriz Altamirano y Michel Kevin González, madre y padrastro del menor, respectivamente. La fiscalía ratificó que las conclusiones de la junta médica no alteran la gravedad de la imputación y que la investigación sigue enfocada en reconstruir tanto la violencia física como el contexto de abandono que, según la acusación, rodeó los últimos días de Ángel.
La postura oficial, al menos por ahora, es que la causa no perdió solidez: cambió el nivel de precisión médica, pero no el núcleo del señalamiento penal.
Con este informe, la muerte de Ángel López deja una imagen todavía más dura: la de un niño que, según la fiscalía, no solo habría sufrido agresiones, sino también el avance de una enfermedad seria sin la atención que necesitaba.
La autopsia final, lejos de cerrar el caso, consolidó una lectura más amplia del horror: golpes, bronconeumonía no tratada y una agonía que, para los investigadores, era imposible de no advertir. Ahora, con esa base pericial, el desafío judicial será transformar esa reconstrucción médica en prueba penal concluyente contra los acusados.
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