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Crisis en el sector nuclear argentino a pesar de nuevos anuncios de inversión

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Recientemente, Meitner Energy, empresa vinculada al grupo del empresario iraní Hamid Ansari, hizo público un proyecto de inversión de USD 1.200 millones para la construcción de un reactor nuclear modular ACR-300 en Atucha, que utiliza tecnología desarrollada por INVAP. Este plan fue presentado como un posible “Súper RIGI”, buscando integrarse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), cuya aprobación aún está pendiente en el Senado.

A pesar de este anuncio, el sector atómico argentino se enfrenta a una crisis sin precedentes. Esta industria, que ha posicionado al país como líder en América Latina, en compañía de México y Brasil, actualmente sufre un notable desmantelamiento. La comunidad científica ha expresado su preocupación por la creciente privatización de proyectos estatales en investigación nuclear, orientados cada vez más hacia la exportación, lo que incluye la explotación de uranio.

Se alerta sobre el posible interés de empresas extranjeras en estos nuevos emprendimientos, advirtiendo que podrían estar invirtiendo en lo que se podría considerar una “burbuja financiera”. Este temor se arraiga en el hecho de que los reactores modulares, anunciados recientemente por Javier Milei junto a su ex asesor y ex presidente de Nucleoeléctrica, Demian Reidel, quien enfrenta acusaciones de irregularidades, siguen siendo meras propuestas sin realización. Hasta el momento, solo el anuncio de Meitner sobre el ACR-300 se ha formalizado, mientras que las ambiciosas iniciativas de Reidel, que incluían proyectos innovadores en la Patagonia, tal como las “ciudades nucleares” para abastecer a la inteligencia artificial, no han avanzado.

Un grupo de trabajadores y científicos, que solicitó resguardar su identidad, comentó que la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) está experimentando una severa crisis presupuestaria, con recortes del 58% en comparación con el año anterior en términos reales. Este recorte ha derivado en un descenso del 42,5% en la masa salarial, reestructuraciones y despidos, afectando a personal de larga trayectoria en el sector, incluido el delegado gremial Mariano Saleh. Las recientes acciones de represión en las instalaciones de la CNEA nunca antes vistas en un área considerada estratégica, resaltan la delicada situación.

El actual gobierno ha detenido el avance del reactor CAREM, de desarrollo nacional, y ha anunciado la privatización de las operaciones del reactor RA-10, desestimando la exitosa trayectoria de la CNEA en la producción de radioisótopos. También se ha decidido que el final del Centro Argentino de Protonterapia contra el cáncer quedará bajo control privado, a pesar de que actualmente la obra civil ya está completa.

Según informes de la revista AgendAR, el desarrollo del CAREM fue interrumpido cuando ya tenía un avance significativo de más del 60%, comenzando en 2024 un ciclo de recortes y despidos. Andrés Kreiner, reconocido doctor en Física y responsable de desarrollos de aceleradores en la CNEA, enfatizó que la situación es crítica, con un éxodo de talento altamente calificado, y que la crisis impacta de lleno en el sistema científico y académico del país.

Por su parte, la Secretaría de Asuntos Nucleares, dirigida por Federico Ramos Nápoli, indicó que los futuros proyectos serán privados y solamente se financiarán aquellos que tengan un enfoque exportador. Esta tendencia deja de lado la experiencia histórica en otros países, donde las potencias nucleares realizan inversiones de riesgo en el área. Argentina ha sido pionera en este campo, influenciada por diversas potencias, incluyendo a Estados Unidos y China.

Uno de los reclamos citados por Kreiner es la privatización de Nucleoeléctrica Argentina, que surge de la CNEA en la década de los 90 y es responsable de las operaciones de los reactores nucleares. Actualmente, esta entidad produce alrededor de 600 millones de dólares anuales por la venta de energía, y la venta de acciones a un privado podría resultar en un incremento de tarifas para los consumidores.

Además, se menciona que los sueldos para los científicos más reconocidos apenas alcanzan los 2,5 millones de pesos, mientras que el gobierno ha colocado a personas sin experiencia ni titulaciones comprobables en cargos importantes, con salarios exorbitantes. Un caso emblemático es el de Ezequiel Acuña, un joven activista de 23 años designado como subgerente de Responsabilidad Social Empresaria en Nucleoeléctrica, cuyo salario podría alcanzar los 13 millones de pesos. Por otro lado, la designación de Santiago Vieyra como coordinador del área de Aplicaciones Nucleares a la Salud ha generado controversia, dado que carece de antecedentes en el ámbito nuclear y había estado involucrado previamente en la política en un medio de comunicación regional.